Padres de Ayotzinapa anuncian nuevo boicot a las elecciones en Tixtla

*Si los candidatos del PRI y del PRD quieren gobernar el municipio deben ser votados en asambleas de barrio o colonia, advierte María de Jesús Tlatempa

*Ángel Aguirre se enteró del primer ataque a los normalistas en Iguala una hora y media antes del segundo, revela la PGR

*El ex alcalde Abarca se negó a declarar ante el MP

Advierten los padres de los 43 normalistas que evitarán las votaciones extraordinarias en Tixtla

Lourdes Chávez

Tixtla

La mamá del normalista de Ayotzinapa desaparecido, José Eduardo Bartolo Tlatempa, María de Jesús Tlatempa Bello, advirtió que los padres de los 43 no van a permitir las elecciones extraordinarias para renovar el cabildo de Tixtla, a las que convocó el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero el viernes.
En conferencia de prensa con integrantes de la Asamblea Popular Municipal (APM), señaló que los ciudadanos tienen derecho a elegir a sus autoridades fuera del sistema de partidos, y si los ex candidatos a alcalde, Saúl Nava Astudillo y Hossein Nabor Guillén, del PRI y PRD respectivamente, quieren gobernar el municipio, deben ser votados en asambleas de su barrio o colonia.
Luego de la asamblea de la APM en el auditorio municipal, explicó que los partidos políticos, los gobiernos municipal y estatal nada hicieron para apoyar la demanda principal de los padres de familia, que es la presentación de sus hijos con vida.
Consideró que si se hubieran sumado a la exigencia el gobierno y el Ejército, ya habría entregado a los estudiantes detenidos, porque ellos los tienen.
Denunció que, al contrario, las autoridades de los tres órdenes de gobierno protegen a los delincuentes que atacaron a los estudiantes y siguen agrediendo a los ciudadanos.
Recordó que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos por policías, la noche del 26 al 27 de septiembre en Iguala, y existe evidencia de que todas las corporaciones policiacas y militares sabían que se trataba de estudiantes, que iban desarmados, pero nadie hizo nada para protegerlos.
Pese a los llamados a la resignación del gobierno federal, aclaró que los padres no van a volver a casa sin saber de sus hijos, porque han recibido información de que están vivos, pero las autoridades, en lugar de buscarlos, quieren saber quién les dijo.
Subrayó que ya no confían en las instituciones de gobierno y no van a permitir que los crímenes del 26 queden impunes, como la masacre de Tlatelolco en 1968, “si ese caso no hubiera quedado impune, no hubiera pasado esto”.
Añadió que en este peregrinar por encontrar sus hijos, encontraron que son más de 30 mil los desaparecidos en el país, y en Iguala las personas se acostumbraron a buscar muertos a sus desaparecidos.
“A pesar del daño, de tanto dolor, nosotros somos torturados emocionalmente por no saber dónde están (los estudiantes), gracias a los peritos argentinos sabemos que los cuerpos de las fosas de Iguala, no pertenecían a nuestros hijos”.
También aprendieron que hay “muchísimos detenidos en las cárceles”, que mediante tortura aceptaron responsabilidad en crímenes que no cometieron.
El vocero de la APM, Miguel Ángel Vargas, cuando se le preguntó si habrá boicot electoral nuevamente, aclaró que la acciones en torno al proceso para el Ayuntamiento, se decidirán en la Convención Nacional Popular que se realizará en Ayotzinapa el próximo fin de semana.
Sobre la propuesta de la AMP para renovar el Ayuntamiento, explicó que la elección de concejales mediante asambleas es un método legal y legítimo para integrar al próximo cabildo municipal, pero encontraron mayor cerrazón en el nuevo Congreso local que en el anterior.
Reveló que en una reunión con diputados, la noche que se nombró al Concejo Municipal provisional en el Congreso, la diputada del PRI, Flor Añorve, aceptó que no podían integrar a todos concejales que llevó la AMP, porque otros municipios tomarían el mismo ejemplo. De diez integrantes del Concejo Municipal, sólo incluyeron a cuatro concejales y el resto son la cuotas de los partidos políticos.
Miguel Ángel Vargas ratificó que mantienen la exigencia de que se instale el Consejo Popular Municipal que emane de los pueblos, y que la asamblea popular municipal sea el máximo órgano de decisión del municipio.
En tanto, dijo que en la asamblea aceptaron que algunos concejales se integraran al gobierno provisional, para exigir que los cargos de dirección sean ocupados por representantes de los sectores sociales, no de los amigos o compadres del alcalde.
Un representante de la normal rural expresó su respaldo a la asamblea popular y a los concejales nombrados en las comunidades, “debemos mantener el respaldo al consejo y a los padres, y si tiene que haber boicot, lo va a haber, queremos un cambio en Tixtla, porque si se mantiene el PRI, PAN o PRD, será la misma porquería”.
A nombre de los presos políticos, la hermana del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González, denunció que los gobiernos surgidos de los partidos sólo representan la simulación, y a quien se inconforma y levanta la voz, lo llevan a prisión.
Aseguró que son las autoridades las que trasgreden las leyes, deteniendo a inocentes que denuncian la corrupción y la simulación de los gobernantes.

