Comparecerá Ángel Aguirre el 16 en la comisión de diputados federales sobre Ayotzinapa

*Nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas” y no permitirá que el Grupo de Expertos interrogue a militares del 27 Batallón de Iguala, dijo el secretario de la Defensa a Televisa

*Polariza al país la negativa del general Cienfuegos a colaborar con la CIDH, advierte el abogado Vidulfo Rosales

*Lo que pasa en Iguala es reflejo de todo el país, responden familiares de los otros desaparecidos al subsecretario Campa

El 16 de octubre se reunirá la Comisión de Ayotzinapa con Ángel Aguirre Rivero

*No habrá registro de fotos, grabaciones o versiones estenográficas de los encuentros de trabajo de la Comisión de Diputados

José David Estrada / Agencia Reforma

Ciudad de México

Los diputados de la Comisión Especial para Ayotzinapa no cuentan con fotografías, grabaciones o versiones estenográficas de las dos reuniones que sostuvieron en días recientes con la procuradora General de la República, Arely Gómez y con el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.
Para poder celebrar ambas reuniones, que tuvieron lugar en las oficinas de los funcionarios del Poder Ejecutivo, los diputados tuvieron que entregar sus teléfonos celulares y entrar sin asistentes.
“Muchas veces quedarnos con la percepción de lo que se dijo en la reunión y anotarlo es suficientemente válido para llegar a la mesa de trabajo con los demás diputados”, dijo la diputada María Cristina Murguía, panista y presidenta de la Comisión.
“Quizás tendríamos que entrar al punto de cómo lo percibiste tú y por mayoría acordar finalmente qué queda asentado en el informe”, añadió.
Los integrantes de la Comisión debatieron en la sesión ordinaria de este martes sobre si ese órgano legislativo tiene o no facultades para citar a comparecer a funcionarios o si únicamente puede invitarlos a reuniones de trabajo.
Cristina Gaytán, del PRD, y Araceli Damián, de Morena, insistieron en que la Comisión citará a comparecer a los funcionarios.
Víctor Sánchez, de Movimiento Ciudadano, señaló que no importaba el formato de las reuniones, siempre y cuando la Comisión no renunciara a sus facultades constitucionales de sancionar a quienes rehusaran presentarse ante los legisladores.
El presidente de la comisión, el priista Víctor Manuel Silva y la diputada María Eugenia Ocampo, de Nueva Alianza, dijeron que no importaba que se tuviera qué acudir a donde les indicaran los funcionarios involucrados, ya que lo que importa es conocer la verdad.
Finalmente se determinó consultar a la Junta de Coordinación Política si tal cita está en las atribuciones de la Comisión especial.
La diputada Murguía dijo que en una comparecencia la reunión debe ser en las instalaciones de la Cámara de Diputados y ser transmitida por el canal del Congreso.
Hasta ahora, la procuradora y el titular de la Sedena han condicionado la realización de las reuniones a que éstas no sean públicas.
“En el caso de la procuradora, su equipo consideró que toda vez que es una averiguación previa, en curso, hay información que no puede ser pública porque se podría afectar derechos humanos de aquellos que estén sujetos a proceso”, afirmó la diputada Murguía.
“Se nos dijo que era una reunión donde se quería poder hablar de presuntos implicados en un hecho o en otro, sin que esto implicara faltar a la reserva que se supone el respeto a los derechos humanos si se hace público”, dijo.
Tampoco será pública la que sostendrá el miércoles 16 de octubre ese órgano legislativo con el ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, su ex procurador de Justicia y su ex secretario de Gobierno.
“Me dijo que se ha abstenido de dar entrevistas a medios nacionales e internacionales, pero que está dispuesto a darnos la versión de los hechos como él los conoció”, agregó la panista.
La única reunión pública hasta ahora programada es la que se realizará este lunes, en las instalaciones de la Cámara de Diputados con Jaime Rochín, presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

No permitirá que los expertos interroguen a los militares de Iguala, advierte el general Cienfuegos

“Nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas”, dijo el secretario de la Defensa a Televisa. “Hemos ido a declarar casi 50 soldados a la PGR, algunos hasta cuatro veces, sin tener un solo señalamiento”. Se opone a que “a los soldados los traten como criminales y los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver y no apoyarlos”. Dónde estaba la policía estatal en el momento del ataque a los normalistas, pregunta. Argumenta que los soldados no intervinieron porque en ninguna otra acción de los normalistas habían intervenido

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

No permitirá que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) interrogue a los militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala, “porque no hay razón para que los interroguen”, dijo el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda.
Manifestó que “nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas”, y dijo que el convenio que hace el gobierno de la República con la Comisión Interamericana “en ningún momento dice que pueden interrogar. No es posible, las leyes no lo permiten”.
En entrevista con el noticiero de Televisa la noche del lunes, el secretario de la Defensa sostuvo que pretender involucrar al Ejército en la masacre de la noche del 26 y la madrugada del 27 en Iguala y en la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa “sólo porque a alguien se le ocurrió, creo que es algo muy grave”.
El jefe militar cuestionó, asimismo, dónde estaba la Policía Estatal esa noche, pues la Policía Municipal estaba “atendiendo” el problema.
También confirmó que uno de los estudiantes desaparecidos es soldado en activo (como ya lo había informado la revista Proceso en junio pasado), pero rechazó que sirviera de espía al Ejército.
La entrevista con Cienfuegos Zepeda fue presentada en el noticiero de Joaquín López Dóriga la noche del lunes.
Cienfuegos Zepeda dijo que los hechos de Iguala son “muy lamentables y lo sentimos como todos”,  pero “querer involucrar al Ejército en esto porque a alguien se le ocurrió, creo que es algo muy grave”.
Aseguró que tiene totalmente claro qué es lo que sucedió con su “gente” esa noche, y dijo que ese día una fuerza de reacción desde las 11 de la mañana estaba atendiendo un accidente en la carretera federal Iguala-Puente de Ixtla, donde se volcó una pipa que transportaba nitrato de amonio y obstruyó los dos carriles, “nosotros nos fuimos, con nuestra gente, a atender este problema y regresó alrededor de las 10:30 de la noche. Ya había pasado mucho de lo que ahí se dice”, declaró el general en referencia al ataque contra los normalistas por parte de la policía municipal de Iguala.

¿Por qué aquí debíamos haber intervenido?

Argumentó que esa noche no tenía por qué saber que ocurriría la masacre, pues a lo largo de su administración ha documentado al menos 100 eventos en los que los normalistas tomaron autobuses, camiones con mercancía y colocaron puestos para pedir dinero a los conductores.
“En todas esas ocasiones supimos que salieron y qué estaban haciendo, y en ninguna intervenimos, ¿por qué aquí debíamos haber intervenido?, primero, no teníamos gente, segundo, no teníamos por qué haber intervenido. ¿Dónde estaba la policía estatal? La municipal estaba atendiendo el problema”, dijo.
El secretario aseguró que durante los hechos el comandante del 27 Batallón habló con el  director de seguridad pública municipal, “le pregunto que qué había” y que aquél le contestó: “no hay nada, no hay ningún enfrentamiento con los estudiantes, no tenemos ningún detenido, no ha habido disparos, tenemos controlados los accesos”.
Precisó que quien contestó en estos términos fue el director de la policía que anda huyendo (Felipe Flores Velázquez), y también dijo que hablaron con el jefe de la Policía Estatal y que les respondió que “no vamos a participar si no me giran la instrucción de participar”.
Después, Cienfuegos Zepeda deslindó al Ejército y dijo: “entonces qué esperan. No hubo omisión ni tampoco acción en contra de nadie”.
Sin embargo aseguró que “hemos ido a declarar casi 50 soldados a la Procuraduría General de la República (PGR), algunos hasta cuatro veces sin tener un solo señalamiento”, se quejó.
El titular de la Sedena agregó que en estas circunstancias no hay justificación para que los militares del 27 Batallón de Iguala declaren, como lo pide la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el GIEI.
“Ingresar a las instalaciones militares, a ver, ¿por qué?, la Procuraduría General de la República hizo su investigación y no encontró ningún indicio mínimo de nuestra participación en algo ilegal. Lo hizo la propia Comisión de los Derechos Humanos y tampoco encontró nada. Acaba de dar su informe este grupo de expertos de la Comisión Interamericana y también dicen que no hay indicio de que el Ejército haya participado, ¿cuál es la razón o el pretexto de querer ingresar a los cuarteles”, expresó sobre la petición de los padres de inspeccionar el cuartel del 27 Batallón de Infantería de Iguala.
El reportero Santos Mondragón le preguntó su opinión sobre la petición que han hecho la CIDH y el GIEI para que los militares del 27 Batallón de Iguala declaren sobre lo que pasó esa noche.
El general respondió: “Yo he estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados, porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento”.
Y luego aclaró que “nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas”, y dijo que el convenio que hace el gobierno de la República con la Comisión Interamericana “en ningún momento dice que pueden interrogar. No es posible, las leyes no lo permiten”.
El general sentenció que “no me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito, ¿qué quieren saber?, ¿qué sabían los soldados?, esta todo declarado”.
Reiteró que él no puede permitir “que a los soldados los traten como criminales y los quieran interrogar para posteriormente, hacer sentir que tienen algo que ver y no apoyarlos”.
Añadió que por eso su posición es no permitir que declaren, “creo que de ahí no puedo ni debo salirme porque perdería mucho de lo que soy, y de lo que soy en este momento y de lo que he sido durante 52 años prácticamente de carrera militar. No tengo nada que esconder, no he cometido nada así que va por delante mi prestigio”, manifestó.

