Suspenden por cuarta ocasión el careo de Gonzalo Molina; no se presentan quienes lo acusan de secuestro

*A casi dos años de su detención comenzará su defensa en los hechos, porque ya tiene todos los expedientes de nueve causas penales en su contra, informa el promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Por cuarta ocasión se suspendió el careo del promotor de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González, con quienes lo acusan de secuestro, porque no se presentaron a la diligencia.
El luchador social aclaró que casi dos años de su detención comenzará ahora su defensa en los hechos, porque ya tiene al alcance todos los expedientes de nueve causas penales en su contra. Antes de ayer se encontraba en la indefensión, consideró.
En la ventanilla del juzgado de la prisión de Chilpancingo donde está detenido, informó que el próximo viernes a las 10 de la mañana en el juzgado Cuarto se programó la ampliación de su declaración preparatoria, pues cuando lo llevaron a prisión se abstuvo de hacerla.
La diligencia corresponde a la denuncia que presentó el Ayuntamiento de Tixtla por rebelión y terrorismo, tras una protesta en el Palacio Municipal en demanda de la libertad de la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García. Esa vez policías comunitarios desarmaron a dos municipales.
El resto de las demandas, indicó, son del secuestro de unas de 50 personas que acusaron a los representantes y policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso de la CRAC, y que dolosamente por “dos o tres personas” que intervinieron, llevaron las denuncias a juzgados de Tlapa, Ayutla y Chilpancingo.
Acusó de esa irregularidad al ex síndico procurador de Olinalá, Armando Patrón, familiar del ex diputado local del PRI Héctor Apreza Patrón, ahora asesor del gobernador electo, Héctor Astudillo Flores.
Aseguró que nunca antes tuvo las herramientas para defenderse, a pesar de que en penales de máxima seguridad en Oaxaca y el Estado de México donde estuvo antes, le presentaron a abogados de oficio.
Ahora que revisó los expedientes, adelantó que va a evidenciar que quienes quieren mantenerlos en prisión poco se esforzaron, ya que las 50 personas que presuntamente fueron secuestradas y llevadas a la Casa de Justicia de la CRAC, en El Paraíso, declararon exactamente lo mismo, con las mismas palabras puntos y comas, y eso es evidencia de la manipulación.
Consideró que la mayoría de los implicados va a reconocer que no estaban secuestrados, sino que cometieron algunas faltas y fueron llevados a reeducación en el sistema de seguridad y justicia comunitario.
Algunos, los menos, consideró que van a sostener las demandas por presiones del grupo del síndico de Olinalá y sus abogados.
Contrastó el caso de los presos políticos de la CRAC con el del exgobernador Ángel Aguirre Rivero, separado del cargo por los crímenes de Iguala, y que fue llamado a declarar sobre los hechos a una comisión especial de diputados federales.
Consideró que el político ya no está en un cargo de elección popular y bien pueden ser llamado a cuentas a los tribunales, bajo la Ley de Responsabilidad de servidores públicos, pero sigue en libertad.
En cambio, en su caso a casi dos años de encierro, recién comienza su defensa para obtener la libertad. Fue detenido por policías ministeriales en Tixtla el 7 de noviembre de 2013.
Por otro lado, sobre la integración del Concejo Municipal de Tixtla, que es provisional en tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) convoca a elecciones municipales, debe dedicarse a servir a la comunidad mientras esté en el encargo.
A los que tienen la camiseta de la CRAC, dentro del nuevo gobierno municipal provisional, los llamó a dejar que otros asuman las tareas de la institución comunitaria, para que ellos se dediquen a su trabajo.
Reconoció que tras la detención de los principales dirigentes de la Casa de Justicia de El Paraíso, otros tomaron la dirección que corresponde a los pueblos, pero ha pasado el tiempo y las comunidades van a recuperar el control que les corresponde.
De la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, que encabezó un proceso de reunificación ante el resquebrajamiento de la institución durante el gobierno de Aguirre Rivero, estimó que le faltó trabajó y acompañamiento con respeto a la autonomía.