Los derechos humanos en México y EU

Eliana García

Hoy queremos conversar sobre temas que concurren en la construcción de políticas de Estado en materia de respeto a los derechos humanos plenos : 1) la urgencia de avanzar en la aprobación de iniciativas de ley que prevengan, sancionen y erradiquen la práctica de la desaparición forzada de personas; y 2) la suspensión de la ejecución de nuestro paisano, Osvaldo Torres Aguilera, detenido actualmente en un penal de Oklahoma, Estados Unidos.

1.- A muchos nos duele la deuda histórica del Estado mexicano ante la ausencia de castigo a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la llamada guerra sucia de los 60, 70 y 80, especialmente hacia la población guerrerense que fue una de las más lastimadas. Por eso, queremos apoyar la campaña que se impulsa en el estado de Guerrero para que se apruebe una ley contra la desaparición forzada.

La propuesta legislativa elaborada por la sociedad civil se fundamenta en estándares derivados del derecho internacional de los derechos humanos, que reconociendo la complejidad del ilícito nos plantea la inclusión de elementos que van más allá de solamente tipificarlo como conducta delictiva en los códigos penales federal o estatales.

Por ello, la ley incluye la prohibición de beneficios tales como amnistías, indultos o beneficios de ley para los responsables de este delito; el establecimiento de la característica de delito continuo o permanente y por ende imprescriptible hasta en tanto no se sepa el paradero de la víctima; la prohibición de excluyentes de responsabilidad como la obediencia debida; la prohibición de fueros especiales en la investigación del delito, por mencionar algunos de los elementos necesarios.

Resulta positivo que la propuesta haya sido retomada íntegramente por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del estado y presentada en la Oficialía Mayor del poder Legislativo guerrerense. Este hecho poco usual se erige como una expresión de participación ciudadana en asuntos que son de interés público, y resalta la simpatía que existe por parte del Congreso estatal para legislar sobre                             temas de trascendencia para la sociedad en general y para los guerrerenses en particular.

La necesidad de contar con leyes que prevengan y sancionen la desaparición forzada de personas es una obligación que nos atañe también en el ámbito federal, y en las comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y del Senado del Congreso de la Unión se encuentran iniciativas cuyos contenidos se asemejan a los de la iniciativa presentada por la sociedad civil en Guerrero; por tanto, esperaríamos que estas iniciativas se dictaminen durante el periodo de receso y se voten al inicio del periodo ordinario de sesiones.

2.- No cabe duda que la acción es el mejor medio para combatir las injusticias y que el Poder Legislativo en todos sus ámbitos tiene la obligación no sólo de establecer pautas normativas que hagan vigentes y efectivos los derechos humanos, sino también de hacerse eco de aquellas propuestas que provengan de la sociedad civil organizada como una forma de hacer efectiva la participación ciudadana en los distintos ámbitos de gobierno.

Es así que desde abril se desplegó una intensa labor parlamentaria cuyo objetivo fue participar con la familia, las organizaciones de derechos humanos de México y Estados Unidos y con el Ejecutivo federal para impedir la ejecución del regiomontano Osvaldo Torres Aguilera.

La Corte Criminal de Apelaciones del estado de Oklahoma determinó suspender la ejecución de Osvaldo para que la Corte de Distrito estatal retome el caso y revise las irregularidades que se cometieron al no dársele derecho al debido proceso, empezando porque no se le informó de los derechos de audiencia y de apoyo consular que establece la Convención de Ginebra de 1963.

Esta decisión de la Corte Criminal de Oklahoma es de gran relevancia porque apunta hacia el acatamiento de la resolución emitida por la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el sentido de que en los juicios de 51 mexicanos, ahora sentenciados a muerte en Estados Unidos se violentaron garantías protegidas por el derecho internacional. Y aunque el gobernador de Oklahoma, Brad Henry le haya conmutado la pena de muerte por cadena perpetua a Osvaldo Torres, lo que realmente procede, según la Corte Criminal, es la reposición del proceso. ¡Enhorabuena! Y todavía nos faltan 50 paisanos más.

Epílogo. Los mexicanos de allá se sacrifican de diferentes maneras. Expresamos nuestra solidaridad a la familia, a los amigos y a todos los paisanos por la muerte de Isela Ruvalcaba, joven militar de origen mexicano recién asesinada en una emboscada en Irak. ¿Cuántos muertos más necesita la sed invasora de George Bush?

Es verdad que son varias caras de una misma moneda: los derechos humanos de los mexicanos de aquí y de allá. Y nuestro compromiso por estos derechos binacionales plenos sigue en el aire.