Uno de los desaparecidos es militar

En otra parte de la entrevista, el secretario de la Defensa Nacional confirmó que el normalista desparecido Julio César López Patolzin era militar en activo.
-Entre los 43 jóvenes desaparecidos habría un joven que habría estado en activo en el Ejército mexicano. ¿Es correcto esto, qué sabe usted al respecto? -preguntó el reportero.
-Efectivamente, el nombre de uno de estos jóvenes que lamentablemente son desaparecidos, coincide con el nombre de un militar en activo, el cual tampoco lo hemos encontrado. Debo reconocer que estamos hablando prácticamente de la misma persona. Entonces la respuesta en concreto es sí coincide el nombre con uno de los 43 desparecidos y creemos que es la misma persona -dijo.
Manifestó que esto “no es nada extraño”, porque los comandantes de los diferentes niveles tienen la autorización por reglamento de autorizar a los soldados a estudiar siempre y cuando no interfiera en su actividad de servicio.
Agregó: “y a este muchacho le autorizaron estudiar. Él tenía dos o tres meses de haber ingresado a la Normal y quería estudiar para maestro, hago la aclaración porque dicen que a lo mejor era alguien que estaba sirviendo de espía, en dos o tres meses que tenía ahí, pues no podía haber servido de nada”.

Polariza al país la negativa de la Sedena a colaborar con el grupo de expertos de la CIDH, advierte Vidulfo

*Los militares concentraron información durante unas dos horas, desplegaron agentes a observar lo que ocurría en Iguala durante los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa y luego enviaron patrullas para recorrer la ciudad, dice el abogado de los padres de los desaparecidos

