Sale libre hermano del ex gobernador Aguirre; no se le comprobó lavado de dinero, dice juez

*De los nueve indiciados acusados de lavar más de 268 millones de pesos, sólo él obtiene la libertad y el resto continuarán presos, entre ellos Luis Ángel Aguirre Pérez, también sobrino del ex gobernador. De acuerdo con la PGR, usaban empresas para desviar dinero del erario hacia cuentas personales. Acata la PGR la decisión, pero dice que continuará investigando los hechos

Ocho meses después de haber sido recluido en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano acusado de desviar dinero público hacia cuentas personales, el hermano del gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero, Carlos Mateo Aguirre Rivero, fue puesto en libertad ayer en la madrugada.
El que fuera poderoso funcionario, con cargo o sin cargo, del gobierno que terminó tras los ataques a los normalistas de Ayotzinapa en Iguala, fue detenido junto a su sobrino Luis Ángel Aguirre Pérez, ex director general de la Oficina del gobernador; el ex subsecretario de Finanzas, Víctor Ignacio Hughes Alcocer, su hermano, Henry Paul Hughes Alcocer y a sus sobrinos Paulo Ignacio, Víctor Felipe, Alejandro Carlos, Mauricio Francisco y Jorge Eduardo Hughes Acosta, el pasado 10 de febrero acusados del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La decisión judicial ocurre en el contexto del reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –que cumplió una gira de cinco días por el país– y de la visita del Alto Comisionado de la ONU, que han recomendado que se abran nuevas líneas de investigación para conocer la verdad de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y de la reciente comparecencia en la PGR del gobernador con licencia Ángel Aguirre.
Éste, además, ha sido citado a una reunión para el próximo viernes 16 por la comisión especial de la Cámara de Diputados que sigue las investigaciones del caso Iguala.
Un tribunal federal ordenó la libertad de Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano del ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, al estimar que la PGR no acreditó que lavara casi 32 millones de pesos del erario.
Al mismo tiempo, confirmó la formal prisión a otros 8 implicados en el supuesto desvío y lavado de 268 millones de pesos, incluido Luis Ángel Aguirre Pérez, sobrino del ex gobernador, quienes continuarán presos.
Arturo Rafael Segura Madueño, magistrado del Segundo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Guanajuato, revocó la formal prisión dictada a Aguirre, informaron fuentes legales.
Agregaron que durante la madrugada de este jueves abandonaría el Reclusorio Sur del DF, lugar donde por motivos de salud estaba internado desde principios de junio, luego de cuatro meses en el Penal del Altiplano.
El magistrado Segura dejó sin efecto el fallo con que el Juzgado Quinto de Distrito en Procesos Penales de Toluca le abrió un juicio por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido coloquialmente como lavado de dinero.
De acuerdo con la información recabada, de los 9 indiciados acusados de lavar más de 268 millones de pesos, desviados desde el erario, Carlos Mateo Aguirre fue el único al que le dictaron la libertad.
El titular del tribunal unitario auxiliar ratificó la formal prisión por lavado a Luis Ángel Aguirre Pérez, sobrino de Ángel Aguirre, y Víctor Ignacio Hughes Alcocer, ex subsecretario de Finanzas de Guerrero.
También a su hermano Henry Paul Hughes Alcocer y a sus sobrinos Paulo Ignacio, Alejandro Carlos, Mauricio Francisco y Jorge Eduardo Hughes Acosta, agregaron las fuentes legales consultadas.
La acusación de la PGR señala que las empresas Comercializadora 2003 y Constructora Trabesa desviaron en forma presuntamente ilícita 268 millones 764 mil 594 pesos a ex funcionarios del gobierno estatal y sus parentelas.
El dinero, acusan la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera, constituye alrededor del 25 por ciento de los mil 99 millones 310 mil 916 pesos que recibieron dichas empresas por contratos de obra pública entre enero de 2011 y octubre de 2014.
La mecánica consistía en que las empresas cobraban contratos y luego depositaban el dinero a los familiares y funcionarios con quienes no tenían ninguna relación contractual.
Según la acusación, Carlos Mateo Aguirre Rivero recibió depósitos de Comercializadora 2003 y Trabesa por una suma de 31 millones 941 mil 700 pesos, e incluso el propio Ángel Aguirre registró un millón de pesos de la misma procedencia.
El 10 de febrero pasado el hermano y el sobrino del ex gobernador, así como varios de los Hughes, fueron detenidos por la PGR en Chilpancingo.
Datos consultados refieren que, antes de ser procesado, Carlos Mateo Aguirre presentó al juzgado pruebas de descargo que acreditaban el origen legal de los depósitos.
Fue el único que pudo entregar a tiempo esas pruebas y, al final, también el único que consiguió su libertad.
En la instancia de apelación, los abogados Roberto García y Guillermo Barradas presentaron documentos que establecen que el 20 de junio de 2013 el hermano del ex gobernador adquirió una fracción del predio ubicado en la Antigua Hacienda de San Miguel del Salado, en Puebla, y que en julio y agosto de 2014 convenció a la compañía de participar en el proyecto.
El 18 de septiembre de 2014, en cumplimiento a un convenio, la empresa hizo 4 transferencias a Aguirre por un total de 30 millones, razón por la cual se revocó la formal prisión dictada a Aguirre por el Juzgado Quinto de Distrito en Procesos Penales de Toluca, por el delito de lavado.

