Plaza Pública

Ponce y Ahumada  

Miguel Ángel Granados Chapa  

Con lo dicho el miércoles a senadores por el general procurador general de la República se confirma claramente la relación entre Gustavo Ponce y Carlos Ahumada, al punto de que contra dos colaboradores de este último se pidió orden de arraigo, como parte del expediente abierto el 2 de marzo “para investigar conductas” del hasta ese día secretario de Finanzas del gobierno capitalino, “difundidas un día anterior por un canal televisivo”.

Esa relación de negocios fue rota por Ahumada al hacer grabar a Ponce en Las Vegas. La intervención del empresario en ese lance quedó probada con la posesión de uno de los videos que llevó consigo en su huida a Cuba, y que le fue requisado, asegurado o simplemente sustraído por la PGR la tarde de su deportación. También cabe la posibilidad de que, en el marco de la calurosa recepción que esa Procuraduría ofreció al deportado, sintiéndose justificadamente entre amigos Ahumada lo entregara quizá a la agente del ministerio público adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos que le tomó declaración, sin que quede claro con base en qué ordenamiento legal y con qué fines lícitos lo hiciera. Por eso, porque personal de esa Subprocuraduría recibió a Ahumada en el hangar de la PGR, se abulta el desliz del titular de esa dependencia, que negó la existencia de videos cuyo contenido fue, en cambio, explicado por otro subprocurador de la República.

En relación con Ahumada, asombra el contraste entre la diligencia extrema, insólita de la PGR, y su lentitud (aunque a ella nos tiene acostumbrados) según de qué se trate. El 19 de febrero, “con mucho gusto” accedió el delegado de la PGR a que personal a sus órdenes tomara declaración al empresario en un hotel de lujo, porque su vida peligraba si el trámite se hacía en oficinas públicas. El temor expresado por Ahumada era difuso, porque al presentar denuncia por extorsión no mencionó a nadie por su nombre, ni ofreció prueba alguna, según dijo el general procurador general a senadores. Y eso no obstante, tuvo a domicilio el servicio de la Procuraduría. Al trámite, por cierto, no asistió el delegado, como erróneamente lo reportó Macedo de la Concha a senadores. (También, pecata minuta, erró el general procurador general al referirse como diputado a Florentino Castro, dirigente provisional del PRI. Lo fue, pero ya no lo es).

Los dos colaboradores de Ahumada cuyo arraigo fue solicitado en el sumario de Ponce son Antonio Martínez Ocampo y Tito Javier Uribe Huesca. En una cuenta a nombre de este último se manejaron cuantiosos recursos cuyo origen y destino están siendo investigados. En el entretanto, Uribe ha sido encarcelado mediante el riesgoso mecanismo del arraigo, que en los hechos opera un sistema de reclusorios privados (que por añadidura molestan al vecindario). La hija de Uribe, Lidia, por otra parte, figura también en los expedientes de este caso, como pasajera en el famoso avión de Ahumada (el mismo en que fue detenido el ex delegado panista en Álvaro Obregón, Luis Eduardo Zuno, procesado por tráfico de armas; y donde también se trasladó a La Habana Enrique Arcipreste, ya deportado de Cuba y sujeto a juicio por su pretención de obtener con bases falsas una millonaria indemnización).

El papel de Lidia Uribe en los negocios de Ahumada ha vuelto notoria una contrahechura del sistema legal. Dado que desempeñaba un papel semejante en el Grupo Quartz, fue designada hace poco más de un año directora general de administración del diario El independiente. Durante las averiguaciones previas contra Ponce y Ahumada, fueron asegurados los bienes de este último, entre ellos el diario aparecido en junio pasado. El aseguramiento lo realiza la PGR, pero la administración de las cosas aseguradas corresponde al SAE, un servicio especializado de la Secretaría de Hacienda. Los bienes de una persona perseguida o sujeta a proceso pueden ser asegurados, con el estricto alcance de la expresión, pero no pasan a ser propiedad estatal. Al contrario, el Estado adquiere la obligación de administrarlos conforme a la lógica de cada negocio. Si no lo hace, y el negocio resiente daños y perjuicios, en el caso de que el propietario de los bienes asegurados obtenga una sentencia absolutoria, tiene derecho a que se le resarza el patrimonio afectado, sin dismimución. Para garantizar la mínima alteración posible, el SAE acude a la decisión cómoda de nombrar depositarios a los administradores previos, como es el caso de Lidia Uribe. Con lo cual se genera la grave contradicción de que con dinero fiscal (es decir, proveniente de nuestros impuestos), ella mantenga un diario que tenía dificultades para levantar antes de los escándalos y después de ellos se ha tornado enteramente inviable.

Le fue también preguntado al general procurador general sobre ciertos telefonemas salidos de la PGR con destino a Las Vegas en los días en que Ponce fue captado en su afán de apostar. El reporte respectivo, elaborado con gran puntualidad, apareció el domingo pasado en el semanario Proceso. Macedo de la Concha no pudo negar que esos telefonemas efectivamente se hicieron, pero los atribuye a locuaces empleadas de la PGR, que utilizaron líneas oficiales para actividades particulares. Al compareciente no le pareció necesario explicar por qué esas presuntas llamadas de carácter familiar (pues una empleada se jubilará y anda viendo dónde radicarse) sumaron una 265 minutos, y 199 la otra. Son lapsos suficientes para la transmisión de imágenes, según parece.