Lourdes Chávez y Karina Contreras

Chilpancingo y Acapulco

El rechazo del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda a colaborar con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) creado para brindar asistencia técnica internacional en la investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, va a generar mayor polarización en el país, advirtió el abogado de las víctimas, Vidulfo Rosales Sierra.
Distinto a lo que dice el general de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), aseguró que los soldados del 27 Batallón de Infantería tienen mucho qué aportar en el esclarecimiento de los crímenes del 26 y 27 de septiembre en Iguala, por cuatro situaciones que los implican en los hechos.
Una es el vacío de información en el sistema de vigilancia y monitoreo que utilizan los cuerpos policiacos y militares en Iguala, entre las 11 de la noche y 1 de la madrugada del día de los ataques, y que de acuerdo con las declaraciones que constan en los expedientes de la Procuraduría General de la República (PGR), la información que se generó en ese tiempo la concentró el Ejército.
El abogado afirmó que precisamente en ese lapso se definió el destino de los alumnos desaparecidos, detenidos entre las 9 y 10 de la noche por policías municipales de Iguala y Cocula.
Por lo tanto, reiteró que no es una ocurrencia del GIEI o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insistir en la petición al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y a la procuradora Arely Gómez, el diálogo con los integrantes del 27 Batallón de Infantería que estuvieron activos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre.
Pero la respuesta del general, “no puedo permitir que interroguen a mis soldados que no cometieron hasta ahorita ningún delito”, que se presentó ampliamente en los noticieros estelares de Televisa, “denota una conducta omisiva, de la cual tiene que responder y aportar los vacíos de información que tiene el Ejército”.
Recordó que todas las instituciones del país tienen un compromiso con la verdad y la justicia, sobre todo en un hecho tan grave como el de los ataques a los normalistas, si no fuera así, “¿cuál es el compromiso del Ejército con las víctimas, su contribución al esclarecimiento pleno de los hechos?”.
Aseguró que no cuestionan el honor ni la integridad de la institución armada, ni pretenden someter la soberanía nacional ni debilitar las instituciones, pero “como asesores, padres y estudiantes, se pide verdad y esclarecimiento pleno de los hechos, si una institución ha caído en irregularidades se debe someter a los órganos de control del país para fortalecer las instituciones”.

El Ejército en los ataques

Para justificar que la omisión del Ejército en evitar los ataques y la desaparición forzada de los 43 normalistas, Cienfuegos Zavala declaró a Televisa que el comandante del 27 Batallón habló con el director de la Policía Municipal, ahora prófugo, y éste dijo que la situación estaba controlada, que no hubo balazos.
Rosales Sierra aclaró que los militares recibieron información directa y en tiempo real del Centro de Comunicación, Control y Comando (C-4), desde que los estudiantes iban camino a Iguala, antes y durante los ataques, “no habría necesidad de preguntar al director de Seguridad, perfectamente lo sabían, (tan es así que) desplegaron agentes en todos los escenarios”.
Aseguró que es irrefutable, el Ejército supo cómo se desarrollaron todos los acontecimientos y envió personal del Órgano de Búsqueda de Información (OBI) a observar, cuyas declaraciones se incluyeron en las investigaciones de la PGR.
Uno de estos testimonios fue básico para reconstruir lo que ocurrió frente al Palacio de Justicia, donde fueron interceptados, sometidos y detenidos parte de los 43 desaparecidos, y llevados en patrullas del municipio de Cocula, rumbo a Huitzuco.
“Este OBI que está ahí dos horas, manda información, fotos y textos a sus superiores por teléfono, de lo que está ahí ocurriendo, pide instrucciones y le dicen que se quede ahí a una distancia prudente, donde no ponga en riesgo su integridad”, pues mostró la forma violenta en que los estudiantes fueron tratados, incluso, dijo que los policías subieron a algunos a rastras a las camionetas.
Agregó que tras el reporte del agente, transcurrió una hora sin una acción preventiva por los militares. Una hora y media después de que se habían retirado los delincuentes con los estudiantes detenidos, llegó una patrulla militar.
Rosales Sierra insistió en que los militares pudieron alertar o conminar a otros grupos de seguridad a hacer su trabajo, si a ellos constitucionalmente no les correspondía.
Asimismo dijo que está plenamente corroborado que otro OBI estuvo en la caseta de una carretera de cuota en Iguala, donde policías federales regresaron a los camiones para evitar que fueran retenidos por los normalistas del Ayotzinapa, quienes los esperaban del otro lado de la ventanilla de cobro.
Los normalistas refirieron que ahí vieron a una persona en una motocicleta roja, así como en el ataque en el periférico y la avenida Juan Álvarez. Estos agentes declararon en la PGR que su función en el Ejército es ir a las movilizaciones sociales, a monitorear lo que está ocurriendo.
Otro elemento es que los soldados recorrieron en patrullas los sitios de los ataques, y las calles aledañas. Como ya se mencionó, estuvieron en el Palacio de Justicia, así como en el Periferico, donde los estudiantes fueron atacados a balazos primero por policías y luego por hombres encapuchados de negro.
Por lo tanto, consideró que la negativa de la Sedena a colaborar despierta suspicacia porque son parte del sistema C-4 y manejaron un canal donde sólo ellos concentraron la información durante unas dos horas. Desplegaron agentes a observar lo que ocurría en la calle durante los ataques y luego enviaron patrullas para recorrer la ciudad.
Sin embargo insistió en que la colaboración del Ejército no es un asunto de voluntad, es una obligación porque México firmó la Convención Americana de la Organización de los Estados Americanos (OEA), del cual la CIDH es un organismo subsidiario.
La convención obliga al país a cumplir las disposiciones ahí establecidas, para proteger a todos los ciudadanos de la desaparición forzada, o a investigarlas cuando ocurren, “más ahora que hay un organismo de la CIDH para contribuir al esclarecimiento de los hechos”.
Si no van a cumplirlo, consideró que México debe retirar su firma de la Convención y renunciar a la competencia de la CIDH y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).

