¡Cuba, sí!

Carlos Rojas

La decisión del gobierno mexicano de retirar a la embajadora en Cuba y expulsar sin la menor cortesía a su representante diplomático en nuestro país es un nuevo despropósito de la administración foxista. Así ha sido durante los últimos tres años, en los cuales las relaciones internacionales han ido de tropiezo en tropiezo y ha prevalecido la falta de sensibilidad y visión de estado del presidente en esta materia.

En el reciente asunto de Cuba, el problema surge esencialmente por la incapacidad para comprender el valor estratégico que tiene la relación y por la indolencia hacia principios tan elementales como el respeto y la solidaridad hacia un pueblo que requiere apoyo internacional, para superar las difíciles condiciones económicas provocadas por el bloqueo estadunidense.

Lamentablemente, el distanciamiento foxista ha sido definido fundamentalmente por razones personales en las que se incluyen las animadversiones de quien tiene la grave responsabilidad de representar a todos los mexicanos, por encima de sus afectos, simpatías, prejuicios ideológicos o compromisos políticos, para promover los intereses nacionales. Quizá el rompimiento de facto con el régimen cubano se deba a la subordinación incondicional hacia una política imperialista, de la cual tampoco ha obtenido ventaja alguna para el país o tal vez sea el pago de una factura pendiente, producto de la sospechosa relación con la disidencia cubana radicada en Miami, la cual nunca ha sido suficientemente aclarada, particularmente en lo que se refiere a los apoyos recibidos para la campaña de 2000.

La disminución en el nivel de las relaciones, como eufemísticamente la llama el señor Derbez, obedece a una reacción caprichosa y una inexplicable hipersensibilidad más que al resultado de una reflexión razonada y profunda. La cual, no está por demás decirlo, no compartimos la mayoría de los mexicanos. Los argumentos que el gobierno ha esgrimido no satisfacen a nadie y, por el contrario, hacen suponer que se trata de una actitud temerosa o un intento de vacunarse ante posibles revelaciones que podrían generar un problema político mayor en nuestro país.

Más allá de que si la administración foxista se dedica a organizar complots contra sus adversarios, lo que sí es evidente es el menosprecio hacia Cuba.

Si no cómo explicar que el gobierno no haya reaccionado de igual forma cuando México, la misma administración y, con frecuencia, los migrantes reciben un trato irrespetuoso por parte de autoridades extranjeras. Es decir, somos dignos y orgullosos con los débiles y omisos y abyectos con los poderosos.

Si el gobierno actuara siempre con tanta gallardía, también debería reaccionar con energía y firmeza ante la violación de los derechos de medio centenar de condenados a muerte en Estados Unidos; el sistemático atropello y vejaciones de las que son víctimas nuestros paisanos; o las claras intromisiones de algún gobierno extranjero que indebidamente lleva a cabo actividades para salvaguardar su seguridad en México, con la complacencia y colaboración del gobierno foxista. Curiosamente, ahí se pierde todo el valor y se recurre al discurso obsequioso, al reconocimiento y hasta a la apariencia de dudosas amistades.

Es una pena que una relación de mutua solidaridad y cooperación quede a la deriva sólo porque se percibe herida la susceptibilidad personal del presidente. Los exabruptos, en ningún caso y vengan de donde vengan, son aceptables. En este asunto, como en todos los que involucran a la política exterior, los únicos intereses que deben prevalecer son los de México. Por ello, el problema exige prudencia, mesura y, sobre todo inteligencia, para recuperar una relación que es útil y enorgullece a los mexicanos.

Las razones expuestas por el secretario de Gobernación para expulsar a algunos diplomáticos cubanos, por haberse supuestamente extralimitado en sus atribuciones son frágiles y dan pie a innumerables sospechas. En todo caso, si vivimos en un país democrático debería fundamentar sus afirmaciones y, entre otras cosas, aclarar por qué la dependencia a su cargo espía a los partidos políticos. Más aun, en aras de la transparencia y la rendición de cuentas, está obligado a informar, en principio, al Senado de la República si es que está en riesgo la soberanía y, por supuesto, someter sus razonamientos a la evaluación de la opinión pública.

Escudarse en la confidencialidad para ocultar prácticas antidemocráticas y quizá al margen de la ley es inaceptable desde cualquier óptica. Debe salir a la luz toda la verdad y deben demostrarse de manera fehaciente y creíble las graves acusaciones que han lanzado contra un régimen y un pueblo hermano que por principio merecen todo nuestro respeto y consideración.

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