Es indispensable erradicar la práctica de la tortura en el país, señala Roberto Campa

Agencia Reforma

Ciudad de México

La condena al Estado mexicano por la tortura que cometieron militares en contra de cuatro personas en Baja California en 2009, es otra señal “muy poderosa” de que es indispensable erradicar esa práctica ilegal en el país.
Así lo señaló el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, quien confirmó que el Gobierno federal ya instaló la mesa de trabajo para atender la resolución del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés).
“El reto para erradicar la tortura es un reto internacional, por eso hay en el seno de Naciones Unidas, del sistema internacional, del sistema interamericano, tal relevancia y tal importancia a este asunto, a este tema.
“Porque es un reto mundial erradicar la tortura y me parece que confirma en el caso mexicano este compromiso de hacer todo lo que sea necesario para erradicar la tortura”, mencionó en entrevista.
Según la resolución, Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez, Orlando Santaolaya Villarreal, y Ramiro López Vázquez fueron detenidos sin orden de captura, acusados de secuestro y trasladados a instalaciones militares, donde fueron torturados a fin de que se autoinculparan.
Las cuatro víctimas están recluidas en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 Noroeste, en Tepic. La resolución exige liberar a los cuatro hombres, así como iniciar una investigación exhaustiva sobre la tortura, para procesar, juzgar y castigar a los responsables.
Sobre la posibilidad de que las cuatro víctimas de tortura sean liberadas, el subsecretario dijo que la Procuraduría General de la República (PGR) ya trabaja en el análisis jurídico tanto de la resolución de la ONU como del expediente.
-¿Pero podrían ser liberados?, se le preguntó a Campa.
“Absolutamente”, dijo.
El subsecretario aseveró que el Estado mexicano atenderá “en sus términos” la resolución del CAT, dentro del plazo de 90 días que dicha instancia le dio para enviar información sobre toda medida adoptada.
Informó que desde el viernes pasado se le solicitó a la Comisión Nacional de Seguridad -como encargada de los penales federales- que brindara atención médica y de rehabilitación a las víctimas, como lo mandata la resolución.
“Y estaremos en el plazo que se le dio a Estado mexicano atendiendo cada una de las partes. La idea es aplicarnos de inmediato para cumplir con todas las obligaciones derivadas de la resolución”, abundó.
“Es un caso grave de tortura porque se trata de personas que han sido sometidas a juicios por el delito de secuestro, entonces me parece que es una señal muy importante, una señal más de que la tortura no puede ser bajo ninguna circunstancia un instrumento de investigación”.