Confirmó el Segundo Tribunal Colegiado la nulidad de la asamblea donde se aprobó La Parota: Cecop

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, confirmó, mediante una resolución, la nulidad de la asamblea celebrada el 28 de abril de 2010 en la comunidad de La Concepción, informaron ayer dirigentes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), el Centro de Derechos Humanos de La Montaña, Tlachinollan, y representantes de organismos de derechos humanos.
La confirmación de la nulidad de los acuerdos de dicha asamblea evidencian las irregularidades, vicios y la manipulación del gobierno estatal y federal para que los campesinos cedieran el cambio de uso de suelo y construir la presa en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en donde los campesinos se han opuesto a ceder sus tierras para ese fin.
Ante este nuevo revés de las autoridades federales en contra de ejidatarios de ese núcleo agrario que acudieron a ese Tribunal para interponer un amparo, el Cecop, Tlachinollan y los representantes de organismos civiles de derechos humanos demandaron al presidente Felipe Calderón Hinojosa “o al nuevo presidente de la república que llegue” que de una vez por todas dé por cancelado el proyecto.
Mientras que al gobernador Ángel Aguirre Rivero le exigieron que firme los Acuerdos de Cacahuatepec, que contienen el “no” a la presa de La Parota.
En conferencia de prensa, a la que asistieron el vocero del Cecop, Marco Antonio Suástegui Muñoz, y los comuneros Faustino Colón Delgado y Elpidio Hernández Carmona; el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, y el abogado de este mismo organismo, Rogelio Téliz García, así como representantes de Servicios Y Asesoría para la Paz (Serapaz), FIAN Internacional sección México, Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, capitulo México, Espacio de Coordinación de Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), el abogado Rogelio Téliz explicó que con el amparo que habían interpuesto ante el Tribunal Colegiado, un grupo de ejidatarios “manipulados” por autoridades estatales, la Procuraduría Agraria y Evencio Romero Sotelo, se pretendía “arrancar” la decisión que ya tomaron los habitantes del “no” a la construcción de la presa, de acuerdo con sus usos y costumbres.
Explicó que esta es la sexta resolución que se emite a favor de los incomformes y que ésta ahora sí, definitivamente “pone punto final a la construcción de La Parota”, por lo que agregó que a partir de ahora la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el gobierno del estado y la Procuraduría Agraria “ ya no tienen ningún elemento ni documento mediante el cual pretendan justificar los trabajos”.
El abogado informó que la resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito se emitió el 23 de marzo pasado, pero que apenas la semana pasada notificó a Tlachinollan y que por ello hasta ayer se dio a conocer.
Al negarse el amparo promovido por un grupo de ejidatarios en contra de la resolución emitida por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 41 con sede en Acapulco, en la que se declaró la nulidad de la asamblea con la que se pretendió imponer la construcción de La Parota, el vocero Marco Antonio Suástegui aseguró que ya no existe ninguna posibilidad de que los gobiernos federal y estatal pretenden imponerla, y advirtió que los opositores impedirán el ingreso de la CFE a sus tierras.
El 18 de abril de 2011, el TUA 41, dentro del Juicio Agrario 360/2010, declaró nula la Asamblea llevada a cabo en Cacahuatepec, el 28 de abril de 2010, considerando que la misma estuvo afectada de graves irregularidades pues no fue convocada ni realizada conforme a las formalidades previstas en la Ley Agraria: no se publicaron las convocatorias en los lugares visibles; amén de que se enviaron a ella más de 300 policías para impedir la entrada de los dueños de las tierras y para llevar a personas ajenas al núcleo agrario.
Después de que fuera dictada esta resolución el pasado 18 de abril de 2011, que significaba el quinto fallo en contra de la construcción de la presa, el 6 de junio de 2011 un grupo de ejidatarios promovió una demanda de amparo contra dicha resolución, la cual se turnó al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, bajo el número de Amparo Directo Agrario 323/2011, pero tras  analizar el caso el Tribunal Federal confirmó la nulidad de la asamblea del 28 de abril de 2010.