Supo Aguirre de los hechos de Iguala una hora y media antes del segundo ataque, revela la PGR

*El ex gobernador declara el pasado 27 de agosto, en calidad de testigo, y rechaza cualquier vínculo con el narcotráfico y con José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa

Abel Barajas / Agencia Reforma

Ciudad de México

El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, declaró a la Procuraduría General de la República (PGR) que el 26 de septiembre de 2014 fue informado de lo que ocurría en Iguala a las 22:30 horas, una hora y media antes del segundo ataque a los normalistas de Ayotzinapa.
De acuerdo con informes del gobierno federal, Aguirre declaró el pasado 27 de agosto en la averiguación previa UEIDMS/001/2015, en calidad de testigo, y rechazó cualquier vínculo con el narcotráfico y con José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa.
El ex gobernador, indica el reporte, dijo que las secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública estatal, le avisaron aproximadamente a las 22:30 horas de los hechos violentos en Iguala.
A esas horas ya había ocurrido un primer ataque de la Policía Municipal contra los estudiantes y 21 de ellos estaban detenidos en los separos, además de que habían asesinado a Daniel Solís Gallardo.
Aguirre declaró que lo primero que hizo fue enviar a Iguala a los titulares de la SSP, la Secretaría de Gobierno y la Procuraduría de Justicia, para atender a las víctimas y “preservar la seguridad”.
Esa noche, también le pidió a Lázaro Mazón, en ese momento secretario de Salud, acudir hasta el lugar de los hechos, con la misma encomienda que los demás secretarios.
Mazón, quien nunca ha negado su amistad con José Luis Abarca, fue el único alto funcionario ajeno al gabinete de seguridad al que Aguirre solicitó viajar a Iguala, con la encomienda de proporcionar cuidados médicos a las víctimas, según Aguirre.
El testimonio del ex Gobernador no marca una temporalidad precisa, y no reconoce omisiones en la línea de mando.
El ex gobernador refirió a la PGR que esa noche ordenó a la SSP enviar varios grupos que estaban destacamentados en Acapulco, Chilpancingo y La Montaña, para apoyar labores de vigilancia del Ejército y realizar operativos de búsqueda por helicóptero.
La SSP y la Policía Ministerial de la entidad, según dijo, colaboraron desde un primer momento con el Ejército y la Armada, para rescatar a 68 estudiantes, entre los que se encuentran los que declararon ante el MP.
Ángel Aguirre aseguró que, por parte de su gobierno, las labores de búsqueda de los normalistas llegaron hasta el 27 Batallón de Infantería en Iguala.
Según reportes del gobierno federal, el ex mandatario señaló que el entonces subprocurador estatal, Ricardo Martínez Chávez, acudió a la sede del batallón y se reunió con militares, en un encuentro donde estuvo acompañado de fiscales y estudiantes.

El narco, Abarca y Pineda

El ex gobernador rechazó cualquier tipo de vínculo con María de los Ángeles Pineda Villa, y negó haber influido políticamente para que su esposo José Luis Abarca consiguiera la candidatura del PRD a la alcaldía de Iguala.
Sidronio Casarrubias Salgado, presunto líder de Guerreros Unidos, declaró a la PGR que el ex gobernador tenía una relación sentimental con Pineda Villa, algo que Aguirre rechazó, pues dijo que a la mujer sólo la llegó a ver con Abarca.
La Procuraduría también le preguntó si sabía de los vínculos de los Pineda Villa con el narcotráfico, a lo que respondió que únicamente conoció de esas informaciones en las reuniones interinstitucionales con autoridades del gobierno federal.

Se niega el ex alcalde Abarca a declarar ante el Ministerio Público, revelan los archivos de la PGR

*Afirma que no cometió ningún delito y señala que es sujeto de una persecución por el cargo que desempeñaba como presidente municipal

Antonio Baranda / Agencia Reforma

Ciudad de México

El ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, se negó a declarar ante el Ministerio Público federal, sin embargo, en una demanda de amparo, calificó los hechos del 26 de septiembre como “actos repudiables”.
La Procuraduría General de la República (PGR) subió a su página de internet la versión pública de la averiguación previa del caso Iguala, que consta de alrededor de 54 mil fojas divididas en 85 tomos y 13 anexos.
En el escrito, que está integrado al expediente ministerial del caso Iguala, Abarca sostuvo que no cometió ningún delito y que es sujeto de una persecución por el cargo que desempeñaba.
“Libraron orden de presentación en mi contra para que declare (…) y solicitaron a todas las autoridades federativas y el Distrito Federal, desarrollando una persecución fuera de todo marco legal, donde peligra mi libertad, sin haber cometido delito alguno”.
“Y esa persecución nace por el hecho de ser presidente municipal en Iguala, Guerrero, donde acaecieron actos repudiables de los cuales de forma infamante se me trata de involucrar y de ahí el que recurro ante la justicia federal”, apuntó.
En la demanda, Abarca relató que el 26 de septiembre de 2014, luego de que su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, rindió su informe de labores como presidenta del DIF local, se retiró a su casa a las 21 horas.
“Aproximadamente a las 9 y media de la noche del día 26 de septiembre, recibí una llamada telefónica del ecretario de Seguridad Pública y Protección Civil del municipio. Me informó que en la central camioneta de Iguala se encontraban estudiantes de la Normal de Ayotzinapa secuestrando autobuses”.
“Que se mantuviera en calma, que sólo se llevarían los autobuses; minutos después el secretario (de Seguridad municipal) me informó que había dado parte de los hechos a la Policía Federal de Caminos, le indiqué que estuviere pendiente”, explicó.
“Al día siguiente, sábado 27 de septiembre de 2014, en las primeras horas del día, me enteré de las consecuencias graves de los hechos relatados, por lo cual el Ayuntamiento tomó la decisión de suspender mi informe de gobierno municipal, que me correspondía hacer ese día”.
El ex presidente municipal se reservó su derecho a declarar ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, al igual que su esposa.