México, bajo jurisdicción de la CIDH, replica la CNDH

*Corresponde al gobierno atender las recomendaciones de los organismos internacionales en derechos humanos, exhorta

*Preocupa a la CIDH que los militares estén por encima de las autoridades civiles, expresa Alvarez Icaza sobre declaraciones del secretario de la Defensa

*Insistirá en que los integrantes del 27 Batallón de Infantería de Iguala sean interrogados por los miembros del GIEI

*El martes 20 presentará oficialmente en el organismo interamericano el informe sobre Ayotzinapa, confirma el grupo de expertos

*Respaldan los cuatro obispos del estado el informe de la CIDH; “es un diagnóstico real de la situación”, afirman

*Anuncia la procuradora Arely Gómez la fiscalía para desaparecidos y un nuevo peritaje a cargo de siete expertos extranjeros

Nos toca atender las recomendaciones de los organismos internacionales, exhorta la CNDH

Agencia Reforma

Mérida

Al reconocer la jurisdicción universal de la ONU y del sistema interamericano sobre las garantías fundamentales, México se insertó en el concierto internacional, por lo que ahora se debe atender lo que le recomiendan, señaló ayer Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Yo exhorto a que se atiendan las recomendaciones de los organismos internacionales, entendiendo que (éstos) son complementarios o subsidiarios de las instituciones nacionales.
“Entonces entendamos, y es importante que así lo establezcamos, México se insertó en el concierto internacional al reconocer la jurisdicción universal de la ONU y del sistema interamericano, ahora nos toca atender lo que recomiendan”, dijo en entrevista.
En medio del diferendo suscitado por recientes intervenciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), el ombudsman subrayó que la CNDH realiza investigaciones serias, objetivas, imparciales y sustentadas en evidencias.
Algunas de ellas, agregó, han servido para la integración de reportes oficiales, como el del Comité de Desapariciones de la ONU.
Tras la inauguración de la 12 Conferencia Internacional de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de Derechos Humanos, que se celebra en Mérida, equiparó los problemas de México con una “enfermedad” ya diagnosticada.
“Aquí hay un diagnóstico donde ha habido coincidencia del sistema universal, del sistema interamericano; se ha señalado que tenemos problemas de derechos humanos en materia de desapariciones, de tortura, hemos tenido ejecuciones extrajudiciales, tenemos problemas en materia de migración”, agregó.
González Pérez ponderó que los pronunciamientos de la CNDH en el sentido de que los derechos humanos en el país están crisis –con más gravedad en algunas regiones–, han sido coincidentes con la postura de Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de ONU.
Al referirse al caso de los normalistas de Ayotzinapa, señaló que la CNDH evalúa las respuestas de la PGR sobre las 26 acciones que se le requirieron desde el 23 de julio.
“El caso Iguala es un expediente abierto en la CNDH y lo que buscamos precisamente es que se conozca la verdad, determinar las violaciones a derechos humanos de tan lastimoso asunto”, dijo.

Verdad y justicia en caso Iguala, ofrece Roberto Campa

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa, refrendó ayer que en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos prevalecerá la ley y castigo para los responsables.
“El Gobierno de México, bajo el escrutinio del sistema internacional, ratifica su compromiso de llegar a la verdad y hacer justicia”, afirmó.
En la apertura de la 12 Conferencia del Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de Derechos Humanos (CIC), planteó la versión oficial sobre la tragedia ocurrida en Iguala, Guerrero.
“Comprometemos, reitero, reiteramos el compromiso de llegar a la verdad y hacer justicia”, insistió.

Preocupa a la CIDH que los militares estén por encima de las autoridades civiles en México

*Insistirá en que los integrantes del 27 Batallón de Infantería de Iguala sean interrogados por los miembros del GIEI, declara en conferencia de prensa el secretario ejecutivo Emilio Álvarez Icaza Longoria

