Tomás Tenorio Galindo

OTRO?PAÍS

*No, la PGR no va por Ángel Aguirre

Si nos atenemos a la declaración que Ángel Aguirre Rivero rindió ante la Procuraduría General de la República el 27 de agosto sobre el ataque contra los normalistas en Iguala, se creería que era un gobernador muy desinformado, de reflejos tardos y pausados y además de firme moral personal.
De acuerdo con fuentes que han tenido acceso al contenido de su declaración, rendida en calidad de testigo, el entonces gobernador dijo haber sido informado del ataque contra los normalistas hasta las diez y media de la noche, una hora después de la primera refriega lanzada contra los estudiantes por la policía municipal de Iguala, que habría ocurrido alrededor de las nueve y media. Para esta última hora, el centro de control llamado C-4 tenía conocimiento pleno de los hechos, lo que significa que también estaban al tanto todas las corporaciones estatales y federales, incluido el Ejército y la Policía Federal, como lo estableció el informe del Grupo de Expertos de la CIDH.
Por esos motivos resulta inverosímil la versión de Aguirre Rivero, pues a la hora en que dijo haber recibido el primer aviso de los hechos, los reporteros y corresponsales se encontraban ya con los estudiantes agredidos o iban a encontrarse con ellos, y los acontecimientos habían sido notificados a las redacciones de los medios de comunicación. Es decir, la noticia ya había emprendido el camino hacia su difusión.
El ex gobernador dijo también a la PGR que de inmediato ordenó al procurador General de Justicia, Iñaky Blanco Cabrera; al secretario de Seguridad Pública, Leonardo Vázquez Pérez; y al secretario de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo, atender la emergencia y trasladarse a Iguala. Dijo que también mandó a Lázaro Mazón, entonces secretario de Salud, aparentemente para que dispusiera la atención médica de los heridos. Es de suponer que el primer reporte que recibió el gobernador a las diez y media de la noche provino del procurador, del secretario de Seguridad Pública y del secretario de Gobierno, los mismos funcionarios a los que ordenó trasladarse a Iguala.
Aun si en efecto sólo hasta las diez y media conoció Aguirre Rivero que en Iguala se había desatado la violencia gubernamental contra los estudiantes, es inquietante constatar que, después del primer ataque ocurrido poco después de las nueve de la noche, los normalistas fueron víctima de nuevas agresiones a pesar de que el gobernador tenía conocimiento de la situación y había impartido órdenes a los funcionarios responsables de brindar seguridad a la ciudadanía. ¿Qué hicieron esos funcionarios? ¿Por qué, si tuvieron tiempo para actuar y tenían las órdenes para ello, no frenaron la andanada contra los normalistas? Eso no se lo preguntaron en la PGR.
En ese tema cobra un fuerte interés la referencia que el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, hizo a la policía del estado en la entrevista que concedió a Televisa la semana pasada. El general Cienfuegos dijo que el Ejército no participó de ninguna forma en los hechos porque ninguna autoridad se lo pidió, y en ese contexto preguntó: “¿dónde estaba la policía estatal?”
Según la declaración de Aguirre Rivero, la policía estatal tendría que haber estado atendiendo y auxiliando a los estudiantes al menos desde poco después de las diez y media en que él ordenó que así lo hicieran, pero eso no es lo que sucedió. ¿Qué hicieron entonces los policías estatales? ¿De qué extraña morosidad sufrieron las órdenes del gobernador entre el momento en que fueron emitidas y el momento en que llegaron a Iguala?
Sí le preguntaron al ex gobernador en la PGR acerca de su relación sentimental con la esposa del ex alcalde José Luis Abarca, la señora María de los Angeles Pineda Villa, y naturalmente negó que tal relación haya existido. De esa relación se supo por la declaración ministerial que rindió hace un año Sidronio Casarrubias Salgado, uno de los jefes del grupo delictivo Guerreros Unidos. Pero pese a lo que Aguirre Rivero dijo a las autoridades en este tema, la estrecha cercanía que sostuvo con la señora Pineda Villa quedó de manifiesto en el hecho de que el 29 de septiembre del año pasado, tres días después del ataque contra los normalistas y un día antes de que el matrimonio huyera, la recibiera en una reunión realizada en Acapulco, al mismo tiempo que Abarca se reunía en la ciudad de México con el entonces presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano.
También negó el ex gobernador haber intervenido a favor de Abarca para que fuera candidato del PRD a la presidencia municipal de Iguala, aun cuando en la investigación realizada por la comisión creada por ese partido al respecto estableció hace cinco meses que Aguirre Rivero avaló su candidatura a instancias de Lázaro Mazón.
Y, claro, Ángel Aguirre rechazó igualmente haber recibido dinero del grupo delictivo de los Guerreros Unidos para financiar su campaña por la gubernatura, lo que pudo haber ocurrido entre finales del 2010 y principio de 2011. Esta última acusación tuvo su origen en aquel video que apareció en internet hace dos años, en el cual la madre de la señora Pineda Villa –secuestrada por un grupo delictivo rival al de sus hijos y obligada a grabar el mensaje– afirma que los Guerreros Unidos aportaron dinero a la campaña de Aguirre.
Por todo lo anterior, hace ocho días conjeturamos aquí que bajo la presión internacional provocada por los informes de la CIDH, aparentemente el gobierno federal había decidido fincar cargos criminales contra el ex gobernador Ángel Aguirre, y que por lo tano podía ser detenido en cualquier momento. Creímos ver una señal de ello en la expresión “otras personas” utilizada por la procuradora Arely Gómez para aludir a más inculpados del ataque contra los estudiantes. Pero por lo visto la procuradora no se refería individuos de relevancia política, sino a simples matones.
La posibilidad de que Aguirre Rivero fuera acusado y hasta encarcelado, ya fuera por sus actos en relación con el ataque a los normalistas o por sus presuntos vínculos con el cártel de los Guerreros Unidos, desapareció con la liberación de su hermano Carlos Mateo Aguirre en la madrugada del 8 de octubre. El hermano del ex gobernador fue detenido en febrero de este año por su presunta participación en un desfalco de 268 millones de pesos al presupuesto de Guerrero. La suma por la que se le mantenía en prisión ascendía a 32 millones, pero el juez del caso consideró que la PGR no presentó suficientes pruebas de que Carlos Mateo Aguirre haya incurrido en el delito de lavado de dinero, el cargo que se le imputaba. Los otros detenidos, todos integrantes de la familia Hughes y cercanísimos al ex gobernador, seguirán encarcelados.
Al margen de los tecnicismos jurídicos, es imposible creer que Aguirre Rivero no tuvo nada que ver con la liberación de su hermano, y sería un exceso de ingenuidad pretender que esta maniobra no está vinculada también a la suerte del ex gobernador, que de esta manera exhibe su capacidad de negociación con los poderes centrales, sin importar la gravedad de los posibles delitos en que haya incurrido, como su relación con los Guerreros Unidos a través de Abarca y su esposa. El gobierno federal no actuará contra el ex gobernador, pues, y cuando comparezca el próximo día 16 ante la comisión de la Cámara de Diputados para el caso Ayotzinapa, los legisladores podrán hacerle muchas preguntas, pero ya pueden saber qué responderá.
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