Crean la Fiscalía para la búsqueda de desaparecidos; el titular será designado y removido por la PGR

Lourdes Chávez

Chilpancingo

La Procuraduría General de la República (PGR) creó la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que anunció el gobierno federal el 24 de septiembre luego de la reunión del presidente Enrique Peña Nieto con los padres de los 43 alumnos de la Normal Rural Ayotzinapa desaparecidos.
Según el documento fechado el 8 de octubre, publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación, se abrogó la Unidad  Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas y se transfirieron todos los recursos materiales, financieros, humanos y la información de la Unidad, a la nueva Fiscalía.
El acuerdo establece que la Fiscalía queda adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, y se encargará de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como la identificación forense, y para perseguir los delitos relacionados con la desaparición de personas.
Precisa que se constituyó con base en los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, suscritos por el Estado mexicano.
El fiscal será designado y removido libremente por la PGR, debe ser mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, contar con más de 35 años de edad, al menos cinco años de ejercicio profesional y ser de “notoria buena conducta”, entre otros requisitos.
Entre sus atribuciones será ministerio público de la federación, facultado para recibir denuncias relacionadas con la desaparición de personas, y realizar de manera eficaz y urgente todas las diligencias necesarias para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas.
Desde la Fiscalía se podrá diseñar, instrumentar, supervisar y evaluar la ejecución de los protocolos relativos a la búsqueda y localización de personas desaparecidas e identificación forense, ajustándose a los estándares científicos reconocidos internacionalmente.
Podrá conformar grupos de trabajo para el impulso de la investigación en casos específicos y solicitar a las autoridades competentes la autorización para hacer exhumaciones en cementerios, fosas clandestinas o de otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cuerpos u osamentas de víctimas.
Asimismo podrá ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común relacionados y coordinarse con las instituciones de procuración de justicia de los estados y el Distrito Federal.
Está obligada a informar a los familiares de los desaparecidos las líneas de investigación orientadas a la localización de las personas desaparecidas, e incorporarlos en los procesos destinados a la búsqueda y localización de sus familiares.
Deberá establecer los mecanismos de coordinación y de colaboración con otras áreas de la Procuraduría, y con los organismos de defensa de derechos humanos nacional y los estatales.
La PGR consideró pertinente fortalecer las investigaciones y diligencias en materia de desaparición de personas, de acuerdo con los nuevos esquemas de protección de los derechos humanos y la creciente demanda social, para establecer mejores actuaciones en la búsqueda y localización de personas o su identificación forense, pero no menciona en el acuerdo los 23 mil casos de desapariciones forzadas registradas en el país.
Tampoco hace alusión al caso de los 43 alumnos desaparecidos de Ayotzinapa, donde los padres exigieron una unidad especializada de investigación abocada exclusivamente a la investigación de los crímenes del 26 y 27 de septiembre, sin la intervención de procuradores ni de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).