Agencia Proceso

Washington

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por las recientes declaraciones del general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quien subrayó que no permitirá que los militares sean interrogados por extranjeros.
No obstante, el organismo dijo que confía en que sea el presidente Enrique Peña Nieto quien realmente mande en México.
“Por supuesto que preocupa que el secretario de la Defensa diga que no va a haber acceso (a los militares)”, declaró en conferencia de prensa Emilio Álvarez Icaza Longoria, secretario ejecutivo de la CIDH.
Al anunciar el calendario de audiencias en materia de derechos humanos del 156 periodo de sesiones, que se realizarán del 17 al 18 de octubre en esta capital estadunidense, Álvarez Icaza expresó su esperanza de que lo declarado por el general Cienfuegos no sea un indicio de que quienes mandan en México son los militares y no las autoridades civiles.
En la conferencia de prensa, Álvarez Icaza destacó que pese a lo establecido por el titular de la Sedena, la CIDH insistirá en que los militares integrantes del 27 Batallón de Infantería de Iguala sean interrogados por los miembros del GIEI, quienes recientemente emitieron un informe sobre el caso Ayotzinapa, en el que solicitan al gobierno de Enrique Pena Nieto que se les permita interrogar a los soldados que saben de lo ocurrido en Iguala.
“En su caso, entiendo que quienes mandan en México son las autoridades civiles. En su caso será el presidente de la Republica el que tendría que tomar la última decisión. De no ser el caso que nos notifiquen que no son las autoridades civiles las que mandan y entenderíamos entonces que las palabras del secretario de la Defensa son las últimas”, enfatizó el ex ombudsman de la capital mexicana.
De acuerdo con el secretario ejecutivo de la CIDH, el gobierno de Peña Nieto, que ha minimizado y descalificado el informe del GIEI sobre el caso de los normalistas de Ayotzinapa, está obligado a cumplir con las solicitudes que se le hicieron, tomando en cuenta que México forma parte de la comunidad del Sistema Interamericano.
Y por ello mismo, resaltó, el GIEI puede interrogar a los militares. “Es del dominio público que estuvieron enterados” de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, acotó.
“Hasta donde yo entiendo la Constitución dice que las autoridades civiles son las que toman las últimas decisiones. Esperaríamos, en congruencia con lo que se ha anunciado, que el GIEI tenga acceso”, insistió Álvarez Icaza.
“Posteriormente salió el secretario de la Defensa a decir lo que dijo. No es usual que un secretario de la Defensa saliera a hacer declaraciones y nos llamó la atención. Pero la Comisión va a seguir insistiendo en ese tema, un tema básico de normalidad democrática, de rendición de cuentas”, concluyó.
Al hablar de la situación de los derechos humanos en México, Álvarez Icaza no titubeó en calificarla de “delicada” y preocupante. Esta visión, explicó, incluso fue señalada por el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,Zeid Ra´ad Al Hussein, en la visita que hizo esta semana a México.
La gravedad del caso sobre el deterioro del respeto a los derechos humanos en México, subrayó, se refleja también en el calendario de audiencias de la CIDH.
Junto con Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela, México será sujeto a cuatro audiencias en el 156 periodo de sesiones. Una de ellas se realizará por determinación de la misma CIDH, precisamente para abordar el caso de los normalistas de Ayotzinapa y en la cual se presentará el informe sobre el caso que elaboró el GIEI.
“El año pasado se hicieron mil 800 peticiones de audiencias sobre derechos humanos a la CIDH; de éstas, 500 fueron de México”, remató Álvarez Icaza, con lo que subrayó la gravedad de las violaciones a los derechos humanos de los mexicanos.

El próximo martes 20 presentarán ante la CIDH el reporte sobre Ayotzinapa, confirma el GIEI

