Intenta el gobierno criminalizar a los estudiantes de Ayotzinapa, advierte el Centro Tlachinollan

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El encarcelamiento del ex subprocurador de Justicia, Alejandro Hernández Paz y Puente, por haber dejado en libertad al estudiante Gerardo Torres Pérez, evidencia que el gobierno federal pretende encauzar el caso hacia la criminalización de los estudiantes, alertó ayer el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
Dijo que, mientras tanto, el gobierno estatal no ha cumplido en su totalidad con la recomendación 1VG/2012 que emitió la CNDH, puesto que en ella se pidió juicio político contra el ex procurador Alberto López Rosas y el ex secretario de Seguridad Pública del estado, Ramón Almonte Borja, lo que no se ha cumplido y los dos funcionarios permanecen en la impunidad.
Barrera Hernández fue entrevistado al respecto al término de una conferencia de prensa la mañana de ayer en la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, donde se dio a conocer una resolución del Segundo Tribunal Colegiado que resolvió anular los acuerdos de la asamblea del 28 de abril del 2010, en la que un reducido grupo de comuneros aprobó el cambio de uso de suelo de sus tierras con miras a la construcción de la presa La Parota.
Dijo que Tlachinollan ha pedido que se investigue a fondo la responsabilidad que tuvieron las autoridades en el desalojo violento y el asesinato de los dos estudiantes el 12 de diciembre del 2011, pero “lamentablemente no se está atendiendo completamente la recomendación de la CNDH, que pidió al Congreso local que inicie el procedimiento para el juicio político al ex procurador Alberto López Rosas y al ex secretario de Seguridad Pública, Ramón Almonte”.
Añadió que para los organismos de derechos humanos y los familiares de las víctimas es un punto importante, “sin embargo el Congreso ha evadido su responsabilidad, por eso vemos que no hay ese compromiso de atender la recomendación”.
Dijo que mientras tanto, se está actuando en contra de los funcionarios porque dejaron en libertad al estudiante que se comprobó que fue torturado y le sembraron el arma.
Dijo que este caso y el hecho de que la Procuraduría de Justicia del estado haya enviado el caso de la muerte del trabajador de la gasolinera Rivas Cámara a la PGR, evidencia que se pretende encauzar el caso hacia la criminalización de los estudiantes.
“Eso nos provoca el temor de que se pretenda actuar en contra de los estudiantes al catalogarlos como personas que cometieron delitos por el hecho de haber protestado, “entonces vemos que se está enturbiando la investigación y no se está llegando al fondo, sobre todo para ir directamente contra los responsables, tanto intelectuales como materiales”.
Indicó que eso “es una mala señal, porque al rato van a aparecer órdenes de aprehensión en contra de los estudiantes”, mientras que por otra parte, dijo que hay un manto de impunidad que se está extendiendo a las altas esferas.
Barrera Hernández explicó que hay visos de querer “apretar más las tuercas en contra de los estudiantes, puesto que se está volcando la investigación hacia el rumbo de los estudiantes y eso es grave, porque sabemos lo que pasó, cómo fue la agresión, ahí está la investigación de la CNDH, pero las autoridades ahora en lugar de atender la recomendación e ir al fondo están desvirtuando y cargándose hacia los estudiantes”.