La opción de invadir

Jesús Mendoza Zaragoza  

Parecía que las invasiones de terrenos para vivienda ya estaban superadas en estos tiempos de cambio. Tal parece que no, pues el caso de El Metlapil nos descubre que persisten problemas latentes que no se han resuelto, los que siguen induciendo las invasiones en nuestras ciudades.

Hay que recordar que las invasiones fueron, en el pasado, un instrumento político que se desarrollaba en tiempos de elecciones. Los partidos utilizaban la necesidad de una vivienda de mucha gente para ganar adeptos, una clientela cautiva de los intereses partidistas y políticos de sus líderes. Muchas colonias del puerto de Acapulco tuvieron su origen en esta práctica consagrada por un sistema político, tan plagado de perversidades. Las consecuencias las tenemos a la vista: muchas colonias carentes de los servicios públicos básicos como agua, drenaje y calles asfaltadas; asentamientos irregulares caóticos, asentamientos en lugares de alto riesgo.

Por otra parte, las invasiones se manejaron como un negocio, cuando muchos, teniendo resuelto el problema de la vivienda, encontraron este modo de especular con terrenos invadidos para venderlos a quienes sí los necesitaban. Este fue el modus operandi de partidos y de líderes y el modus vivendi de mucha gente que protagonizaba estas invasiones, cómplices ambos de ilegalidades y de actuaciones ilícitas.

Una tercera faceta del problema era la real necesidad de vivienda de mucha gente que venía al puerto a buscar trabajo o mejores oportunidades de vida. Sobre todo, la gente de escasos recursos no encontraba opciones al alcance de su bolsillo, más que involucrarse en las invasiones, que estaban fuera del control de las autoridades o, mejor dicho, era el método de control y la válvula de escape al problema de la vivienda. Lo cierto es que, por muchos años, fue la forma ordinaria de conseguir un terreno para construir viviendas.

¿Por qué vuelven las invasiones ahora? Lo que las permite es, ciertamente, la carencia de vivienda al alcance de los pobres. El gobierno sigue siendo rebasado en este renglón y no tiene establecida una oferta de terrenos y de viviendas de interés social, debidamente regularizadas, con los servicios públicos necesarios y fuera de los lugares de alto riesgo. No existe una planeación urbana que prevea y organice la respuesta a la demanda de vivienda de la gente, y si la hay es cabalmente insuficiente. Si hubiera esta oferta, las invasiones carecerían de sentido, y los líderes que las patrocinan perderían toda argumentación para continuar con esta práctica. En este sentido, la ineptitud gubernamental es la principal inductora –si no es que promotora– de invasiones, al no dar respuestas suficientes a esta necesidad tan primordial.

El derecho a una vivienda digna sigue siendo un reclamo de mucha gente y los vacíos que la autoridad deja al no satisfacer esta demanda, otros los llenan de manera ilegal e irresponsable. Habrá que prevenir futuras invasiones poniéndose a la altura de la demanda de viviendas o de terrenos para construirlas. Si ya no es tiempo para invasiones, es que tampoco es tiempo para darle vueltas al, hasta ahora, problema de la vivienda.