El municipio cuestionado

Tlachinollan  

Desde hace tiempo, la esfera municipal no deja de dar razones para ser                             cuestionada debido a las arbitrariedades que en ella se suscitan. En particular, a un año de la muerte de cinco integrantes de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), en la comunidad de Escalerilla Lagunas, municipio de Zapotitlán Tablas. Éste caso fue ampliamente difundido e incluso llegaron a cuestionarse ciertas reuniones del ex presidente municipal Silvino Mosso Porfirio con dirigentes de fracciones parlamentarias y con el propio procurador general de Justicia del Estado.

En el mismo tenor, en los últimos tiempos se han “ventilado” en el Congreso del Estado los diversos juicios de desafuero contra los presidentes municipales Silvino Mosso Porfirio de Zapotitlán Tablas, Genaro Vázquez Solís de San Luis Acatlán, Maclovio Ariza Acevedo de Chilapa y Serafín Ayala Ramos de Tetipac, entre otros. Lo que indica que la crisis de las autoridades municipales no es exclusiva de un solo partido, ya que hay presidentes municipales del PAN, del PRI y del PRD involucrados en irregularidades.

Constantemente las autoridades municipales conciben sus cargos como fuente de poder, la cual es ejercida de manera discrecional, porque el marco jurídico se los permite en diversas materias. La función pública municipal es mal entendida por muchas autoridades y en repetidas ocasiones las comunidades se quejan de arbitrariedades y del uso anómalo de los recursos financieros.

La arbitrariedad municipal llega a extremos, como lo son las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias o la negligencia de los síndicos en el auxilio del Ministerio Público. Son ejemplos de esta arbitrariedad los casos del joven Me’ phaa –tlapaneco– Sócrates Tolentino González Genaro y el de los menores Na savi –mixtecos– Nancy y Froilán Pinzón Chávez, de 8 y 10 años, respectivamente.

González Genaro fue detenido arbitrariamente por policías preventivos municipales de Zapotitlán Tablas. Fue ejecutado extrajudicialmente la madrugada del 15 de febrero de este año mientras estaba encarcelado en el Ayuntamiento. Las autoridades municipales de inmediato intentaron disfrazar los hechos al pretender que se trataba de un suicidio. Incluso, mediante engaños, obligaron a la madre del joven a firmar unos documentos en donde hacían constar que la mujer aceptaba que se trataba de un suicidio y se oponía a que le aplicaran una necropsia al cuerpo.

A pesar de ello, se solicitó la exhumación del cadáver y se efectuó la necropsia de ley. El dictamen médico concluyó que el cuerpo de González Genaro presentaba dos fracturas de cráneo, una fractura en costillar derecho y otra en la tibia de la pierna izquierda. Es evidente que estamos en presencia de una ejecución extrajudicial.

El caso de los niños Nancy y Froilán no es menos grave. El 17 de abril pasado fueron detenidos por el síndico procurador del municipio de Metlatónoc. Acusados de robo, Nancy permaneció encarcelada durante 24 horas y Froilán sufrió 6 días de encarcelamiento ilegal.

Según el testimonio de los menores, mientras Froilán estuvo preso, el síndico lo llevaba a su oficina y lo amenazaba diciéndole: “Tú te robaste los 40 mil pesos. ¿Con quién te metiste? Si nos dices, te dejamos en libertad. Y cada vez que niegues, te vamos a regresar a la celda. Voy a conectar un cable de luz y lo voy a poner en una silla de fierro y te voy a sentar ahí y te vas a quemar todito”. El niño también informó que, en una ocasión, el funcionario se quitó el cinturón y amagó con golpearlo.

La liberación de Froilán se debió a la intervención del Juez de Paz, pues la madre de los menores, Carmela Chávez, acudió ante éste. Aún así, al momento de poner al niño en libertad, obligó a la mujer, quien no sabe leer ni escribir, a firmar un acta de la que se desconoce su contenido. Si no lo hacía, el síndico le aseguró que no iba a sacar a su hijo de la cárcel.

Ya liberados los menores, el 30 de abril –Día del Niño, por cierto– el denunciante del robo, Lorenzo Guerrero, se presentó en el domicilio de los niños cuando su madre no se encontraba allí. A gritos les exigió la entrega del dinero y con una vara los agredió. Golpeó a Nancy en la cara y en la espalda y a Froilán le provocó una lesión en la parte posterior de la cabeza, herida que requirió cuatro puntos de sutura.

Los casos mencionados son muestra de la extrema arbitrariedad con que actúan algunas autoridades municipales. Esta esfera de gobierno, que históricamente fue concebida como la célula democrática y que significa el primer contacto de la población con el Estado, ha sido utilizada por muchos funcionarios como un espacio privilegiado de poder y arbitrariedad. Los mecanismos de control y revisión municipal parecen inexistentes, el Congreso es un instrumento político –y no jurídico– de control y esto ocasiona que cada fracción parlamentaria defienda al presidente municipal que forma parte de su ideología partidista.

Para finalizar, los dos casos son ejemplos de que el actuar violatorio de las autoridades y la impunidad de la que gozan lo único que generan es mayor violencia. Si en el caso de los integrantes asesinados de LARSEZ en Escalerilla Lagunas se hubiese hecho justicia mediante la detención a tiempo del presidente municipal, del síndico y de los policías que participaron, González Genaro no hubiese sido asesinado, pues los responsables son los mismos.

En el caso de los niños Nancy y Froilán, tal vez si el síndico hubiese actuado legalmente desde el inicio, dando parte a las autoridades investigadoras e instaurándose el procedimiento que compete, se habría evitado que Lorenzo Guerrero recurriera a la venganza privada en un intento de lograr justicia por mano propia.