Se debe a problemas sociales el aplazamiento hasta mayo del nuevo Sistema de Justicia

*Los paros de burócratas y las tomas de edificios, entre las dificultades para echarlo a andar, dice Anacleta López Vega. En caso de que se aplicara en estas circunstancias y “detuvieran a 20 o 30 personas, imagínense cuántos Ministerios Públicos, policías y peritos tendríamos que estar trabajando”, dice la secretaria ejecutiva de la Comisión Implementadora de la reforma. Además, el gobierno del estado necesita por lo menos 82.24 millones de pesos para cumplir los estándares

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La secretaria ejecutiva de la Comisión Implementadora de la Reforma de Seguridad y Justicia Penal en Guerrero, Anacleta López Vega confirmó que ese Sistema se aplazó para mayo de 2016 por el movimiento que reclama la presentación de los 43 normalistas de Ayotzinapa, por el movimiento de los burócratas de estado que demandaron el bono de fin de administración, por los trabajadores del sistema penitenciario, y porque hacen falta más de 80 millones de pesos para infraestructura.
Pero además, añadió que los problemas sociales que vive el estado son otro factor, “porque, si entrando el nuevo sistema se detuvieran a 20 o 30 personas, imagínense cuántos Ministerios Públicos, policías y peritos tendríamos que estar trabajando, y cuántos jueces tendrían que estar en la sala de oralidad para atender la audiencia de imputación, casi tendríamos que tener a toda la gente del estado aquí, lo cual es imposible”, dijo.
La funcionaria del gobierno del estado ofreció a las 12 y media del día, ayer en el auditorio del Palacio Municipal una conferencia de prensa acompañada por el secretario general del Ayuntamiento, Gustavo Adolfo Morlet Berdejo, y por el síndico Miguel Ángel Hernández Gómez.
Estaba prevista también la asistencia del presidente municipal priista, Marco Antonio Leva Mena, sin embargo de última hora canceló. A las 12 del mediodía, que estaba prevista la conferencia de prensa, sólo había llegado López Vega. El Ayuntamiento informó que la conferencia de había cancelado, lo que mereció un reclamo de la representante del gobierno del estado a Morlet Berdejo cuando llegó, 15 minutos después, a disculpar al alcalde.
La madrugada del martes, los diputados locales aprobaron aplazar hasta mayo de 2016 la incorporación al Sistema Procesal Penal Acusatorio en los distritos judiciales de los Bravo, con cabecera en Chilpancingo; Álvarez, con cabecera en Chilapa; y Guerrero, con cabecera en Tixtla; según explicaron en la sesión los diputados, “por carecer de infraestructura y de capacitación al personal”.
A pregunta del reportero, sobre las causas reales que obligaron al gobierno del estado a solicitar al Congreso local el aplazamiento de la incorporación del nuevo sistema en estos tres distritos, López Vega informó que el gobierno del estado estaba preparado para enfrentar el Nuevo Sistema de Justicia con personal ya preparado, tanto de la Fiscalía General del Estado (FGE), como del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ); que incluso recibían una capacitación-taller de un equipo que vino de Estados Unidos, a través de la embajada en México, que se enfocó principalmente en capacitar a los ministerios públicos, a los peritos y a la policía.
Dijo que ellos se mantuvieron en Guerrero “hasta que tomaron las instalaciones los trabajadores que reclamaban el bono” de fin de sexenio.
Aunque después, la funcionaria también reconoció que el gobierno del estado necesita por lo menos 82.24 millones de pesos para hacer frente a los pagos de nómina, gastos de operación y la remodelación de los edificios que ya tiene cada institución para cumplir los estándares para comenzar el nuevo proceso.
Añadió que una de las causas por las que no se ha podido ejercer esa inversión es porque el personal de medidas cautelares y los trabajadores del Sistema Penitenciario se encuentran en paro laboral, “porque dicen que no se les ha pagado, entonces eso implica que también estamos enfrentando problemas por falta de dinero”, en referencia al paro de los burócratas de la Subdirección General de Medidas Cautelares y Ejecución de Sentencias del nuevo Sistema Penitenciario, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, que mantienen su paro en las oficinas del Sistema Penitenciario en la capital del estado, para exigir el pago de su sueldo que la Secretaría de Seguridad Pública no les deposita desde mayo.
Pero además argumentó que el estado de Guerrero a atravesado por situaciones difíciles que no han permitido tomar las medidas necesarias, “o realizarlas porque, por ejemplo, no terminamos de adecuar la infraestructura por la toma de los edificios”, declaró en referencia al paro laboral y bloqueo de edificios del gobierno del estado de los agremiados al SUSPEG que demandaron el pago del bono de fin de año y que duró del 21 de septiembre al 1 de octubre.
López Vega añadió que otra de las causas fue la irrupción de manifestantes al edificio de la FGE, “que le ocasionaron daños cuantiosos en cuanto al material informático, lo que frenó la puesta en marcha del nuevo sistema”, justificó en referencia a la irrupción de manifestantes que respaldan el movimiento de los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, y que el 21 de septiembre entraron a la FGE, en donde provocaron algunos daños.

Aplazar el nuevo Sistema fue para evitar hacerlo al “ahí se va”, dice la responsable

Anacleta López Vega añadió que por eso fue mejor aplazar la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en los términos que lo aprobó el Congreso local.
Expresó que eso no causa ningún problema social, “ni minimiza derechos, ni existe alguna violación porque estamos haciendo un acto realmente responsable, porque con este aplazamiento el gobernador Rogelio Ortega privilegió garantizar un real acceso a la justicia con el nuevo sistema”.
En cambio, manifestó que si se hubiera hecho, “al ahí se va, yo creo que entonces no se estaría cumpliendo con las expectativas sociales, ni con la expectativa de que este proceso sea eficaz y realmente nos venga a curar las heridas que todo mundo tenemos en cuanto a corrupción, ineficacia e impunidad, que siempre ha prevalecido y por la cual precisamente se da toda esta reforma”.
Expresó que, sin embargo, Guerrero no es el estado que esté más rezagado en la implementación del Nuevo Sistema Penal, puesto que “otros estados están menos mejor que nosotros. Nosotros ahí vamos”, dijo.
La conferencia de prensa fue citada para informar de los beneficios que implica el nuevo Sistema de Justicia Penal para las víctimas u ofendidos, a quienes, dijo la funcionaria, se amplían sus derechos, como la reparación del daño que ya se garantiza a rango constitucional.
Además, agregó que ahora la víctima tendrá todos los recursos legales a su alcance para hacer valer sus derechos cuando no le parezca la actuación del Ministerio Público, “ahora, a través del juez de control puede inconformarse cuando considere que no lo están atendiendo”.
En suma dijo que, con el nuevo Sistema la víctima puede acusar de omisión al Ministerio Público que no lo atienda, conforme a la ley, lo que ahora es ya un delito grave.