Corre demanda contra el Congreso por tortuguismo en juicio político a síndicos

Fernando Hernández

Iguala

Un juzgado federal con sede en Chilpancingo admitió una demanda en contra del Congreso local por no iniciar en tiempo y forma un juicio político en contra de los síndicos de Iguala, María del Carmen Perea Moreno y Juan Manuel Martínez Carreón.
Lo anterior lo informó el ex director del Departamento Jurídico de Iguala, Francisco Jaimes Brito, ayer en una conferencia de prensa en un restaurante del centro de Iguala.
Desde hace un año Jaimes Brito solicitó al Congreso local que enjuiciara políticamente a los síndicos priistas, pero “por cuestiones políticas” su demanda se mantuvo por casi 12 meses en la congeladora legislativa junto a otras iniciativas y propuestas de reformas de leyes estatales.
Debido “al retraso del Congreso, por eso fuimos ante un juzgado federal para que requiera al Congreso del estado y emplace a los síndicos para que se lleve a cabo el desahogo de pruebas”.
El contexto de la solicitud de juicio político se remonta a hechos ocurridos en junio de 2010, cuando el palacio municipal fue tomado por los integrantes de la organización perredista Tierra y Libertad, que lidera el ex regidor Bernardo Cayetano Ortega.
Durante las manifestaciones que se prolongaron por más de una semana —y tras las cuales renunció temporalmente el alcalde priista, Raúl Tovar Tavera— se allanaron las oficinas del Departamento Jurídico y se extraviaron documentos sobre auditorías que se estaban realizando a áreas estratégicas del ayuntamiento, como la Dirección de Obras Públicas y la Tesorería, en las que había la sospecha de desvíos de recursos.
Cuando Tierra y Libertad entregó las instalaciones el cabildo sesionó y acordó cesar a Jaimes Brito, argumentando que abandonó su trabajo, por lo que el también doctor en derecho demandó al ayuntamiento por despido injustificado y después se fueron desprendiendo procesos del ramo administrativo y procesal.
Jaimes Brito precisó que el pasado lunes el Primer Juzgado de Distrito con sede en Chilpancingo aprobó “la demanda de garantías” en contra del Congreso local.
Entonces, a decir del abogado, “ahora el Congreso tendrá que agilizar los trámites para enjuiciar políticamente a los síndicos”.
Y recordó que “este procedimiento —el juicio político— se fundamenta por la sustracción de documentos y porque durante el tiempo en que estuvo tomado el ayuntamiento hicieron ver a la sociedad otra realidad muy diferente a lo que se observa en las cámaras de captura”, donde se puede observar cómo los integrantes de la Organización Tierra y Libertad entran al Departamento Jurídico.

Da dinero a periódico regional y a secretario del alcalde

Jaimes Brito informó que Martínez Carreón entregó entre el primero de junio de 2010 y el primero de agosto de ese año, por lo menos 180 mil pesos al Diario 21, el periódico de mayor circulación en la región Norte, y aseguró que esa cantidad era para que el periódico “minimizara” lo relacionado con la toma del palacio.
El ex funcionario entregó copias a los medios informativos de las facturas número 16410, 16576, 16755 que la empresa “Prensa Suriana S.A. de C.V.”, razón social del Diario 21, entregó al “Municipio de Iguala de la Independencia” los días primero de junio de 2010, primero de julio de 2010, y primero de agosto de 2010, cuyo monto de cada uno de los documentos asciende a 60 mil pesos.
Jaimes Brito denunció que fue el síndico quien ordenó el allanamiento a la Dirección del Departamento Jurídico de Iguala, así como “la sustracción de los documentos que formaban parte de una investigación por desvíos de recursos en varias áreas del ayuntamiento”.
El penalista explicó que la saliente administración que encabeza el priista Raúl Tovar Tavera “se caracterizó por la opacidad en el manejo de los recursos, y por una serie de desvíos que son ofensivos para el pueblo”.
También presentó un documento con fecha de elaboración del 13 de agosto de 2010, en el que se observa que tan sólo entre enero y julio de ese año la administración municipal entregó al secretario particular del alcalde, Leopoldo Arroyo Torres, 170 mil 600 pesos bajo el concepto de “gastos a comprobar”, para “promoción de la Feria de la Bandera” y de “becas mensuales”.
El secretario del alcalde manejó bajo el concepto de gastos a comprobar 110 mil pesos, de acuerdo a la suma de los cheques números 3240, 3281, 3691, 3807, 3889, 3862, 3849 de acuerdo con la copia del “Reporte de auxiliares” que entregó.
Asimismo, más 60 mil pesos por conceptos de “Promoción a la Feria” y por “Becas Mensuales”, según los cheques 3090 y 3838.