Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

*El general Cienfuegos, vocero del gobierno

El mismo día que el presidente Enrique Peña Nieto proclamó que la sociedad mexicana no puede permitir gobiernos autoritarios y cerrados a la transparencia, porque chocan con la democracia, la vocería de su gobierno fue asumida por el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, para protagonizar un ejercicio perfecto de cerrazón, falta de transparencia y una apreciable cuota de autoritarismo.
Uniformado y en actitud marcial, el general Cienfuegos apareció la noche del lunes en una entrevista con el principal noticiero de Televisa –que se fragmentó en tres partes y se transmitió en los siguientes dos días y en todos los noticieros de la empresa– para fijar de una vez por todas la posición del Ejército sobre la petición de los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de entrevistar o interrogar a los militares que participaron, atendieron o presenciaron el ataque contra los normalistas de Ayotzinapa.
Bajo el supuesto de que “no hubo omisión ni tampoco acción en contra de nadie” por parte de los militares, como ha sostenido la Procuraduría General de la República, el general Cienfuegos dijo que “yo he estado en la posición de que no tienen por qué declarar los soldados, porque no hay un señalamiento claro de algún involucramiento”. Además, “nosotros solamente respondemos a las autoridades ministeriales mexicanas”, explicó. En consecuencia, “no me queda claro ni puedo permitir que interroguen a mis soldados, que no cometieron hasta ahorita ningún delito, ¿qué quieren saber?, ¿qué sabían los soldados?, está todo declarado”, precisó, en referencia a las declaraciones levantadas por la PGR entre los militares. Para el jefe del Ejército, se pretende involucrar a los militares del 27 Batallón de Infantería de Iguala en el ataque y la desaparición de los normalistas “sólo porque a alguien se le ocurrió”, lo que “creo que es algo muy grave”.
La singularidad de esta experiencia de comunicación institucional, sin precedente en la historia moderna de México, tuvo un ingrediente adicional en el estilo que el general Salvador Cienfuegos le imprimió al hablar en primera persona y señalar que estaba de por medio su prestigio, el suyo, no solamente el del Ejército, en la eventualidad de que los militares fueran interrogados por el Grupo de Expertos de la CIDH, lo cual introduce una distorsión –otra más– en el manejo que el gobierno federal ha dado al caso Ayotzinapa.
Le indigna al secretario de la Defensa “que a los soldados los traten como criminales y los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver y no apoyarlos”, pero ese argumento es falso de origen. El interés principal de los expertos de la CIDH es que los militares den su testimonio, y a la sociedad le interesa mucho que sea la CIDH la que recoja tales testimonios aunque ya hayan declarado ante la PGR, por el descrédito de esta institución.
Si no hay responsabilidad de los militares en los hechos no debiera existir en el Ejército ningún temor de que sean tratados “como criminales”, lo que tampoco ha sucedido hasta ahora. Pero la renuencia del Ejército a responder las preguntas de los expertos independientes despierta suspicacia. Por otra parte resulta retórico el argumento del general Cienfuegos, de que el grupo de la CIDH no tiene jurisdicción ni facultades para interrogar a los militares, pues la pertenencia de México a la Organización de Estados Americanos genera obligaciones generales que el gobierno del país no puede simplemente ignorar, y acatar las recomendaciones del grupo de trabajo es una de ellas. En tal caso la misión de la CIDH no podría entrevistarse en México con nadie, porque en efecto, no es autoridad nacional, pero su actividad es realizada al amparo de convenios y compromisos vinculantes.
En última instancia, desde cualquier punto de vista es superior el interés de buscar la verdad sobre lo sucedido realmente aquella noche en Iguala, y alegar el honor militar para impedir un procedimiento jurídico como el que aspira a practicar la CIDH viene a ser un obstáculo habilidoso, detrás del cual se advierte falta de transparencia, una vocación autoritaria como la que condenó Peña Nieto, o la pretensión franca de ocultar el verdadero papel que tuvieron los militares durante el ataque contra los normalistas.
El interrogatorio que el Grupo de Expertos plantea realizar se justifica en el hecho de que día a día aparecen datos y testimonios que al menos sitúan al Ejército como parte de los acontecimientos. Debe subrayarse que la presunción de que los militares podrían no ser ajenos a la agresión contra los estudiantes, y por lo tanto deben ser investigados, no proviene de una simple sospecha, sino de información de carácter oficial, precisamente de las declaraciones que los soldados ya rindieron ante la PGR.
Con base en el expediente de la PGR, el grupo de la CIDH demostró en su informe preliminar del 6 de septiembre que no sólo el Ejército, sino también la Policía Federal y la Policía y el gobierno del estado de Guerrero, además obviamente del gobierno municipal de Iguala, estuvieron informados paso a paso de lo que hacían los estudiantes, siempre e incluidos los momentos en los que fueron acribillados. Lo que no ha sido esclarecido es por qué, en esas circunstancias ya comprobadas, ninguna autoridad hizo nada para defender a los estudiantes, particularmente el Ejército, la fuerza con mayor capacidad de fuego y cuyo mayor interés –dijo también el general Cienfuegos– es el ciudadano.
La cerrazón gubernamental y la protección que el poder brinda a las fuerzas armadas para sustraerse a la investigación, expuesta con toda claridad por el secretario de la Defensa, originan un daño de grandes dimensiones al orden institucional del país y nutren la impunidad, esa que parece la piel del sistema político. El Ejército no puede pretenderse intocable como sucedía en la era del antiguo régimen, cuando el brazo de la ley no lo alcanzaba sin importar la gravedad de los crímenes en que se involucraban sus miembros. Y finalmente no es el prestigio del secretario de la Defensa el que queda comprometido, sino el funcionamiento de la justicia.
Es por eso justamente que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, puso de manifiesto el miércoles al término de su visita al país, la intolerancia con la que el gobierno de Peña Nieto reacciona a los informes críticos sobre los derechos humanos. “Desafortunadamente, esta intolerancia ante la crítica pública también se ha manifestado en reacciones a otros informes internacionales más recientes sobre México”, dijo el representante de la ONU en referencia al informe de la CIDH y anteriores señalamientos por la persistencia de la tortura como práctica ordinaria entre las policías mexicanas. Al Hussein, por cierto, también respaldó el informe del grupo de expertos de la CIDH y su petición de reunirse con los militares de Iguala.

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