Exige la OPIM a funcionarios federales que cumplan la sentencia de la Coidh

*En reunión en Ayutla, les demandan que se equipe el albergue para estudiantes y el Centro Comunitario para Mujeres Me’phaa. Tendrán que esperar que tome protesta el gobernador electo, responde la subdelegada de la Segob, Edith Marel Panchi

Jacob Morales Antonio

Ayutla

Integrantes de la Organización de Pueblos Indígenas Me’Phaa (OPIM) en una reunión con autoridades federales en una cancha de esta ciudad, demandaron que se equipe el albergue para estudiantes y el Centro Comunitario para Mujeres Me’phaa en Ayutla, lo que es parte de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).
En 2002 cuando las indígenas Inés Fernández Ortega tenía 25 años y Valentina Rosendo Cantú 17, fueron violadas por soldados del Ejército. En 2010 la Coidh emitió una sentencia a favor de las agraviadas y demandó al Estado mexicano una disculpa pública, castigo a los responsables y la  reparación del daño, entre lo que está la construcción del Centro Comunitario.
El 9 de enero del 2014 el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan informó de la detención de cuatro militares responsables de los hechos.
Los habitantes de 35 comunidades y nueve colonias de los municipios de Tecoanapa, Acatepec y Ayutla demandaron un plan de desarrollo para las zonas indígenas.
Las solicitudes que hicieron son apoyos para el campo, infraestructura, carreteras, escuelas, maestros, construcción de centros de salud, médicos y medicinas para las comunidades.
En sus intervenciones los pobladores denunciaron las carencias en las comunidades que se encuentran hasta seis horas de las cabeceras municipales.
Además exhortaron a las autoridades a entregar los apoyos a 500 viviendas afectadas por el paso del huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en 2012, que siguen sin atender en los tres municipios.
Ayer a la 1:30 de la tarde unos 200 integrantes de la OPIM reunidos en la cancha de la colonia La Villa, en Ayutla, exigieron al delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), José Manuel Armenta Tello, al de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Julio César Licona Omaña y al del programa Prospera en Guerrero, Juan Manuel Yáñez, el equipamiento del centro comunitario.
En la reunión los integrantes de la Organización indígena, Cuauhtémoc Ramírez Rodríguez y  Obtilia Eugenio Manuel, indicaron que se necesitan 9.9 millones para operar el centro que desde el 2013 debió de estar en funcionamiento.
El enlace institucional de la OPIM con el gobierno, Sergio Canales precisó que 4.5 millones serían para el equipamiento, 3.8 millones para el pago de personal y un 16% para gastos de operación.
Además solicitaron que el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) pague 580 mil pesos a una consultoría para la elaboración de manuales, reglamentos, equipar un centro de documentación y un centro lúdico.
Eugenio Manuel recordó que la sentencia de la Coidh no se ha incumplido porque no funciona el Centro comunitario que se requiere de manera urgente, “porque hay mucha violencia contra las mujeres” en las comunidades, además de que existen casos de discriminación y acoso escolar contra estudiantes con capacidades diferentes en las escuelas a donde asisten niños indígenas.
A pesar del llamado, la subdelegada de la Secretaría de Gobernación, Edith Marel Panchi Giles dijo que tendrán que esperar que tome protesta el gobernador electo, Héctor Astudillo Flores, para que se pueda equipar el Centro Comunitario.
Recordó que en el proyecto también existe la participación del municipio. No obstante los integrantes de la OPIM indicaron que desde hace tres años el municipio no da señales de respaldar el proyecto.
En su intervención el delegado de la Sedesol, Armenta Tello afirmó que hay disposición del gobierno de cumplir la sentencia de la Coidh y equipar el lugar “lo antes posible”.
Indicó que también los municipios están considerados en el Plan Nuevo Guerrero que se anunció luego del paso de la tormenta Manuel que azotó al estado.
El asesor de la OPIM, Héctor Manuel Popoca demandó a las autoridades que eliminen las ventanillas para la entrega de proyectos a las comunidades, afirmó que el trámite es engorroso y las autoridades no tienen contacto con los pueblos, “hay un divorcio”, y demandó que se dé prioridad a las comunidades indígenas.
Otros integrantes de la OPIM que intervinieron, denunciaron que los despachos donde se elaboran estos proyecto se quedan con una parte proporcional, además de que muchos de estos planes no pasan ni llegan a las manos de los funcionarios de las dependencias.
También se denunció a promotores de programas sociales como Prospera que exigen dinero a los pobladores para acceder a ellos, o para calificar los proyectos.
El delegado de la Cdi, Licona Omaña afirmó que en Tlapa fueron despedidos cinco trabajadores por imponer a proveedores por una denuncia.
Al término de la reunión, a las 5 de la tarde, se tenía previsto un recorrido al centro comunitario, pero por el tiempo limitado de los funcionarios no se hizo.
A la reunión acudieron representantes de los delegados de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Comisión Nacional Forestal, Secretaría de Agricultura, Instituto de Economía Social, Instituto Mexicano del Seguro Social.

Las necesidades

En su participación el comisario de la comunidad Loma Macho, de Acatepec, que está a seis horas de la cabecera municipal y donde viven 130 familias, demandó un médico porque los vecinos tienen que ir a Tres Cruces para recibir atención. Dijo que caminan hasta dos horas por falta de transporte y la atención es sólo de lunes a viernes.
Candelaria Mora Marín de Ayutla demandó un nuevo hospital especializado para la cabecera municipal, y denunció discriminación en la atención médica en el hospital actual, y desabasto de medicamentos en los centros de salud.
La señora Maricela Martínez Reyes solicitó el mejoramiento de las escuelas de las comunidades que no tienen las suficientes aulas para atender la demanda de estudiantes, además se quejó de que los maestros de las comunidades no cumplen con su jornada laboral de cinco días.