Agencia Proceso

Ciudad de México

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentará el reporte “Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa” ante el pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el próximo martes 20 en su sede en Washington.
Al dar a conocer el calendario de audiencias del 156 periodo de sesiones, la CIDH informó que durante la presentación del documento por los integrantes del GIEI participarán en el debate representantes del Estado mexicano y los abogados de los familiares de las víctimas y sobrevivientes, miembros de los centro de derechos humanos Agustín Pro Juárez y de la Montaña-Tlachinollan.
En el salón Rubén Darío de la sede de la CIDH también se llevaran a cabo otras tres audiencias sobre casos y contextos de violaciones a derechos humanos cometidos en México.
De acuerdo con el programa, se presentará la resolución de fondo de la matanza de Acteal, Chiapas, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, durante el gobierno del priista Ernesto Zedillo.
En esa audiencia, además de representantes del Estado mexicano, participarán los peticionarios, la organización Las Abejas de Acteal y el Centro Fray Bartolomé de las Casas.
Ese martes 20 los comisionados de la CIDH también presenciarán la audiencia temática “Derechos humanos y políticas de drogas en México”, promovida por cerca de 20 ONG, entre ellas la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, México Unido contra la Delincuencia, Organización Mundial contra la Tortura, Instituto Robert F. Kennedy para los Derechos Humanos, Red Todos los Derechos para Todas y Todos, Open Society Justice Initiative y Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, entre otras.
En tanto que una treintena de organizaciones promovieron la audiencia temática “Denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en México”. Entre las promotoras están Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, Artículo 19, Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, Centro Bartolomé Carrasco Briseño, Human Rights Watch y Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, entre otras.
Las audiencias para abordar casos mexicanos iniciarán a las 11:30, hora de Washington, y serán transmitidas a través de la página de Internet de la CIDH.

Respaldan los obispos del estado el informe de la CIDH sobre la crisis de derechos humanos

Jacob Morales Antonio

Los obispos de la provincia eclesiástica de Acapulco, que comprende las arquidiócesis de Acapulco, Chilpancingo-Chilapa, Ciudad Altamirano y Tlapa, manifestaron que el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) “es un diagnóstico real de la situación” de los derechos humanos en el país.
La iglesia exhortó “al gobierno mexicano y a quien corresponda a asumir con prontitud las recomendaciones hechas por la CIDH” en el informe preliminar presentado el viernes pasado, con particular énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura.
Los obispos se refirieron a la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia, la impunidad, la situación de riesgo de los periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de violencia en México.
En un comunicado divulgado la tarde de ayer en el portal de la Conferencia del Episcopado Mexicano, los obispos de Guerrero respaldaron el informe preliminar de la CIDH y afirmaron que es “la voz, el sentir y el pensar de las víctimas”.
La Iglesia llamó al gobierno y a la sociedad a “abrirnos a la verdad como condición mínima para alcanzar la justicia y construir la paz” en el país.
“El informe de la CIDH es un diagnóstico real de la situación de los derechos humanos en México. Es la voz, el sentir y el pensar de las víctimas”, se lee en el comunicado.
Los obispos del estado exhortaron al Estado mexicano y sus instituciones para que estén “enfocadas y comprometidas en reconstruir de forma integral a las víctimas”.
La Iglesia llamó a las organizaciones civiles, promotoras y defensoras de los derechos humanos para alcanzar acuerdos y soluciones para prevenir la violación de los derechos humanos.
Y a la sociedad, a evaluar los avances y retrocesos de las medidas implementadas por el Estado mexicano en cuanto a la investigación, procesamiento, sanción y reparación de violaciones de derechos humanos.
Los obispos manifestaron que “somos conscientes que nuestra misión en esta realidad de violencia, es acompañar desde un enfoque de evangelización y de construcción de la paz, a las víctimas de la violencia”.
Dicen que se mantienen en el compromiso de la promoción y defensa de los derechos humanos desde la doctrina social de la Iglesia y desde el valor del “respeto fundamental de la dignidad de la persona humana”.
El documento retoma lo señalado en el informe preliminar de la CIDH, en el que se expresa que se “constató en terreno la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia y graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”.
No obstante, el comunicado dice que la CIDH hace un reconocimiento de los avances legislativos que se han establecido para proteger los derechos humanos en México, destacando la modificación de diversos artículos de la Constitución, que establecen que en México todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.
El informe de la CIDH señala que a pesar de los avances en materia legislativa, México se encuentra en un problema estructural en materia de derechos humanos y se corrobora “una profunda brecha entre el andamiaje legislativo y judicial, y la realidad cotidiana que viven millones de personas en el país. Una y otra vez, en todo el país, la CIDH escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una simulación”.

