Acuerdan Poiré y Aguirre indemnizar con 52 millones de pesos a la indígena Inés Fernández, dice un boletín

Daniel Velázquez

El gobierno federal y el gobierno del estado acordaron “la indemnización por 52 millones de pesos para la indígena Inés Fernández por reparación de daño moral” en atención a otro de los 16 resolutivos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) que en 2010 declaró culpable al Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos.
Cuatro meses después de la disculpa pública ofrecida por el gobierno federal a la indígena me’phaa por la violación sexual que sufrió de soldados del 48 batallón de infantería en febrero de 2002, el gobernador Ángel Aguirre y el secretario de gobernación Alejandro Poiré Romero se reunieron para abordar el tema.
En un boletín de prensa fechado en la ciudad de México el gobierno del estado informó de la reunión sostenida con Poiré Romero en cuatro párrafos y en ninguno de los cuales mencionó el caso de Inés Fernández, la información sobre la indemnización se incluyó en la última línea de un pie de foto que da cuenta de la reunión de los funcionarios federales como si se tratara de un caso menor y no una orden que deben cumplir por sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El pasado 7 de marzo, en Ayutla, Poiré Romero ofreció una disculpa pública a Inés Fernández en nombre del gobierno federal.
En el pie de foto se lee “el Gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, con el titular de la Segob, Alejandro Poiré, donde abordaron temas como la continuidad del Operativo Guerrero Seguro, la instalación de cámaras de seguridad en Acapulco y la indemnización por 52millones de pesos para la indígena Inés Fernández por reparación de daño moral”.
El comunicado no especifica cuándo ni cómo se hará efectiva la indemnización a Fernández Ortega.
En el boletín de prensa se informó que en la reunión entre Poiré y Aguirre acordaron “acciones que fortalezcan la promoción y respeto de los derechos humanos de los guerrerenses, así como fortalecer (la operación) Guerrero Seguro”.
El comunicado del gobierno del estado señala que en la reunión Ángel Aguirre le reportó al secretario de Gobernación del “importante avance en la instalación de videocámaras de vigilancia” en el puerto de Acapulco que servirán para reforzará la prevención del delito en el municipio.
Según el boletín al gobernador lo acompañaron los secretarios General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, y de Finanzas y Administración, Jorge Salgado Leyva.
Por la Secretaría de Gobernación estuvieron el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Max Diener Sala, y el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Alejandro Ramos Flores.
En el comunicado tampoco informa de nuevas acciones para reforzar la operación Guerrero Seguro luego de que durante cuatro días el servicio de transporte público de cinco rutas que dan servicio a la zona suburbana del puerto estuvo suspendido debido al asesinato de tres choferes como efectuados presuntamente por la delincuencia organizada para exigir el pago de cuotas.