Los detenidos y las empresas

El 10 de febrero de este años la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo y encarceló a Carlos Mateo Aguirre Rivero, hermano del gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero, y al sobrino de ambos Luis Ángel Aguirre Pérez, ex director general de la oficina del gobernador; al ex director general de Desarrollo Urbano, Paulo Hughes Acosta; y los hermanos Mauricio Francisco, Alejandro Carlos y Jorge Eduardo Hughes Acosta.
El 11 de febrero la Procuraduría informó de la detención del ex subsecretario de Administración y Finanzas Víctor Ignacio Hughes Alcocer, padre de el ex secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Víctor Felipe Hughes Acosta. Ese mismo día también informó de la captura de Henry Paul Hughes Alcocer, de 47 años de edad, y Víctor Felipe Hughes Acosta, de 37 años de edad, en Acapulco. Los nueve fueron acusados de haber desviado dinero público de los contratos que obtuvieron las empresas Trabesa, Comercializadora 2003 y Topacio con entidades de gobierno hacia sus cuentas personales.
De acuerdo con la PGR “sin tener vínculo corporativo o relación comercial con empresas que obtuvieron contratos de obra pública en el estado de Guerrero, recibieron durante los Ejercicios de 2012, 2013, 2014, recursos provenientes del erario público local y federal en sus cuentas bancarias personales”.
De acuerdo con El Universal en una nota publicada el 13 de febrero la delegación del ISSSTE en Guerrero, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y los gobiernos de Hidalgo, Morelos y Guerrero contrataron los servicios de Comercializadora 2003.
El gobierno de Hidalgo del priista José Francisco Olvera Ruiz pagó a Comercializadora 2003 67 millones 742 mil 531 pesos por la construcción del sistema de aguas residuales. El gobierno de Morelos del perredista Graco Ramírez Garrido Abreu pagó a la constructora del hermano de Aguirre para tres obras por un valor total de 40 millones 158 mil 834 pesos por la red de alcantarillado y agua potable.
El gobierno de Aguirre Rivero contrató a la empresa de su hermano para la ejecución de 10 obras, que dan un monto total de 141 millones 52 mil 54 pesos.
La SCT contrató en 12 ocasiones a Comercializadora 2003 en total pagó por sus servicios  114 millones 826 mil pesos.
La CFE contrató a Comercializadora 2003 para dos obras por un monto total de 93 millones 726 mil 943 pesos.
Los acusados fueron encarcelados en el penal del Altiplano del Estado de México. De la investigación la Procuraduría General de la República informó que eran 18 los acusados de desvío de recursos pero no informó de las acciones emprendidas para detener a los demás implicados en la trama del desvío de dinero público.
Comercializadora 2003 SA de CV que se utilizaba para triangular dinero del erario hacia cuentas personales del hermano y sobrino del gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero, Carlos Mateo Aguirre Rivero y Luis Ángel Aguirre Pérez y a siete integrantes de la familia Hughes Alcocer y Hughes Acosta es un pequeño local ubicado en la zona suburbana de Acapulco.
El local está ubicado en la colonia La Esperanza sobre la carretera Cayaco-Puerto Marqués, frente a la comercializadora de abarrotes Mega Merza.
Es un local de un solo nivel de unos 15 metros de ancho por 10 metros de largo, tiene dos accesos, uno por la carretera Cayaco-Puerto Marqueé que es el principal y forma parte de la fachada del local y otra puerta por la parte trasera en la calle Simón Bolívar.
Comercializadora 2003 se dedicaba a la venta de materiales para la construcción, ligada a la cadena Construrama, de acuerdo con el letrero que está en su fachada. En local se puede comprar cemento, arena, varilla, block, castillos y renta de cimbra.
El 11 de febrero, luego del escándalo por la detención y encarcelamiento de su hermano Carlos Mateo Aguirre Rivero y su sobrino Luis Ángel Aguirre Pérez y siete integrantes de la familia Hughes Alcocer y Hughes Acosta, el gobernador con licencia Ángel Aguirre Rivero renunció al PRD y dijo que estaba disposición de las autoridades.
Otra consecuencia del escándalo, fue que el hijo del gobernador, Ángel Aguirre Herrera, se retirara de la contienda interna del PRD por la candidatura a la presidencia municipal de Acapulco.

