Dudan en Buena Vista, Atlixtac, que la SEG abra el kínder; seguirán con la demanda de amparo, anuncian

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El abogado del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Santiago Aguirre, denunció que la posición legal de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) en el juicio de amparo de la comunidad me´phaa de Buena Vista, es contradictoria a la declaración que uno de sus funcionarios hizo a El Sur, donde anunció el comienzo de operaciones del jardín de niños que solicitó la población.
El abogado informó que la respuesta legal de la SEG, que apenas el viernes pasado presentó ante el Juzgado Primero de Distrito, dice que Estado de Guerrero no ha violentado el derecho a la educación de los niños y niñas de Atlixtac, porque este derecho a está sujeto a un procedimiento y requisitos administrativos, al que no se ajusta la comunidad de Buena Vista.
El miércoles, el director de Planeación y Evaluación, Marcos Morales Tejeda, expresó que se revisó la petición de la comunidad para la creación de un jardín de niños, se elaboró un estudio de factibilidad en marzo, y este mismo año comenzaría la operación del centro escolar. Pero también aceptó que no ha habido inscripciones, ni han hablado con la comunidad.
Indicó que hace algunos años Tlachinollan está acompañando a Buena Vista, anexo de Cacalotepec, municipio de Atixtlac, en su demanda para que los niños de 3 a 5 años de edad tengan acceso a la educación de nivel preescolar. Añadió que la comunidad comenzó las gestiones hace 10 años, en 2002.
Como no fueron atendidos por las autoridades educativas, solicitaron el amparo de la justicia y una semana después que fue admitido por el juez primero de distrito, la SEG respondió que no se ha violado el derecho a la educación de los niños y niñas de la localidad indígena, porque en la entidad la educación está sujeta a varios requisitos administrativos.
Llamó la atención del abogado, que en el informe de la SEG faltó la argumentación que regula la creación de los centros preescolares, y que la institución no reconozca a la educación como un derecho humano fundamental, particularmente, si se trata de los pueblos originarios, que han estado excluidos por siglos.
Destacó también, que el derecho a la educación está señalado como un derecho fundamental que permite poder acceder a otros derechos, como a la participación política, y el propio derecho al desarrollo.
El abogado de Tlachinollan cuestionó que precisamente cuando se dio a conocer el proceso judicial, la SEG anunció con diligencia que se va a abrir un jardín de niños, luego de 10 años de gestión, “que además, contrasta con la posición que la institución estableció dentro del juicio de amparo”.
Opinó que la declaración parece una posición de reacción inmediata, más que atender las causas de fondo de la falta de atención a la comunidad; “además la declaración no precisa sí se estarán fundando un centro de educación indígena con todo y lo que conlleva, o enviarán sólo un docente, que seguiría dejando a niños y niñas en la incertidumbre”.
Asimismo, lamentó que sin ningún trabajo con la comunidad, el director de Planeación y Evaluación “se aventure a hacer un señalamiento que no coincide con los propia SEG ha señalado previamente en el juicio de amparo”.
Por otro lado, cuestionó que el funcionario justificó la falta de atención a la comunidad, porque la petición fue girada al anterior secretario de Educación, que no dio curso a esta demanda; “como en cualquier derecho, tratándose de un derecho humano, no nos pueden decir que es responsabilidad de una administración u otra, la garantía de los derechos, corresponde al Estado en su conjunto”.
Sin embargo, Santiago Aguirre destacó que las comunidades han ido aprendido a lo largo de estos años que ese tipo de declaraciones, de posicionamientos coyunturales no resuelven de fondo el conflicto; “la comunidad está determinada en ir hasta el fondo del juicio, ha llevarlo a sus últimas consecuencias, han sido diez años de escuchar que ya se va a construir y no hay ninguna razón para creer que en esta ocasión será diferente”.
Confió en que el proceso legal de la comunidad de Buena Vista contribuya a dejar un precedente sobre cómo debe garantizarse el derecho a la educación y sobe todo que sea un ejercicio de que “esto que tanto se ha dicho de reformas a derechos humanos y los juicios de amparo, que de veras abran la puerta de la justicia, vamos a ver si es cierto respecto a las comunidades indígenas”.
Consideró que el juez tendría que validar si la actuación de la SEG ha sido compatible con el derecho a la educación establecido en la Constitución, y en los tratados internacionales que México ha firmado y ratificado.
Consideró que este proceso exige un análisis de todos los instrumentos legales que tienden a señalar que, tratándose de comunidades indígenas, debe haber un mayor esfuerzo de las autoridades para una atención más calificada.
“La comunidad espera que el juez en su sentencia establezca la violación al derecho a la educación, porque el estado omitió fundar un centro escolar indígena y en consecuencia que ordene la construcción de preescolar con todas las formalidades legales requeridas, es decir con la asignación de docentes, de una clave que permita formar parte del sistema educativo del estado de Guerrero, y que establezca mandato claro para que la autoridad educativa haga lo propio en el ámbito que le corresponde”.