Polariza al país la negativa de la Sedena a colaborar con el grupo de expertos de la CIDH, advierte Vidulfo

*Los militares concentraron información durante unas dos horas, desplegaron agentes a observar lo que ocurría en Iguala durante los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa y luego enviaron patrullas para recorrer la ciudad, dice el abogado de los padres de los desaparecidos

Lourdes Chávez y Karina Contreras

Chilpancingo y Acapulco

El rechazo del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado para brindar asistencia técnica internacional en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, va a generar mayor polarización en el país, advirtió el abogado de las víctimas, Vidulfo Rosales Sierra.
Distinto a lo que dice el general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aseguró que los soldados del 27 Batallón de Infantería tienen mucho qué aportar en el esclarecimiento de los crímenes del 26 y 27 de septiembre en Iguala, por cuatro situaciones que los implican en los hechos.
Una es el vacío de información en el sistema de vigilancia y monitoreo que utilizan los cuerpos policiacos y militares en Iguala, entre las 11 de la noche y 1 de la madrugada del día de los ataques, y que de acuerdo con las declaraciones que constan en los expedientes de la Procuraduría General de la República (PGR), la información que se generó en ese tiempo la concentró el Ejército.
El abogado afirmó que precisamente en ese lapso se definió el destino de los alumnos desaparecidos, detenidos entre las 9 y 10 de la noche por policías municipales de Iguala y Cocula.
Por lo tanto, reiteró que no es una ocurrencia del GIEI o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insistir en la petición al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a la procuradora Arely Gómez, el diálogo con los integrantes del 27 Batallón de Infantería que estuvieron activos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Pero la respuesta del general, “no puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito”, que se presentó ampliamente en los noticieros estelares de Televisa, “denota una conducta omisiva, de la cual tiene que responder y aportar los vacíos de información que tiene el Ejército”.
Recordó que todas las instituciones del país tienen un compromiso con la verdad y la justicia, sobre todo en un hecho tan grave como el de los ataques a los normalistas, si no fuera así, “¿cuál es el compromiso del Ejército con las víctimas, su contribución al esclarecimiento pleno de los hechos?”.
Aseguró que no cuestionan el honor ni la integridad de la institución armada, ni pretenden someter la soberanía nacional ni debilitar las instituciones, pero “como asesores, padres y estudiantes, se pide verdad y esclarecimiento pleno de los hechos, si una institución ha caído en irregularidades se debe someter a los órganos de control del país para fortalecer las instituciones”.

El Ejército en los ataques

Para justificar que la omisión del Ejército en evitar los ataques y la desaparición forzada de los 43 normalistas, Cienfuegos Zavala declaró a Televisa que el comandante del 27 Batallón habló con el director de la Policía Municipal, ahora prófugo, y éste dijo que la situación estaba controlada, que no hubo balazos.
Rosales Sierra aclaró que los militares recibieron información directa y en tiempo real del Centro de Comunicación, Control y Comando (C-4), desde que los estudiantes iban camino a Iguala, antes y durante los ataques, “no habría necesidad de preguntar al director de Seguridad, perfectamente lo sabían, (tan es así que) desplegaron agentes en todos los escenarios”.
Aseguró que es irrefutable, el Ejército supo cómo se desarrollaron todos los acontecimientos y envió personal del Órgano de Búsqueda de Información (OBI) a observar, cuyas declaraciones se incluyeron en las investigaciones de la PGR.
Uno de estos testimonios fue básico para reconstruir lo que ocurrió frente al Palacio de Justicia, donde fueron interceptados, sometidos y detenidos parte de los 43 desaparecidos, y llevados en patrullas del municipio de Cocula, rumbo a Huitzuco.
“Este OBI que está ahí dos horas, manda información, fotos y textos a sus superiores por teléfono, de lo que está ahí ocurriendo, pide instrucciones y le dicen que se quede ahí a una distancia prudente, donde no ponga en riesgo su integridad”, pues mostró la forma violenta en que los estudiantes fueron tratados, incluso, dijo que los policías subieron a algunos a rastras a las camionetas.
Agregó que tras el reporte del agente, transcurrió una hora sin una acción preventiva por los militares. Una hora y media después de que se habían retirado los delincuentes con los estudiantes detenidos, llegó una patrulla militar.
Rosales Sierra insistió en que los militares pudieron alertar o conminar a otros grupos de seguridad a hacer su trabajo, si a ellos constitucionalmente no les correspondía.
Asimismo dijo que está plenamente corroborado que otro OBI estuvo en la caseta de una carretera de cuota en Iguala, donde policías federales regresaron a los camiones para evitar que fueran retenidos por los normalistas del Ayotzinapa, quienes los esperaban del otro lado de la ventanilla de cobro.
Los normalistas refirieron que ahí vieron a una persona en una motocicleta roja, así como en el ataque en el periférico y la avenida Juan Álvarez. Estos agentes declararon en la PGR que su función en el Ejército es ir a las movilizaciones sociales, a monitorear lo que está ocurriendo.
Otro elemento es que los soldados recorrieron en patrullas los sitios de los ataques, y las calles aledañas. Como ya se mencionó, estuvieron en el Palacio de Justicia, así como en el Periferico, donde los estudiantes fueron atacados a balazos primero por policías y luego por hombres encapuchados de negro.
Por lo tanto, consideró que la negativa de la Sedena a colaborar despierta suspicacia porque son parte del sistema C-4 y manejaron un canal donde sólo ellos concentraron la información durante unas dos horas. Desplegaron agentes a observar lo que ocurría en la calle durante los ataques y luego enviaron patrullas para recorrer la ciudad.
Sin embargo insistió en que la colaboración del Ejército no es un asunto de voluntad, es una obligación porque México firmó la Convención Americana de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del cual la CIDH es un organismo subsidiario.
La convención obliga al país a cumplir las disposiciones ahí establecidas, para proteger a todos los ciudadanos de la desaparición forzada, o a investigarlas cuando ocurren, “más ahora que hay un organismo de la CIDH para contribuir al esclarecimiento de los hechos”.
Si no van a cumplirlo, consideró que México debe retirar su firma de la Convención y renunciar a la competencia de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).