El hermano de Ángel Aguirre

Carlos Mateo Aguirre Rivero hermano del gobernador con licencia Ángel Aguirre es ingeniero mecánico por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), propietario de los ranchos Las Tortolitas y San Carlos, en Ometepec. Ambos ranchos forman parte de la Asociación Mexicana de Criadores de Ganado Suizo de Registro.
En la administración pública el trabajo de Mateo Aguirre ha estado ligado a los cargos públicos que ha desempeñado su hermano en la política. En el periodo de Aguirre Rivero como gobernador constitucional fue nombrado coordinador general del Ejecutivo, un cargo creado por Zeferino Torreblanca para su entonces asesor Humberto Sermiento Luebert y que desempeñaba las funciones de jefe de gabinete.
El nombre del hermano del gobernador salió a la luz publica con fuerza en mayo de 2011 en medios de comunicación nacional como un ejemplo de nepotismo en la administración de Aguirre Rivero pues ocupaba un cargo de relevancia dentro del gabinete estatal, que muchos lo identificaron como el vicegobernador.
Días después del escándalo de nepotismo el gobernador removió a sus familiares cercanos de la nómina, entre ellos a Carlos Mateo Aguirre, quien en abril de 2012 se integró al gobierno federal como director del Centro SCT de Morelos, cargo que ocupó hasta febrero de 2014.
En el periodo de Aguirre Rivero como gobernador interino (1996-1999), Carlos Mateo Aguirre fue director de administración de los servicios estatales de Salud, cargo que dejó para encargarse del control de la obra pública en el estado donde se le conoció con el mote del Señor 10 por ciento (por el porcentaje de comisión que se dice pedía por autorizar obras), de acuerdo con las publicaciones hechas por este medio en 1998.

Notifican a PGR revocación de auto de formal prisión

La Procuraduría General de la República (PGR), a través del Agente del Ministerio Público de la Federación, fue notificada este jueves de la resolución judicial que revocó el auto de formal prisión que, en su momento, se dictó en contra de Carlos Mateo Aguirre Rivero, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
De acuerdo con un comunicado de la dependencia, tal decisión judicial se acató, sin que ello necesariamente implique que se coincide con el criterio asumido. Tampoco conlleva que se deje de investigar los presentes hechos y la participación probable que tengan otras personas en los mismos.
Por ello, el Agente del Ministerio Público de la  Federación continúa con el proceso de allegarse de nuevas pruebas para, en su caso, proceder nuevamente en contra, informa el comunicado.
“Asimismo se prosigue la secuela procesal en contra de los demás implicados en este asunto, en virtud de que la formal prisión fue confirmada” (Con información de la Agencia Reforma/Ciudad de México).