Alerta el Centro Prodh de posible impunidad en el caso Tlatlaya

Agencia Proceso

Ciudad de México

La matanza de Tlatlaya corre el riesgo de quedar en la impunidad ante las deficiencias de actuación de la PGR y el Poder Judicial de la Federación (PJF), alertó el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), representante de Clara Gómez González, madre de una de las víctimas y sobreviviente de los hechos cometidos por personal militar.
Luego de conocerse la resolución del Juzgado Decimocuarto de Distrito, en apego a la del Sexto Tribunal Unitario, ambos en el Estado de México, que ordenó la libertad de cuatro de siete elementos castrenses para el delito de homicidio, mas no de encubrimiento y alteración del lugar de los hechos, el Centro Prodh reprochó que su representada siga sin ser considerada víctima, por lo que tuvo que enterarse de la decisión a través de los medios de comunicación, y que hasta ahora la PGR se haya negado a iniciar una investigación de la cadena de mando militar.
En tanto, en breve entrevista, el ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez confió en que la PGR impugne la decisión judicial por la que “se absuelve” a cuatro inculpados, aunque acotó que la función de la CNDH es investigar violaciones a derechos humanos y no delitos.
Al término de la presentación del boleto del Metro que conmemora el 25 aniversario de la CNDH, González Pérez recordó que la PGR, Sedena y Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) aceparon la recomendación 51/2014 sobre Tlatlaya, por lo que al organismo público le corresponde “darle seguimiento al cumplimiento”.
Tras señalar que el resolutivo de un juez, “donde absuelve a cuatro personas (…) se puede apelar” por la PGR, el ombudsman puntualizó que la CNDH acreditó las violaciones a derechos humanos, “y no necesariamente se tiene que empatar con la determinación judicial. Nosotros no investigamos delitos, investigamos violaciones a derechos humanos”.
Por su parte, en un comunicado el Centro Prodh puntualizó que en el procesamiento de tres elementos de Sedena por ejecución arbitraria, cuyas actuaciones del 30 de mayo de 2014 “son consistentes con los dichos de las sobrevivientes y se sostienen hasta el momento; ello no implica que el resto de los involucrados sean ajenos a la comisión de conductas ilícitas, dado que incurrieron en encubrimiento y en alteración de los hechos. En otra palabras, el Ejército ha sido exonerado”.
La ONG puso en duda la actuación de la PGR en este caso, “que al ser quien acusa debe presentar cargos penales sostenibles jurídicamente, garantizando los derechos de las víctimas y realizando una investigación exhaustiva y diligente”.
A los abogados de Clara Gómez González, quien fue identificada como testigo como Julia, les llamó la atención la actuación del PJF, que debería ser “garante del debido proceso para toda persona sujeta a procesos penales, incluidas las víctimas”.
De persistir la PGR y el PJF en su patrón de actuación, alertó, “podría consolidarse la impunidad en uno de los más graves casos de ejecuciones arbitrarias y encubrimiento de la historia reciente”.
Al abundar en la actuación de la dependencia encabezada por Arely Gómez, el Centro Prodh denunció que “se negó a investigar la cadena de mando sin mayor fundamentación que su sola negativa, decisión que actualmente se encuentra impugnada y pendiente de resolverse”.
La organización solicitó a la PGR que se abordara esa línea de investigación luego de que el 2 de julio pasado difundió “la existencia de una orden militar inconstitucional propiciatoria de graves violaciones a derechos humanos, que ordenaba a los castrenses abatir a civiles en horas de oscuridad”.
También recordó que la CNDH resolvió en su recomendación 51/2014 “que, entre 12 a 15 personas fueron arbitrariamente privadas de la vida, en un contexto distinto al de un enfrentamiento; confirmando, además, la violación a otros derechos como a la verdad, al acceso a la justicia y a la integridad personal respecto de las sobrevivientes”.
Para la organización, “la justicia y la verdad frente al caso Tlatlaya continúan pendientes, sin que la reciente resolución que se ha dado a conocer en los medios ponga fin al juzgamiento de estas graves violaciones a derechos humanos”.
Sin embargo, esa misma resolución “alerta sobre la posibilidad de que el caso quede impune, en la medida en que se persista en la negativa a reconocer a las víctimas y sus derechos”, lo cual vendría a confirmar una de las conclusiones de la CIDH, en el sentido de que la impunidad es estructural en un marco de “la grave crisis de violaciones que vive el país”.