Se niega el ex alcalde Abarca a declarar ante el Ministerio Público, revelan los archivos de la PGR

*Afirma que no cometió ningún delito y señala que es sujeto de una persecución por el cargo que desempeñaba como presidente municipal

Antonio Baranda / Agencia Reforma

Ciudad de México

El ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, se negó a declarar ante el Ministerio Público federal, sin embargo, en una demanda de amparo, calificó los hechos del 26 de septiembre como “actos repudiables”.
La Procuraduría General de la República (PGR) subió a su página de internet la versión pública de la averiguación previa del caso Iguala, que consta de alrededor de 54 mil fojas divididas en 85 tomos y 13 anexos.
En el escrito, que está integrado al expediente ministerial del caso Iguala, Abarca sostuvo que no cometió ningún delito y que es sujeto de una persecución por el cargo que desempeñaba.
“Libraron orden de presentación en mi contra para que declare (…) y solicitaron a todas las autoridades federativas y el Distrito Federal, desarrollando una persecución fuera de todo marco legal, donde peligra mi libertad, sin haber cometido delito alguno”.
“Y esa persecución nace por el hecho de ser presidente municipal en Iguala, Guerrero, donde acaecieron actos repudiables de los cuales de forma infamante se me trata de involucrar y de ahí el que recurro ante la justicia federal”, apuntó.
En la demanda, Abarca relató que el 26 de septiembre de 2014, luego de que su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, rindió su informe de labores como presidenta del DIF local, se retiró a su casa a las 21 horas.
“Aproximadamente a las 9 y media de la noche del día 26 de septiembre, recibí una llamada telefónica del ecretario de Seguridad Pública y Protección Civil del municipio. Me informó que en la central camioneta de Iguala se encontraban estudiantes de la Normal de Ayotzinapa secuestrando autobuses”.
“Que se mantuviera en calma, que sólo se llevarían los autobuses; minutos después el secretario (de Seguridad municipal) me informó que había dado parte de los hechos a la Policía Federal de Caminos, le indiqué que estuviere pendiente”, explicó.
“Al día siguiente, sábado 27 de septiembre de 2014, en las primeras horas del día, me enteré de las consecuencias graves de los hechos relatados, por lo cual el Ayuntamiento tomó la decisión de suspender mi informe de gobierno municipal, que me correspondía hacer ese día”.
El ex presidente municipal se reservó su derecho a declarar ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, al igual que su esposa.