Hay una campaña contra el movimiento por los 43 desde el Estado

En otro tema, Vidulfo Rosales denunció que el secretario de la Sedena, como el de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, pretenden debilitar al  movimiento por los 43 y dividir a los padres de los desaparecidos, reavivando asuntos que ya fueron aclarados por los padres.
Por ejemplo, mencionó que Cienfuegos Zepeda dijo en cadena nacional que un normalista es un soldado activo que pidió permiso para estudiar en la Normal Rural y es uno de los 43 desaparecidos, con la intención de generar dudas en los padres, pero en otro momento los padres respondieron que el estudiante Julio César López Patolzin desertó de la milicia.
Recordó que lo mismo hizo Campa al revelar que uno de los padres, en la reunión con el presidente Peña, pidió que se investigue a la Normal Rural, “pareciera que los funcionarios están más preocupados por investigar a los normalistas, que saber el paradero de los desaparecidos”.
El abogado consideró lógico que haya diferentes formas de observar en un grupo amplio el mismo problema, “claro que hay padres que consideran que normalistas incurrieron en falta de cálculo, pasa con toda víctima, se genera una duda genuina, lo grave es que la autoridad alimente ese dato mal intencionado y doloso, o quiera levantar una línea de investigación cuando ellos saben que no tiene sustento”.
Lamentó que el Ejercito se cierre a la investigación porque lo único que va a generar es más polarización del movimiento de los 43 en el país, lejos de abrirse al escrutinio, por el esclarecimiento pleno de los hechos.

Ranferi Hernández critica las declaraciones de Campa Cifrián

En Acapulco el dirigente de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo también criticó las declaraciones de Campa Cifrián, quien dijo que es un “exceso” de la CIDH decir que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es la realidad de todo el país.
Después de una conferencia de prensa de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OSCC), el ex preso político denunció que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene como política de Estado “golpear a todos los sectores”.
Dijo que “con todos los esquiroles que tiene a su servicio como Roberto Campa, que viene diciendo que el informe del grupo independiente no corresponde a la realidad de México, que cinco o seis días no se puede tener el panorama y nosotros decimos que si le rascamos, basta con Guerrero para demostrar estos lamentables sucesos”.
Calificó de “descaro” las declaraciones de funcionarios del gobierno federal que niegan que sea  política de Estado, y señaló que las organizaciones ven “una luz de esperanza con el grupo independiente”.
Como ejemplo dijo que con el asesinato de Rocío Mesino “queda más que demostrado que toda esa ola de asesinatos que se viven en Guerrero son para frenar el movimiento, es para mantenerlo a raya como comúnmente se dice, es una guerra sucia de baja intensidad y que día con día se acrecienta”.

