Cuestionan los supuestos beneficios que generan las empresas mineras en las comunidades
Karla Galarce Sosa
El integrante del Centro de Análisis e Investigación Fundar, Francisco Cravioto Lagos, cuestionó los presuntos beneficios que las mineras otorgan a las comunidades al señalar que tan sólo en la mina explotada por la empresa canadiense Gold Corp, los habitantes de Carrizalillo tuvieron que protestar para obtener el pago de curaciones por los padecimientos generados por los procedimientos químicos empleados en la mina.
Durante su participación en el foro Mitos y Realidades de la Industria Minera, que formó parte de la trigésimo primera Convención Internacional de Minería, el egresado del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) dijo también que la supuesta riqueza generada por la actividad minera provoca, como en las minas de la región Norte de Guerrero, que sus habitantes sean azolados por la delincuencia organizada al presumir que dicha actividad “genera riqueza”.
Criticó también que en México se tengan 24 mil 500 concesiones para la explotación mineral y que todas hayan sido otorgadas el año pasado bajo ninguna consulta pública en las comunidades donde se desarrolla la actividad.
“Hace tres años hubo 27 mil concesiones, ninguna fue entregada bajo consulta. Eso es bastante grave. Ahora, el hecho de que no hayan sido entregadas bajo una consulta, ha generado problemas jurídicos, se están amparando comunidades en Zacualpan, Tlatlauqui, San Miguel del Progreso, en diferentes puntos del país como en Guerrero, Colima y Puebla porque no se está llevando a cabo un procedimiento básico del derecho mexicano”, señaló ante organizadores y representantes de minas de estados del norte del país.
Cravioto Lagos informó que hay 102 conflictos relacionados con aspectos laborales, sociales y ambientales, de los cuales 22 son laborales y 80 sociales y ambientales. Puntualizó que los datos vertidos durante sus participaciones fueron retomados de la investigación que hizo una egresada de la UNAM y que fueron publicados este año.
“La gente debe saber qué sucederá con la tierra, las consultas se deben hacer antes de entregar una concesión, en una consulta libre, con plena información, sin coacción y abierta porque son las comunidades las que tienen las prerrogativas. Y debe ser culturalmente adecuada, es un derecho reconocido constitucionalmente”, destacó.
Fungió como moderador del foro, Armando Ortega quien es director de la minera San Javier y actual vicepresidente de Minera Gold, además de que es miembro del consejo directivo de la Cámara Minera.
El moderador habló de supuestas manipulaciones de grupos de interés, que interfieren contra la instalación de las empresas mineras y mencionó ejemplos como los grupos sindicales involucrados en los conflictos laborales al interior de las empresas mineras.
Otro participante, el ex diputado panista, Marcelo Torres Cofiño dijo que es mito “el dicho que los mineros no pagan impuestos”. Y añadió que una afectación severa a ese sector es la extorsión de los grupos del crimen organizado. “Se han perdido miles de millones en inversiones, en desarrollo, en progreso y afecta a las áreas, al desarrollo y al progreso”, expuso el ex diputado.
Sergio Almazán Esqueda, director general de la Cámara de Minería se dijo en desacuerdo con lo expuesto por Craviotto y argumentó que la industria minera es lícita, primaria y necesaria para cualquier sociedad. “Existe la ley minera (y) 27 leyes que un minero debe cumplir, nueve normas oficiales mexicanas exclusivas para la minería, hay una regulación robusta y fuerte, con estándares internacionales, aunque si se comparan con la actividad de hace 50 años, hay una diferencia. Lo que se necesita, es construir la confianza, porque la mayor parte de las afirmaciones que se hacen es por desconocimiento”, dijo Almazán Esqueda.
Las minas a cielo abierto, continuó, siguen operando, no sólo en México, sino en todo el mundo, pero no es por capricho de los mineros, sino una forma viable de extracción, es una de las formas menos agresivas para extraer los minerales.
El moderador habló de una necesaria campaña para cambiar la percepción de la minería.
Sergio Almazán defendió su postura: “los minerales le pertenecen a la nación, una concesión minera no te permite ocupar la superficie, permite la exploración. La minería moderna, responsable, buscamos que cumplan con una ética profesional con beneficio para las comunidades”.
En la sesión de preguntas y respuestas Luis Felipe Medina, organizador de la Convención dijo que no existen recetas de cocina para cada mina, pues los yacimientos descubiertos y explotados son diferentes.
Craviotto pidió que se realizaran estudios científicos sobre los vertimientos de químicos en cuerpos de agua como el de Sonora, para saber cómo se afecta la vida de la gente.
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