Hay una campaña contra el movimiento por los 43 desde el Estado

En otro tema, Vidulfo Rosales denunció que el secretario de la Sedena, como el de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, pretenden debilitar al  movimiento por los 43 y dividir a los padres de los desaparecidos, reavivando asuntos que ya fueron aclarados por los padres.
Por ejemplo, mencionó que Cienfuegos Zepeda dijo en cadena nacional que un normalista es un soldado activo que pidió permiso para estudiar en la Normal Rural y es uno de los 43 desaparecidos, con la intención de generar dudas en los padres, pero en otro momento los padres respondieron que el estudiante Julio César López Patolzin desertó de la milicia.
Recordó que lo mismo hizo Campa al revelar que uno de los padres, en la reunión con el presidente Peña, pidió que se investigue a la Normal Rural, “pareciera que los funcionarios están más preocupados por investigar a los normalistas, que saber el paradero de los desaparecidos”.
El abogado consideró lógico que haya diferentes formas de observar en un grupo amplio el mismo problema, “claro que hay padres que consideran que normalistas incurrieron en falta de cálculo, pasa con toda víctima, se genera una duda genuina, lo grave es que la autoridad alimente ese dato mal intencionado y doloso, o quiera levantar una línea de investigación cuando ellos saben que no tiene sustento”.
Lamentó que el Ejercito se cierre a la investigación porque lo único que va a generar es más polarización del movimiento de los 43 en el país, lejos de abrirse al escrutinio, por el esclarecimiento pleno de los hechos.

Ranferi Hernández critica las declaraciones de Campa Cifrián

En Acapulco el dirigente de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo también criticó las declaraciones de Campa Cifrián, quien dijo que es un “exceso” de la CIDH decir que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es la realidad de todo el país.
Después de una conferencia de prensa de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OSCC), el ex preso político denunció que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene como política de Estado “golpear a todos los sectores”.
Dijo que “con todos los esquiroles que tiene a su servicio como Roberto Campa, que viene diciendo que el informe del grupo independiente no corresponde a la realidad de México, que cinco o seis días no se puede tener el panorama y nosotros decimos que si le rascamos, basta con Guerrero para demostrar estos lamentables sucesos”.
Calificó de “descaro” las declaraciones de funcionarios del gobierno federal que niegan que sea  política de Estado, y señaló que las organizaciones ven “una luz de esperanza con el grupo independiente”.
Como ejemplo dijo que con el asesinato de Rocío Mesino “queda más que demostrado que toda esa ola de asesinatos que se viven en Guerrero son para frenar el movimiento, es para mantenerlo a raya como comúnmente se dice, es una guerra sucia de baja intensidad y que día con día se acrecienta”.