El tercer peritaje al basurero de Cocula estará a cargo de siete expertos, informa la PGR

*Comparece la procuradora Arely Gómez en el Senado y le preguntan si se ha indagado sobre el terreno que la Sedena donó a José Luis Abarca para la construcción de un centro joyero. Anuncia la funcionaria que el expediente del caso Ayotzinapa quedará bajo la responsabilidad del subprocurador de Derechos Humanos, Eder Omar Betanzos

Agencia Proceso

Ciudad de México

Siete expertos de cinco países participarán en el “tercer peritaje” de la Procuraduría General de la República (PGR) en el basurero de Cocula, anunció la titular de la dependencia, Arely Gómez, quien también afirmó que analizan junto con los integrantes del Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI) las evidencias sobre el “quinto camión” en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Los expertos que se integrarán son René Colsaca (Canadá), Ursula Withman (Alemania), John Dylan (Estados Unidos), Mario Saldaña, Enelio Torres y Ricardo Damián Torres (México), Antonio del Amo Rodríguez (España) y se invitará al perito José Luis Torero, citado por el GIEI en su Informe Ayotzinapa.
Los padres de Ayotzinapa se han pronunciado en contra de que se haga otro peritaje, después de que el primero a cargo de la PGR dice que ahí fueron incinerados los normalistas de Ayotzinapa, el segundo, del GIEI, refuta esa versión científicamente.
Durante su comparecencia ante el Senado, Gómez también afirmó que solicitarán asistencia jurídica a autoridades de Chicago, Estados Unidos, porque ellos señalaron la existencia del trasiego de heroína de Iguala hacia la ciudad estadunidense en camiones de doble fondo, línea vinculada al “quinto autobús”.
La procuradora explicó que “de tiempo atrás” estaba en el expediente del caso Iguala la existencia del quinto autobús, pero no tuvo relevancia en la investigación, ya que no hubo “contratiempo” con los estudiantes que viajaron en ese vehículo.
Informó que hacen los trámites oficiales ante la Organización de Estados Americanos (OEA) para renovar el mandato de los expertos del GIEI.
“Lo único que quiero es que se conozca la verdad, es un tema muy doloroso que afectó a todos los mexicanos, es un tema que duele”, expuso.

La “defensa” del general Cienfuegos

Durante la primera parte de posicionamientos de los partidos políticos, la comparecencia de la procuradora general se convirtió en un pretexto para debatir y defender al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos, a raíz de sus polémicas declaraciones para negar que los expertos de la CIDH entrevisten a integrantes del 27 Batallón de Iguala.
La senadora Layda Sansores del PT, afirmó que la “entrevista pactada” del general Cienfuegos con Televisa fue una “vergüenza”. “Ignorante del derecho internacional y del mexicano”, soltó la legisladora campechana.
Sansores le reprochó a Cienfuegos la frase de que “sus” soldados no serían interrogados por los expertos del GIEI. “No es una concesión del gobierno sino un acuerdo del Estado mexicano”, la colaboración con la CIDH, afirmó.
“¿Se ha indagado sobre el terreno que la Sedena le donó a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, para la construcción de un centro joyero frente al 27 Batallón?”, le preguntó Sansores a la procuradora.
En seguida, los senadores Carlos Puente del Partido Verde, Javier Lozano del PAN, así como Ivone Alvarez y René Juárez del PRI, subieron a tribuna para reprochar la “falta de respeto” al titular de la Sedena y descalificar a los críticos de Cienfuegos como “majaderos”, en medio de los aplausos de las bancadas priista y verde.
Al referirse al papel de los militares, Arely Gómez afirmó que se han recabado declaraciones de ocho soldados y “hay la mejor disposición de entrevistarse con otros integrantes del Batallón 27, y creo que del secretario de la Defensa también, para que a través del MP puedan hacer sus preguntas –los expertos del GIEI- y sean respondidas”.
La procuradora Arely Gómez ratificó ante el Senado que “Iguala no es un caso cerrado” que “las investigaciones continúan” y que “se han abierto otras líneas de investigación en las cuales tenemos identificados a más autores materiales”.
Anunció que el expediente del caso Iguala quedará ahora bajo la responsabilidad del subprocurador de Derechos Humanos, Eder Omar Betanzos Torres, luego de que la CIDH recomendó que salieran del caso la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
Detalló que hoy firmó la creación de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas que se publicará mañana en el Diario Oficial de la Federación.
La procuradora también anunció que se habilitará un apartado, en el portal de la PGR donde se subirá “la versión pública del expediente del caso Iguala”.
Según Gómez, “los periodistas y todas las personas interesadas pueden acceder directamente a la información que ahí está disponible”.