“La decisión del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito representa una confirmación de lo que han señalado instancias de la Organización de las Naciones Unidas, tan relevantes como el relator sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el relator especial sobre el Derecho a la Alimentación, y el relator especial sobre la Vivienda, acerca de las múltiples irregularidades en las asambleas comunales y ejidales convocadas para el proyecto La Parota”, indican el Cecop y Tlachinollan en un comunicado de prensa que se repartió durante la conferencia de prensa.
También se señala en el documento que esta decisión del Tribunal Federal, sumada a los resultados de la consulta del 12 de agosto de 2007, a las recomendaciones de las instancias internacionales de derechos humanos y a las opiniones de expertas en materia ambiental, “confirman que el proyecto La Parota es legal, ambiental y socialmente inviable”.
Asimismo, manifiestan los dos organismos que la decisión del Tribunal Colegiado “confirma una vez más que en la lucha legal emprendida por los opositores al proyecto, son los ejidatarios y avecindados unidos en el Cecop quienes tienen la razón legal y la legitimidad social”, y expresan que “es de esperarse”, por ello que la reciente determinación impulse la firma de los Acuerdos de Cacahuatepec, propuesto por el gobernador Ángel Aguirre Rivero, pero que hasta ahora no ha querido firmar a pesar de con ello se puede devolver la paz a la región.
Suástegui Muñoz recordó que con los acuerdos de la asamblea del 28 de abril del 2010, un grupo de comuneros con el respaldo del gobierno estatal y la Procuraduría Agraria pretendían expropiar mil 383 hectáreas para la construcción de la presa, pero que dicha asamblea se llevó a cabo de manera irregular, pues La Concepción, en donde se realizó, no es el lugar de usos y costumbres donde se realizan las asambleas.
Además recordó que se incurrió en faltas graves a la Ley Agraria; “ya que participaron personas ajenas al comunal como transportistas, turisteros, empresarios y gente del gobierno del estado, “en ese entonces del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, y en particular su secretario privado César Bajos Valverde, quien fue el que organizó esta asamblea”.
Reiteró que ahora con esta resolución del Tribunal confirma la nulidad de los acuerdos de esa asamblea, “y la CFE se encuentra nuevamente en ceros y así socialmente la presa ya no es viable y jurídicamente está echada a bajo y nos viene a confirmar que nosotros tenemos todo el derecho para rechazar el proyecto”.
A su vez, Abel Barrera Hernández recordó que son 9 años de lucha del Cecop en contra de ese proyecto y que ya es un movimiento emblemático en el país y en el estado, “sobre todo porque ha demostrado la capacidad para poder enfrentar estos megaproyectos que atentan contra los derechos que tienen los campesinos para disfrutar de sus tierras y de sus ríos”.
Sin embargo denunció que de parte del gobierno federal y estatal se ha evidenciado la poca voluntad política para poder construir con los pueblos proyectos que realmente beneficien a los campesinos; “últimamente hemos constatado tanto en La Montaña como en la Costa Chica estos megaproyectos que quieren implantarse ya sea con las minas o con las presas hidroeléctricas”, pero que se han impedido por la voluntad férrea de los campesinos que han decidido no permitir que se abuse del poder de las autoridades.
Finalmente Suástegui Muñoz indicó que ahora lo que sigue es que el gobernador firme los acuerdos, en el que se establece el “no a la presa”, mientras que al presidente Felipe Calderón, “o a quien vaya a quedar como presidente que cancele definitivamente ese proyecto”.
Criticó que el gobernador haya ido solamente a ponerse la camiseta del no a la presa “y haya quedado como un payaso” al haberse venido negando después a firmar el documento.
Señaló que Aguirre Rivero pretendía poner un cuatro a la dirigencia del Cecop al llamarlos a dialogar a Casa Guerrero después del desalojo violento a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en donde fueron muertos a tiros los estudiantes Alexis Ayala Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, “porque sabían que nos íbamos a sumar a su movimiento en busca de justicia, como finalmente ocurrió”.