Evaluar a los jefes de la policía antes de nombrarlos, exhorta el Congreso a los presidentes municipales

*Al gobernador Rogelio Ortega le piden atender la crisis de inseguridad en Chilapa y en Mártir de Cuilapan

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Para no repetir la experiencia de Iguala, donde el alcalde se relacionó con el crimen organizado, ayer en la sesión del Congreso del estado los diputados aprobaron por unanimidad exhotar a los presidentes municipales que antes de emitir los nombramientos en las direcciones o jefaturas de Seguridad Pública y a sus colaboradores, los candidatos deben previamente ser evaluados, capacitados y certificados por las estancias estatales competentes.
En esta misma sesión, los diputados también aprobaron por unanimidad un punto de acuerdo por el cual exhortan al gobernador Rogelio Ortega Martínez a que desarrolle acciones que permitan atender de manera inmediata la seguridad pública que requieren todos los habitantes de Chilapa, y de manera especial que proteja a los habitantes de las diversas comunidades de ese municipio.
Asimismo, lo exhortan a que instruya al secretario General de Gobierno, al secretario de Seguridad Pública, al Fiscal General del Estado y a las dependencias relacionadas, a que coordinen esfuerzos con todos los niveles e instancias de gobierno y se le dé pronta solución al descontento social.
Y en un tercer acuerdo parlamentario aprobado de la misma manera, exhortan al gobernador a que atienda “de manera inmediata” la seguridad pública que requieren todos los habitantes y el ayuntamiento de Mártir de Cuilapan.
En el acuerdo para que se verifiquen los nombramientos de los directores de seguridad pública y a sus colaboradores, fue presentado en tribuna por el diputado del PVEM, Eduardo Ignacio Neil Cueva Ruiz, a nombre de la Comisión de Gobierno.
Aunque en algunos ayuntamientos ya se dieron nombramientos, como en Zihuatanejo, los diputados de la Comisión de Gobierno argumentan que los jefes de Seguridad Pública deben reunir los requisitos previstos en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, y deben previamente ser evaluados, capacitados y certificados por las estancias estatales competentes.
Explican que lo anterior se debe a que en las últimas fechas a nivel nacional como a nivel local, la seguridad pública ha ocupado las primeras planas de la vida cotidiana y a diferencia de años anteriores la mayor preocupación de la ciudadanía y población en general, es la inseguridad, pasando por encima del desempleo y el bienestar social.
En ese sentido, indican en el acuerdo parlamentario, se evidencia la debilidad institucional, lo que ha propiciado el aumento de la violencia y la inseguridad, mermando el Estado de derecho y acrecentando la incapacidad y la falta de resultados en beneficio de la población.
Por eso proponen que todos los cargos de seguridad pública en los municipios de Guerrero, deben contar con todas y cada una de las evaluaciones y exámenes de controles, que permitan a la ciudadanía tener la confianza en dichos jefes de seguridad.

No más casos como el de Iguala

Antes de aprobarse por unanimidad, el diputado del MC e integrantes de la Comisión de Gobierno, Ricardo Mejía Berdeja, añadió en tribuna que deben evitarse más casos como el de Iguala en los recién instalados ayuntamientos, para evitar que lleguen a seguridad pública “pillos, traficantes y testaferros, y no se quiere más un Felipe Flores (quien fue director de seguridad pública en Iguala), como director que es el responsable de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y ahora anda prófugo”.
Uno de los actores del caso Iguala, por su relación estrecha con el ex alcalde José Luis Abarca, el diputado del PRD, Sebastián de la Rosa Peláez, intervino evitando referirse a sus vínculos, y dijo que debe evitarse en el Congreso local “guardar mutis” ante futuros hechos, “para luego ver a quién le metemos zancadilla”.
Puntualizó que actualmente en los medios de comunicación se destacan notas en las que se critica a los alcaldes y a sus directores de seguridad pública y por eso es importante agilizar el envío del acuerdo parlamentario para que tomen decisiones.
Como ya empieza a ser costumbre en la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros, intervenir en todos los asuntos, esta vez subió a la tribuna para sólo decir que el problema de la inseguridad es que el PRI y el PVEM apoyaron a Enrique Peña Nieto, y el PRD impulsó a José Luis Abarca en Iguala y eso no les da calidad moral para impulsar un punto de acuerdo dirigido a los alcaldes.
Nadie le hizo caso a la diputada de Morena, y mejor se procedió a la votación; ella se abstuvo, pero ese tipo de voto cuenta a favor en la practica parlamentaria del Congreso local, así que se declaró aprobado por unanimidad.