Lo que pasa en Iguala es reflejo de todo el país, responden familiares de desaparecidos a Campa

*Dan a conocer que, el lunes la PGR notificó el hallazgo y la identificación del cuerpo de un joven que estaba en el Semefo de la ciudad de México. Las víctimas respaldan el informe preliminar de la CIDH, “y lo que el gobierno está tratando de hacer es ocultar lo que está pasando en México”, declaran

Alejandro Guerrero

Iguala

“Lo que pasa en Iguala es el reflejo de todo el país”, respondieron ayer familiares de víctimas de desaparición forzada del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, y respaldaron el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la asamblea de ayer, en el sótano de la parroquia de San Gerardo, el director de la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Joaquín Torrez Osorno, mostró, sin la presencia de reporteros, el catálogo de prendas y objetos hallados en fosas clandestinas junto a los 104 cuerpos que fueron exhumados entre noviembre de 2014 y junio de 2015, a los familiares de desaparecidos.
Antes de la reunión, una de las coordinadoras del grupo, Xitlaly Miranda dio a conocer que el lunes la PGR notificó a uno de los familiares del grupo Los Otros Desaparecidos del hallazgo del cuerpo de su familiar desaparecido.
El cuerpo de un joven, del que no se dieron a conocer más detalles, fue hallado e identificado el lunes en el Servicio Médico Forense (Semefo) de la ciudad de México, y correspondía a un joven originario de Acapulco; sus familiares participaban en el comité de desaparecidos de Iguala.

Respaldan el estudio del GIEI y lanzan la campaña #TodoMéxicoEsIguala, en redes sociales

En un mensaje previo al informe de la PGR, que dio uno de los coordinadores del comité de Los Otros Desaparecidos de Iguala, Mario Vergara sostuvo que “lo que pasa en Iguala es el reflejo de lo que pasa en todo el país”.
Criticó la “indignación” del subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa Cifrían, por el informe que dio la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encabezada por su presidenta Rose-Marie Belle, que el 30 de septiembre se reunieron en esta ciudad con familiares de desaparecidos y que, en su informe después de la visita de cinco días a México, sostuvo que el país está “sumido” en una grave crisis de derechos humanos y una situación extrema de impunidad y de violencia.
Contradijo lo dicho por el funcionario federal, que sostuvo en entrevista con medios nacionales que “Iguala no es México”, y dijo que “lo que pasa en Iguala es el reflejo de lo que está pasando en todo el país”.
Manifestó el respaldo total del grupo de Los Otros Desaparecidos de Iguala al informe de la CIDH, “las víctimas del país respaldamos el informe preliminar de la CIDH, y lo que el gobierno está tratando de hacer es ocultar lo que está pasando en México”.
“Iguala es un botón de muestra de la tragedia nacional, lo que pasa en Iguala pasa en todo México, por lo que las familias de los desaparecidos apoyamos el informe de la CIDH. El estado niega el informe preliminar de la CIDH, (pero) el pueblo lo respalda”.
En la asamblea de ayer, los familiares de víctimas de desaparición forzada iniciaron la campaña “Todo México es Iguala”, la cual pretender difundir a través de las redes sociales y en la que aparecen los familiares de desaparecidos con una cartulina con el lema: “#TodoMéxicoEsIguala”; y dijo que “las víctimas de Iguala, Cocula, Taxco, Huitzuco o Teloloapan, según sea el caso, respaldamos el informe preliminar de la CIDH”.
Esta campaña se difundirá a través de las redes sociales, y pretende incluir a diferentes organizaciones de víctimas de desaparición forzada para evidenciar la falsedad de lo dicho por Campa Cifrián.
“Es muy importante que nos escuche el gobierno mexicano y todo el país, que todo lo que dijo la CIDH es cierto y sí está pasando en México”.

Presentan el catálogo de prendas halladas junto a cuerpos inhumados de fosas

En la asamblea de ayer, el director de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR, Joaquín Torrez Osorno mostró a los familiares de desaparecidos el catálogo de prendas y objetos hallados junto a los 104 cuerpos exhumados de fosas clandestinas.
El 22 de septiembre el mismo funcionario sólo describió las características de las prendas y los cuerpos hallados, y se impidió la permanencia de reporteros en esa lectura.
Entre las prendas halladas en fosas está la camisola y una bota del uniforme de la policía municipal de Iguala, y según la base de datos de los desaparecidos en el comité de Iguala hay al menos tres policías desaparecidos, entre ellos, el ex director de la policía municipal, Abraham Alemán García y el policía Minael Salgado.