Plaza Pública

Diálogos  

Miguel Ángel Granados Chapa  

Entre los muchos territorios donde se espera que florezca, en dos principales urge la reanudación del diálogo interrumpido entre partes que necesariamente han de hablar. Se requiere que el gobierno federal y el del DF lo hagan. Y es preciso que se descongele la relación entre Cuba y México.

El presidente Fox y el jefe de Gobierno López Obrador han tomado debida nota de la satisfacción pública que sigue a sus encuentros, que no menudearon en el pasado pero tampoco han sido infrecuentes. En recorridos por la ciudad de México, en acciones relacionadas con su centro histórico, en toda circunstancia en que con sus presencias y sus palabras denotan cooperación y vínculo armonioso, han comprobado que la sociedad aprueba ese talante y no el contrario, ya no digamos el de la rijosidad sino ni siquiera el de la distancia inquinosa.

Cuando se planteó un grave diferendo entre los dos mandatarios, a causa de la designación del secretario de seguridad pública (que por la capitis deminutio que afecta todavía a la ciudad capital debe ser designado por el Presidente de la República, no obstante que dependa del gobernante de la ciudad de México), el diálogo fue la solución a la desavenencia que iba camino a convertirse en conflicto. Y del encuentro entre Fox y López Obrador resultó no sólo la evidencia de que tienen intereses en común (servir en el ámbito de cada cual a la muchedumbre que habita el Distrito Federal), sino que pueden coincidir en una sana y productiva decisión, como lo fue el nombramiento de Marcelo Ebrard para sustituir a Leonel Godoy, que se había marchado a Michoacán.

Cuando creció el ruido del videoescándalo, López Obrador solicitó audiencia al Presidente, que la negó airado, y remitió al jefe de Gobierno capitalino a la oficialía de partes de la Procuraduría General de la República. El envío burocrático se transformó poco después en una virtual acusación, generadora de dos averiguaciones previas. De modo que el diálogo intentado por el tabasqueño con el guanajuatense se transformó en una imperativa cita con agentes del ministerio público federal

En sentido contrario a muchas evidencias, y después de emitir juicios toscos sobre el gobierno de la ciudad, el presidente Fox estableció que nada personal lo distancia de López Obrador ni pretende someterlo a la acción penal. Para que sus dichos no los arrastre el viento (pues ya dictaminó el poeta que las palabras son aire y van al aire), deben convertirse en hechos, el más elocuente de los cuales será un encuentro político de los dos mandatarios, que no persiga siquiera intercambiar explicaciones sobre la gestación del ácido ambiente institucional que los ha enfrentado, y mucho menos convenir la solución de sus diferencias. Basta la sola reunión, la manifestación cara a cara de sus convicciones democráticas, que incluyen el respeto mutuo y la acción gubernamental destinada a mejorar la condición de vida de los ciudadanos.

Si el Pressidente no contribuye mediante ese gesto a paliar el ánimo crispado que hoy priva no sólo en la contienda política sino en el diario transcurrir de la vida pública, aportará su cuota a consolidar la mala tentación que asalta a los enemigos de López Obrador, que consiste en removerlo. El motivo, descrito con peligrosa vaguedad en el texto constitucional, que puede conducir a la remoción, consiste en “causas graves que afecten las relaciones con los poderes de la Unión”. Será posible interpretar, si se inicia el peligroso tránsito hacia la remoción, que la tensión presente configura una de esas “causas graves”, que la mitad de los miembros de la Comisión Permanente del Congreso (compuesta por 19 diputados y 18 senadores) puede invocar para deponer de su cargo a un funcionario elegido por voto ciudadano y que, según lo muestran claramente diversas encuestas, mantiene un alto asentimiento por su gestión.

Igualmente debe el presidente Fox convertir en hechos el compromiso que emitió al declarar que su gobierno rechaza el injerencismo norteamericano expresado en el endurecimiento del bloqueo contra Cuba, y por lo tanto no se suma a él. Puesto que el propósito del renovado y rencoroso asedio es debilitar al gobierno de La Habana, el de México se anticipó a esa acción de debilitamiento al virtualmente romper con el régimen castrista, mediante la agraviante expulsión del embajador y del consejero político, medidas extremas que no fueron antecedidas por otras cuyo desacato empujara hasta las más violentas de declarar no grato al consejero y despedir en un plazo perentorísimo al embajador.

La próxima semana se reunirá en territorio mexicano la cumbre de mandatarios de Europa y América Latina. La relación del presidente Fidel Castro con la mayor parte de los asistentes no pasa por su mejor momento, pero su participación en una cita multilateral puede favorecer el mejoramiento de sus vínculos bilaterales. Pero difícilmente optará por presentarse en un encuentro al que tiene pleno derecho de participar, si su anfitrión encabeza un gobierno que prácticamente ha roto un lazo que, con altas y bajas se había mantenido indestructible aun en los peores momentos.

La decisión de no contribuir al debilitamiento de Cuba debe por eso, en el caso mexicano, adoptar aspectos concretos, como la normalización de las relaciones, mediante el retorno de los embajadores. Pasen por alto los gobiernos la imputación de la responsabilidad original y proclamen, en aras de la historia de sus relaciones, la decisión de mirar hacia adelante.