PLAZA PUBLICA

Judicatura

 Miguel Angel Granados Chapa  

Tan propio como suele ser, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Juan Luis González Alcántara, no evidenciaba el jueves por la mañana ninguna de las tribulaciones que lo asediaban. Participante en una de las mesas redondas con que el Consejo de la Judicatura Federal festejó su octavo aniversario, habló con formalidad de las funciones de ese órgano y cotejó su integración y funcionamiento con el que él mismo preside, el Consejo local, y los de otras entidades.

Pero, por un lado, vivía el duelo por la pérdida de su padre, Juan José González A. Alpuche, un abogado muy próximo al ex presidente Miguel Alemán, con quien colaboró en el Consejo Nacional de Turismo, y que fuera presidente de la Asociación Nacional de Abogados y secretario del Instituto Mexicano de Cultura, dos entidades que denotaron por años la influencia alemanista. El deceso había ocurrido el 26 de mayo. Al día siguiente estalló en Estados Unidos el escándalo, el nuevo escándalo de Transportación Marítima Mexicana, TMM, que involucra a un juez civil mexicano, integrante de la judicatura a cuyo frente se encuentra González Alcántara. El propio jueves, después de su conferencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, el magistrado anunció las medidas destinadas a investigar, y a suspender en sus funciones, al juzgador inmiscuido en la maniobra de un consorcio antaño poderoso, para burlar a sus acreedores.

Hace no mucho, TMM incurrió en una acción de contabilidad creativa, el eufemismo con que empresas como Enron denominan a maquinaciones para engatusar a los accionistas o los acreedores. La administración de la empresa de transporte marítimo, que llegó a ser orgullo del sector privado mexicano, incorporó a sus activos una cifra millonaria, resultante de la devolución de IVA que habría ganado en litigio a las autoridades fiscales. Pero lo hizo cuando el caso apenas cubría la primera instancia y en consecuencia podía ser engañoso el efecto que se buscaba crear en el mercado de valores para mejorar su cotización. Ahora TMM enfrenta un problema de mayor magnitud. Al mediar mayo estaban por vencerse términos de su deuda, y la empresa carecía de liquidez para encarar esos pagos. Requería un aplazamiento y el 12 de mayo lo consiguió por vía judicial. Pero sus acreedores pronto descubrieron que se fundaba en actos ilegales. TMM contaba con la orden de un juez que prorrogó el plazo para cubrir sus adeudos, pero quien la emitió no estaba facultado para hacerlo, ya que pertenece a la judicatura local del Distrito Federal y el caso, de permitirlo la situación de la empresa, hubiera debido tramitarse ante tribunales federales. Se sospechó que el juzgador había sido sobornado, y el miércoles pasado tuvo que suspenderse por unas horas la cotización de TMM en la Bolsa de Valores de México. El juez Hugo Muñiz Arreola proclamó de inmediato su inocencia. Pero varios indicadores lo señalan adversamente. Su intervención personal fue buscada; es decir no se presentó la demanda ante la oficialía de partes, de donde se distribuye por turnos, al azar, a cualquier juez. Y en cuanto la recibió, en sólo unas horas, a despecho de que se trataba de una jurisdicción distinta de la suya, el juzgador lo despachó con celeridad excepcional.

González Alcántara hablaba pues, el jueves, con toda tranquilidad de las formalidades de la administración de justicia mientras estaban en curso medidas para atajar este caso, de presunta corrupción en gran escala. A su lado, en la propia mesa redonda, el doctor Manuel Barquín abriría, en otro orden de cosas, una discusión que puede ser muy fértil pero que, por lo pronto, generó disgusto entre algunos de sus oyentes. Expresándose con toda libertad, quizá porque ya no se siente sujeto a las obligaciones formales de su cargo, pronto como está a concluir el plazo para el que fue elegido, Barquín hizo un elogio de la justicia ciudadana y de los jueces elegidos. En general, mostró su aprecio por la cultura judicial norteamericana, enteramente opuesta a la que rige en México, donde se ha buscado que la administración de justicia sea ejercida por profesionales que discurren por largos años a través de la carrera judicial desde cargos de escribiente hasta la magistratura propiamente dicho.

En Estados Unidos en cambio, dijo Barquín, los jueces suelen ser abogados retirados que dedican los últimos años de su vida a la impartición de justicia, pues no se requiere una sabiduría especial para hacerlo. Lo prueba así también, dijo, la justicia a cargo de jurados, a los que anima la sensatez que posee toda persona, para adquirir la cual no es preciso pasar años de puesto en puesto en el escalafón judicial. No cito textualmente sus palabras, pero ese es sin duda el sentido de sus expresiones. Tan fue así, que el director del Instituto de la Defensoría Pública (una dependencia del Consejo de la Judicatura), el magistrado César Esquinca Muñoz, se sintió obligado a expresar su desacuerdo con Barquín. No era ese el lugar para desplegar argumentos en contra, puntualizó con prudencia, pero no quiso callar. Y aun sugirió que el tema podría o debería discutirse de modo expreso en otro foro. Desde su experiencia de 40 años en la judicatura federal seguramente resintió el contraste establecido por el consejero Barquín entre el sistema norteamericano y el que priva en México. Barquín es un reputado profesor universitario que difícilmente habla a la ligera, por lo que habrá que discutir su convicción.