Animadversión y ataques del gobierno federal a Vidulfo, Abel Barrera y Olivares, denuncia la Red

*El organismo integrado por 75 agrupaciones no gubernamentales señala que podría ser el comienzo de un endurecimiento contra el trabajo civil en materia de derechos humanos. Los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y el hallazgo de 104 cuerpos en fosas en Iguala es un reflejo de la verdad que el gobierno pretendía ocultar, declaran nueve ONG

Redacción

Chilpancingo

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) denunció descalificaciones, difamaciones, actos de intolerancia y “ataques infundados” en contra de los directivos de organismos de derechos humanos que han acompañado a los padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa detenidos-desaparecidos.
Mientras tanto, integrantes de organizaciones civiles, grupos, movimientos, colectivos sociales, investigadoras e investigadores, emitieron ayer una declaración sobre las graves violaciones a los derechos humanos “que están afectando a la población mexicana”, y expresaron que “ante la falta de verdad y justicia real del Estado mexicano, estamos recurriendo a instancias internacionales para denunciar lo anterior”.
En un boletín, la Red TDT denunció que los directivos del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y Vidulfo Rosales Sierra, así como del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón de Chilapa, Manuel Olivares Hernández, (también secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos), han recibido constantes ataques infundados.
Por ello, el organismo que cuenta con 75 organizaciones en el país expresó su preocupación “frente al creciente clima de intolerancia respecto del trabajo independiente en materia de derechos humanos” y rechazó las descalificaciones que se han vertido en contra  de directivos de esos organismos que son integrantes de Red TDT.
La red se refiere concretamente a las descalificaciones del gobierno federal que en vez de reconocer los “profundos problemas que vive el país”, se ha dedicado a “cuestionar a las voces críticas”, y cita la descalificación al relator contra la Tortura “y más recientemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
Denunció, asimismo, que el gobierno federal ha generado un clima de animadversión al trabajo que realizan organizaciones como Tlachinollan.
“Rechazamos categóricamente los constantes ataques infundados contra los defensores de derechos humanos del estado de Guerrero Vidulfo Rosales, Abel Barrera y Manuel Olivares”, dice en el boletín.
El organismo denunció que esto podría ser el comienzo de un endurecimiento contra el trabajo civil en materia de derechos humanos, por lo que les expresó el apoyo al trabajo que han venido desempeñando.
Por otra parte, representantes de nueve organismos no gubernamentales (ONG) de derechos humanos en el país, emitieron ayer una declaración en contra de las “graves violaciones a los derechos humanos en México”.
Los organismos son el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Defensoría de los Derechos Humanos por la Justicia,  Familiares en Búsqueda María Herrera, Tribuno Popular,  Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez,  Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, y Colectivo contra la Tortura y la Impunidad.
Citan como uno de los ejemplos la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa el 26 septiembre de 2014 en Iguala y las decenas de fosas encontradas posteriormente tan sólo en ese mismo municipio que abrieron una verdad “que se pretendía ocultar durante esta administración y que ha puesto de manifiesto una mínima parte de la gravedad que vive México en lo referente a estas violaciones”.
Denuncian que solamente de noviembre de 2014 a mayo de 2015 en esa zona se han recuperado a través de la búsqueda ciudadana 104 cuerpos, de ellos sólo 10 han sido identificados y entregados a sus familiares.
Exigen que las autoridades  implicadas o señaladas en crímenes contra la población civil sean investigadas y se les castigue, poniendo especial énfasis sobre desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales.
Asimismo, exigieron al Estado mexicano “que ponga fin de forma inmediata a la criminalización de las víctimas, a sus familiares, a las personas defensoras de derechos humanos que les acompañamos, así como a las y los periodistas que han mostrado a la opinión pública la grave crisis que vive México en esta materia”.