Piden policías para Mártir de Cuilapan

También le aprobaron por unanimidad al diputado del MC, Ricardo Mejía Berdeja, exhortar al gobernador Rogelio Ortega Martínez a que “realice las acciones pertinentes, que permitan atender de manera inmediata la seguridad pública que requieren todos los habitantes y el ayuntamiento de Mártir de Cuilapan”.
Además lo exhortan a que instruya al secretario general de Gobierno, y a las dependencias relacionadas, para que coordinen esfuerzos a fin de que se atiendan los conflictos existentes en el municipio de Mártir de Cuilapan y en los municipios de la entidad que así lo requieran.
El diputado del MC exigió garantías para ese municipio donde gobierna su partido y propiciar la gobernabilidad y la seguridad, porque de manera violenta e ilegal se pretende evitar el funcionamiento del gobierno, “porque como es costumbre el gobierno no ha intervenido en el conflicto”.
“Personas afines a grupos radicales y que han tenido tomado el ayuntamiento municipal, impidieron a la persona y al personal de la misma, cumplir con lo señalado en la ley y que por obvias razones se infringe la ley y el derecho”, dijo.
En su punto de acuerdo, el diputado Ricardo Mejía expresó que el Congreso del estado no puede dejar pasar este “hecho vergonzoso”, no sólo de no permitir la toma de protesta de un ayuntamiento, “sino porque no se puede dejar pasar este tipo de sucesos en ningún ayuntamiento municipal”.
Añadió que todo ayuntamiento debe tomársele protesta, instalarse y cumplir con sus fines, porque así se encuentra estipulado en la Constitución y en la ley, y además no solamente es un deber legal sino legítimo, porque los integrantes de un ayuntamiento fueron electos por ciudadanos que legitiman a un gobierno municipal.
Luego fue a tribuna el diputado del PRD, Jonathán Moisés Ensaldo, quien aseguró que el conflicto en ese municipio no es aislado, pues es donde mayor problema hay luego del cambio de gobierno municipal, pero no explicó mas y dijo que su fracción aprobaría los exhortos.
Mientras que la diputada del PRI, originaria de Chilapa, Flavia García García, presentó el punto de acuerdo por el cual se exhorta al gobernador a que establezca acciones que permitan atender de manera inmediata la seguridad pública que requieren todos los habitantes de Chilapa, y de manera especial a que proteja a los habitantes de las diversas comunidades.
Asimismo, lo exhortan a que instruya al secretario General de Gobierno, al secretario de Seguridad Pública, al Fiscal General del Estado y a las dependencias relacionadas, para que coordinen esfuerzos con todos los niveles e instancias de gobierno y se le dé pronta solución al descontento social ahí.
Y es que a decir de la diputada priista, desde el mes de mayo del presente año habitantes de varias comunidades “autodenominados” policías comunitarios habían tomado el control de la ciudad, exigiendo seguridad para sus comunidades e insistiendo en señalar que un grupo de la delincuencia organizada que mantiene el control del lugar estaba afectando a los campesinos.
“De este modo, la autodenominada Policía Comunitaria Por la Paz y la Justicia de Chilapa, ha difundido a través de diversos medios de comunicación, como la prensa escrita y redes sociales, que regresará a la cabecera municipal el día 12 de octubre próximo para restablecer la seguridad en sus comunidades debido a que se incumplió con el compromiso de frenar los levantones, asesinatos y extorsiones que denunciaron en mayo pasado”, indicó la diputada del PRI.
Agregó que ante la gravedad de la problemática de inseguridad que se vive en Chilapa, y ante el riesgo inminente de que esta situación se agrave aún más con la incursión en la cabecera municipal de grupos de ciudadanos inconformes, “es necesario y urgente la intervención del gobierno del estado, para que se le ponga atención inmediata al tema de la inseguridad, pues en Chilapa como en Guerrero, ya no queremos más violencia”.
Intervino ante de la votación la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros, para decir que el gobierno de Peña Nieto está extraviado y sólo sirve a la oligarquía.
Y sobre el caso Chilapa cuestionó: “¿creen que con la policía van a combatir al crimen organizado? Van a enfrentar al pueblo organizado”.
Quiso interpelarla el diputado del PRI, Héctor Vicario Castrejón, pero la diputada Morena no le hizo caso, y terminó su intervención: “¿así es como quieren imponer el orden y la paz?”.
Entonces intervino el diputado priista de Olinalá, Eusebio González Rodríguez, y respondió a la diputada de Morena que el gobierno de Héctor Astudillo habrá de contribuir a la construcción de la paz en el estado y en Chilapa, porque coordinará y atenderá las exigencias y realizará las acciones para evitar ser omiso.
Enseguida se votó el punto de acuerdo y se aprobó por unanimidad, incluido el voto de abstención de Morena.