Denuncian abogados irregularidades y demandan suspender asignación de notarías

Presentan tres amparos contra el proceso de entrega de patentes. Cuestionan el examen “exclusivo” que benefició a un sobrino de Angel Aguirre y un hijo de Humberto Salgado

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Abogados que fueron rechazados en el examen como aspirantes a una patente de notario, presentaron al menos tres amparos mediante los cuales pretenden que el gobernador Rogelio Ortega Martínez suspenda la entrega de patentes por irregularidades en el proceso.
En los amparos 916/2015, promovido por el abogado Alfredo Rodríguez Vega ante el Juzgado Segundo de Distrito con residencia en Acapulco, y el 956, promovido por el abogado Elías Fierro Rivera ante el Juzgado Primero de Distrito de Chilpancingo, impugnan la “incompetencia” de los integrantes del jurado que aplicaron el examen el 7 de agosto, por carecer de experiencia y conocimientos en derecho notarial.
Los abogados también cuestionan al gobierno del estado el examen “exclusivo” que se aplicó el 18 de agosto a los aspirantes Francisco Salgado Coronel, hijo del ex coordinador del Ejecutivo del gobierno estatal y ex secretario de Gobierno con Ángel Aguirre Rivero, Humberto Salgado Gómez, y a Francisco Antonio Aguirre Gutiérrez, sobrino del defenestrado gobernador Ángel Aguirre, y hermano de quien fue su asesor externo, Ernesto Aguirre Gutiérrez.
Fierro Rivera informó que hay otro amparo más que promovió el abogado Fidel Serratos Valdez ante el Juzgado Segundo de Acapulco, por los mismos motivos.
Los abogados también solicitaron un amparo en contra de las reformas aprobadas por el Congreso local en agosto del 2011 a la Ley 971 del Notariado del Estado de Guerrero, en las que se suprimió “sin fundar ni motivar” que los sinodales que apliquen el examen a los aspirantes a una patente de notario deben ser expertos en derecho notarial.
El examen fue aplicado el 7 de agosto pasado a 13 aspirantes a la patente de notario en la Universidad Americana de Acapulco, pero sólo pasaron cuatro: Brenda Deyanira Alarcón López, Ana Catalina García Ramírez, Rodrigo Ortiz D’ora Ramos y Lázaro Vega Morales.
El abogado Fierro Rivera, uno de los rechazados, denunció que el proceso que utilizó la Secretaría de Gobierno tuvo muchas irregularidades.
Dijo que, de entrada, los integrantes del jurado que fue presidido por el consejero jurídico del Poder Ejecutivo del estado, Héctor Rivera Estrada, fueron “incompetentes” puesto que carecen de conocimientos de derecho notarial.
Denunció que también se condujeron con opacidad, pues los aspirantes que fueron rechazados todavía no son notificados formal y oficialmente y por consiguiente desconocen por qué no aprobaron el examen y las fallas que tuvieron.
Dijo que la notificación fue de manera informal a la hora que terminaron; “nos dijeron tú no lo pasaste, y en mi caso pregunté el porqué y qué fue lo que contesté mal, y no me dieron ninguna explicación”, se quejó.
Agregó que además hubo otro examen que fue “exclusivo” y que se aplicó el 18 de agosto, sólo para Francisco Antonio Aguirre Gutiérrez, sobrino del defenestrado gobernador Ángel Aguirre, y hermano de quien fue su asesor externo, Ernesto Aguirre Gutiérrez, y para Francisco Javier Salgado Coronel, hijo del ex coordinador del Ejecutivo del gobierno estatal y ex secretario de Gobierno, Humberto Salgado Gómez.
Salgado Coronel se desempeñó como subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC), pero renunció al cargo a finales de 2011, después de las acusaciones de nepotismo en los medios de comunicación al gobierno de Ángel Aguirre, y a partir de entonces se fue a “practicar” con el notario 3 de Acapulco, Jorge Ochoa Jiménez.
Fierro Rivera dijo que extrañamente los dos que realizaron este segundo examen fueron aceptados.
Informó que el objetivo de los amparos es que se suspenda la entrega de las patentes “y cualquier procedimiento por el gobierno de Rogelio Ortega Martínez y que se subsanen las fallas e irregularidades que se cometieron, porque la sociedad tiene interés de que quienes lleguen a obtener la patente estén exentos de dudas y cuestionamientos”.
Por otra parte, en sigilo, la Secretaría de Gobierno autorizó el cambio de tres notarios, el de Rosina Rojas Carrasco, notaria pública número uno del Distrito Notarial de Álvarez, con cabecera en Chilapa, quien fue cambiada a la notaría pública número dos, del Distrito Notarial de Tabares, con cabecera en Acapulco.
Asimismo, Agustín Antonio Meza Bustos, notario público número uno del Distrito Notarial de Morelos, con cabecera en Tlapa; fue cambiado al distrito de Tabares de Acapulco.
Mientras tanto, Aurelio Ortiz Gutiérrez, notario público número uno del Distrito Notarial de Mina, con cabecera en Coyuca de Catalán, fue cambiado al Distrito Notarial de Hidalgo, con cabecera en Iguala.
El 8 de junio pasado, el secretario de Gobierno, David Cienfuegos Salgado, publicó un aviso sobre seis solicitudes de cambio de adscripción que realizaron notarios, entre estos estaban Rojas Carrasco, Meza Bustos y Ortiz Gutiérrez.
El aviso tuvo la finalidad de que en un plazo de quince días naturales contados a partir de la fecha de la publicación del aviso, “emitan sus comentarios, consideración o alguna otra información que resulte relevante,  conforme a los antecedentes registrados en el ejercicio del notariado público y conducta de los solicitantes”, decía la publicación.
Sin embargo ya no se dio a conocer la resolución final ni los argumentos o justificación para la autorización de los cambios autorizados para los tres notarios, dijo Fierro Rivera, quien cuestionó las decisiones que está tomando el gobierno de Rogelio Ortega al final de su periodo en materia notarial.