Crea el Congreso una comisión para analizar el proyecto de La Parota

* Los afectados dudan de que la CFE cumpla

* El proyecto hidroeléctrico es una obra de gran importancia, pero no se debe imponer por encima de la voluntad de la población afectada, planteó la diputada perredista Yolanda Villaseñor

Hugo Pacheco León, corresponsal, Chilpancingo * La diputada del PRD Yolanda Villaseñor presentó al Congreso un punto de acuerdo que fue aprobado por unanimidad para conformar una Comisión Especial para el Análisis del Proyecto Hidroeléctrico La Parota.

Luego de la aprobación del punto de acuerdo donde no hubo debate, el vicepresidente de la Mesa Directiva, el diputado perredista Mariano Dimayuga Terrazas tomó protesta a la Comisión Especial.

La integran como presidente del PRI, Gustavo Miranda González; vicepresidente del PRD, René Lobato Ramírez; como secretario del PAN David Tapia Bravo; y como vocales, Heriberto Noriega Cantú del PRS, Cuauhtémoc García Amor de Convergencia, Marco Antonio de la Mora Torreblanca del PVEM y Fredy García Guevara del PT.

Durante el presente año, diferentes funcionarios de la CFE han estado efectuando reuniones con la población en las localidades afectadas cuyos resultados han sido diversos y en algunos casos distan de ser favorables a la construcción de la presa.

En principio parte de los afectados dudan que la CFE asuma con responsabilidad el cumplimiento de los compromisos que en su momento se establecerán con ellos en torno a indemnizaciones, fuentes de empleo y reubicación.

También, en 13 localidades de los municipios de Juan R. Escudero, San Marcos y Acapulco sus pobladores mencionan que ya se han iniciado los trabajos sin ninguna autorización por parte de ellos, “lo cual va generando tensiones y ruptura en las pláticas pudiendo, todo ello,             provocar situaciones innecesarias de violencia, contradiciendo el principio declarado por la misma CFE.

Agrega que en otros casos los afectados hacen referencia a la falta de cumplimiento histórico por parte de las instancias gubernamentales de los acuerdos de indemnización, citando el caso de la Autopista del Sol y de la presa La Venta, lo que provoca gran irritación y una actitud contraria al diálogo.

Indicó que si bien el proyecto hidroeléctrico La Parota representa una obra de gran importancia no sólo municipal y estatal sino también nacional, “ello no significa que se deba imponer por encima de la voluntad de la población afectada”.

Advirtió que si se intenta realizar de esta manera, el proyecto abortará inexorablemente.

Dio a conocer que “basta con mencionar la reacción que provoco en la población de San Salvador Atenco la decisión de instalar por la fuerza en sus terrenos el aeropuerto internacional. En este sentido se deben lograr acuerdos justos y con la total satisfacción de la población afectada”.

Señaló que han concurrido como diputados a diferentes reuniones por invitación expresa de la población afectada, donde se les ha manifestado “una profunda inquietud debido a la inminente construcción de la presa y muchas dudas e inseguridades por el manejo insensible, demagógico y ambiguo que ha tenido la CFE respecto a las alternativas de solución que les ofrecen”.

Y que resulta por demás evidente “la incertidumbre en que vive la población afectada al pensar en las posibles consecuencias de una reubicación y de abandonar las tierras de donde son originarios arriesgándose a perder el escaso patrimonio que han podido formar durante varias generaciones e inclusive hasta sus fuentes de empleo.

La sensación predominante en los afectados es la de evitar que se produzca el despojo de sus bienes por parte de la CFE.

Por eso justificó que “siendo que en el proyecto hidroeléctrico La Parota se conjugan intereses de diferente orden y que como diputados debemos salvaguardar los principios de equidad y justicia con total apego a las leyes pero defendiendo siempre a los más desprotegidos”.

Con ello logró que los diputados le aprobaran la creación de la Comisión Especial que tendrá como facultades realizar un análisis integral escrupuloso del proyecto, allegándose opiniones de especialistas en el tema, así como conocer las experiencias de proyectos exitosos similares que estén operando y si es que existieran, que hayan fracasado a hayan arrojado consecuencias negativas para la población afectada.

Promover una “auténtica” toma de decisiones participativa propiciando la participación de los afectados así como de autoridades locales, ejidales, municipales y estatales, representantes del Congreso de la Unión y de las diferentes dependencias involucradas de los tres niveles de gobierno”. Constituirse como interlocutor entre las partes propiciando el diálogo como única vía para la solución de los conflictos que se presentaran.

La Comisión Especial instalada a partir de esta fecha, durará en sus funciones hasta el 5 de septiembre del año 2003, debiendo sesionar por lo menos dos veces al mes, tomando todas sus decisiones conforme a las normas de votación de las comisiones ordinarias de este Congreso.

Para el ejercicio de sus funciones, la Comisión Especial elaborará y aprobará un programa de trabajo a más tardar a los ocho días naturales siguientes a su instalación, y rendirá al Congreso local un informe parcial y un informe final detallado, sobre los trabajos desarrollados en el ejercicio de sus facultades, con el fin de que el Congreso proceda de conformidad con sus atribuciones constitucionales y legales, en los casos que sea necesario, conforme a derecho.

Por otro lado en esta mismas sesión se turnó a comisiones la propuesta del diputado del PVEM, Marco Antonio de la Mora, para desaparecer la Procuraduría de Protección al Ambiente y convertirla en la Secretaría de Recursos Naturales y Protección al Ambiente en el Estado.

Y por la mañana antes de la sesión el Instituto Parlamentario Eduardo Neri y el Consejo Estatal Electoral firmaron un convenio de colaboración para impulsar la cultura democrática y la participación cívica.