Plaza Pública

Esposas sucesoras  

Miguel Ángel Granados Chapa  

Es antigua y de aplicación corriente, en el derecho civil, la noción de esposa sucesora. No lo es en el derecho político, y menos en México. Pero por un lado el ensanchamiento de los espacios electorales, y por otra parte la creciente presencia femenina en la vida política ha comenzado a plantear el tema, y el problema, de la sucesión política entre esposos. Lo puso en el centro de la discusión nacional la pretensión de la señora Marta Sahagún de Fox, quien no ha descartado (y al contrario, lo sugiere cada vez que puede, y puede a menudo) ser candidata a reemplazar a su esposo en la Presidencia de la República.

En algunas entidades esa posibilidad ha generado efectos. Aunque no lo sería a suceder a su marido en la gubernatura de Quintana Roo, la esposa de Joaquín Hendricks, María Rubio, aspira a ser candidata a alcaldesa en Cancún. Y la del gobernador de Nayarit ha sido destapada por su propio esposo (por lo que no se sabe si la señora estaría en disposición de ser postulada).

Ha sido en Tlaxcala, sin embargo, donde el tema y problema ha llegado a mayores alcances. Un grupo de perredistas de esa entidad consiguió introducir en los nuevos estatutos, aprobados por el congreso reciente, la prohibición de que parientes de un titular de autoridad sean candidatos a ocupar ese mismo cargo. La nueva norma llevaba dedicatoria: la senadora María del Carmen Ramírez, esposa del gobernador Alfonso Sánchez Anaya, que busca suceder a su cónyuge. Por eso se apersonó el viernes pasado en la sesión del consejo general del IFE que revisó las reformas aprobadas por aquel órgano del PRD. Las aprobó en general, pero demandó de ese partido reconsiderar varias disposiciones, entre ellas la de la limitación por parentesco.

El próximo miércoles el comité nacional perredista resolverá si, como suele suceder ante una resolución administrativa que contraría una decisión partidaria, presenta una impugnación ante el Tribunal federal electoral. Si lo hace o no tendrá efectos sobre su proceso interno en Tlaxcala, cuya convocatoria debe ser expedida por ese comité el propio 12 de mayo. En Tlaxcala, como en el ámbito nacional respecto de la señora Sahagún de Fox, se discuten los alcances de permitir que una candidatura se geste en las oficinas gubernamentales. Uno de los peores rasgos del sistema autoritario priísta era que la sucesión presidencial consistía en un proceso cerrado, en que la victoria del partido dominante estaba determinada por el uso de recursos materiales, políticos y de imagen pertenecientes al poder. Dentro de Acción Nacional se multiplican las voces contrarias a que el poder genere poder, mismas que se lamentan de que la prolongada lucha por evitar que el presidente designara a su sucesor concluya en que por otros caminos se llegue hoy a la misma meta con el agravante de que el elegido desde la casa presidencial no sea un miembro del gabinete sino la esposa misma del Presidente de la República.

Las aspirantes a reemplazar a su esposo se niegan a admitir que si su figura es reconocida públicamente o se la incluye en los elencos políticos es sólo por su parentesco civil. Aunque fue candidata a la alcaldía de Celaya y vocera presidencial, hasta antes del 2 de julio de 2001, en que contrajo matrimonio con el presidente Fox, la señora Sahagún carecía de la proyección pública que la hiciera presidenciable. Y carece aún de la experiencia administrativa y política que la califique para ese propósito. Es análogo el caso de la senadora Ramírez de Sánchez. Ella argumenta que posee una carrera política propia y eso la legitima para aspirar a la gubernatura. Lo que ocurre es que su parentesco con el gobernador fue determinante para que ganara la candidatura a senadora en el 2000, en cuya elección constitucional perdió ante el priísta Mariano González Zarur, que muy probablemente será el candidato tricolor. En vez de ser una atenuante el que ocupe ya un cargo de elección popular es una agravante, porque ya se han convertido en hechos los efectos de su relación conyugal.

La convocatoria que lance el comité perredista es de extrema importancia. El mejor camino para seleccionar a quien abandere al PRD es la consulta, el voto directo de los militantes, para evitar arreglos en las cúpulas. Claro que el proceso abierto es susceptible de manipulación, pero también es corregible por la vía legal en ese caso. La presentación de varios aspirantes, por lo demás, permitirá al PRD adquirir en Tlaxcala identidad propia, pues la pertenencia de Sánchez Anaya al PRI hasta la víspera de su postulación por el perredismo hace seis años, no significó rompimiento con la estructura de dominación priísta en esa entidad.

Frente a una candidatura oficialista, la del magistrado Rufino Mendieta podría ser una alternativa viable. Antiguo profesor y funcionario en la Universidad de Tlaxcala, durante diez años trabajó en el ministerio público federal, y en ese lapso se doctoró en derecho en la UNAM. Cuando en 1999 los cargos en el Tribunal Superior de Justicia fueron asignados mediante concurso, ganó una magistratura y poco después sus compañeros lo eligieron presidente del tribunal. El poder judicial local en general, y no sólo él personalmente, han resentido el atavismo priísta de Sánchez Anaya. Por eso, en vez de votar obligadamente por el continuismo los perredistas deben tener la oportunidad de escoger un camino alterno dentro de su propio partido, que cuente además con la posibilidad del triunfo constitucional.