Plaza Pública

Ahumada a juicio  

Miguel Ángel Granados Chapa  

En la madrugada y en la tarde de ayer a Carlos Ahumada debieron zumbarle los oídos, como se dice cuando se habla de uno. Fue protagonista de dos sucesos emparentados entre sí, que son en realidad dos caras de un mismo conflicto.

Por una parte, a primera hora del miércoles, cuando se cumplió el amplio término del que dispuso el juez undécimo penal del Distrito Federal, Carlos Ahumada quedó sujeto a proceso. A las 144 horas de haberlo recibido, el juzgador dictó auto de formal prisión porque le quedó claro que el empresario que hace más de dos meses está en el centro del debate nacional se benefició de más de 31 millones de pesos pagados sin causa legal ninguna por funcionarios del gobierno capitalino que están todos siendo perseguidos por la Procuraduría de Justicia de la ciudad sin que, sin embargo, haya sido posible detenerlos, lo que constituye un hueco insoslayable.

En medio de las complicaciones legales y el escándalo político suscitado por la presentación de videos vinculados con la actividad delictuosa de Ahumada, esa decisión judicial consolida la única averiguación que aborda los ilícitos atribuídos a ese empresario. La Procuraduría General de la República, que desde hace dos meses investiga, según ha dicho, al propio Ahumada por operaciones con recursos de procedencia ilícita –es decir, lavado de dinero– no ha sido capaz de formalizar una acusación, distraída quizá en una acción de sentido contrario, que es proteger al ahora procesado, aunque su protección sea tardía como parece sentir el propio afectado.

Por la tarde de ayer mismo, en la vertiente diplomática de los conflictos Ahumada fue también personaje central. Durante más de tres horas, el canciller Felipe Pérez Roque presentó la posición cubana respecto de la crisis que ha colocado a la relación de su país y el nuestro en su punto más bajo en la historia centenaria de los vínculos bilaterales. Y, como se esperaba, en una suerte de justicia poética, el individuo que hizo aparecer en videograbaciones a sus presuntos extorsionadores y en cierto sentido víctimas suyos, fue mostrado en un video. En él se explaya narrando cómo en su perjuicio se faltó a un compromiso entre él mismo y personas que no identifica, pero que son identificables, respecto de la protección de que disfrutaría al lanzar la ronda de revelaciones sobre el dinero que entregó a René Bejarano y Carlos Imaz, y sobre la corrupción, causada también por él, de Gustavo Ponce, el todavía prófugo ex secretario de finanzas.

Ahumada parece referirse a funcionarios de la PGR, o personas capaces de influir en las decisiones del Ministerio Público Federal, pues explicó que en vez de cumplir esos compromisos, ahora se le investiga por lavado de dinero. Refuerza la posibilidad de que sea esa dependencia donde se pactó la protección al empresario, no sólo el conjunto de deferencias con que se le obsequió durante las cinco horas iniciales de su retorno a México, sino el desmentido anticipado que la Subprocuraduría de Derechos Humanos difundió sobre las declaraciones de Ahumada en Cuba, cuando todavía no se conocían. Tal como se la ha hecho decir al ahora procesado, la PGR asegura que sus dichos no son espontáneos, sino que le fueron presentados para su firma. Sólo que no se trata de un testimonio escrito, sino de exposiciones hechas de viva voz por Ahumada, donde no se advierte que el relato sea resultado de presión alguna. Él mismo se refiere explícitamente a esa circunstancia, y la apreciación que se desprende de conocer los videos es que se trata de una conversación acaso inducida pero no conducida bajo presión. Claro que el video presentado en dos momentos fue sujeto a edición, y sintetiza en menos de cinco minutos lo que seguramente se expuso en mucho más tiempo. Pero presenta a un Ahumada fluido y tranquilo, con dificultades para articular algunas expresiones, pero no distintas de las que mostraba en su vida cotidiana antes de quedar en el ojo de la tormenta.

Cuando la PGR dictaminó, de antemano, que la declaración de Ahumada fue obtenida bajo presión sicológica, trataba probablemente de curarse en salud, de impedir que funcionarios de esa procuraduría federal fueran mostrados como autores de una maniobra en que se le solicitaron a Ahumada las videograbaciones que llevó a cabo en su oficina a cambio de protección legal y política y aun dinero en efectivo y nada de eso se cumplió. En esa vertiente, y comenzado ya el proceso contra Ahumada, la indagación jurídica y política que es secuela obligada de esos hechos debe orientarse a determinar a quién se refirió como sus interlocutores el ahora procesado.

Por lo que hace al conflicto entre los gobiernos, y a reserva de lo que diga el de México respecto de la larga conferencia de medios ofrecida por Pérez Roque –algo que los lectores conocerán a la misma hora que lean estas líneas–, pareció abrirse una rendija al entendimiento. No al borrón y cuenta nueva, pues las lesiones suscitadas por esta querella no sanan en corto tiempo. Pero la nota diplomática del canciller Luis Ernesto Derbez emitida el martes, y que parecía dirigirse a dos objetivos, un control de daños anticipado, y un comienzo de reconsideración, será contestada en este último tono por Pérez Roque. No incurrió el canciller cubano en el despropósito de informar primero a los medios de una posición que debe conocer la cancillería mexicana antes que nadie. Pero es probable que comience la etapa en que se restañen las heridas, sin reparar en quién las produjo.