Admite Procuraduría mexiquense deficiencias y omisiones en investigación del caso Tlatlaya

*Revela su titular Alejandro Gómez ante diputados locales que por la llegada de la noche tuvieron que apresurar el levantamiento de datos. Permanecen siete policías ministeriales detenidos por abuso de autoridad

Veneranda Mendoza / Agencia Proceso

Toluca

La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) tuvo deficiencias, omisiones e insuficiencias para preservar y procesar el lugar de los hechos en que 22 civiles perdieron la vida el 30 de junio de 2014, en una bodega de Tlatlaya, admitió el titular de la dependencia, Alejandro Gómez.
Al comparecer ante diputados locales con motivo de la glosa del cuarto informe de Eruviel Ávila, el abogado de la entidad precisó que sus elementos arribaron al lugar de los hechos 6 horas después de recibir el llamado, pues antes fue necesario reunir equipos de ministerios públicos y elementos de la Policía Ministerial de Toluca, Valle de Bravo y Tejupilco.
“Nosotros, tomamos conocimiento de los hechos en las circunstancias en que se encontraban las cosas en ese momento”, dijo.
El panorama, justificó, resultó adverso, por la dimensión del evento, por la cantidad de elementos de la Sedena, PGR, PGJEM y de seguridad presentes, y porque cayó la noche.
“Tratamos de acordonar la zona, sellarla e impedir que gente ajena a la investigación entrara, tratamos de dividir a los equipos en 3 secciones para abarcar todo. Fueron varias horas de trabajo, llegó el momento en que oscureció en que cayó la noche y la Sedena nos dijo que no podíamos permanecer en el lugar por el riesgo que corríamos, por eso posiblemente realizamos los peritajes o levantamientos con cierta premura, lo que estuvo mal hecho, y si es motivo de sanción, así tendría que ser”, dijo.
La PGJEM, prosiguió, realizó el levantamiento de 22 cuerpos que fueron trasladados a Toluca; inició los interrogatorios a tres mujeres que señalaban que estaban secuestradas, particularmente dos, una dijo que había ido a rescatar a su hija de los malos pasos en que se encontraba”.
Elementos de la Sedena, indicó, presentaron denuncia en contra de estas mujeres por la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
La PGJEM comenzó a procesar los dictámenes periciales: química, balística, radizonato, etc., que no se realizan de un día para otro, tardan tiempo, sobre todo porque implican 22 cuerpos, entrevistas a estas tres mujeres y las declaraciones de los elementos de la Sedena”, dijo.
Cuando se iban a integrar estos elementos, la PGR atrajo la investigación.
“Conocimos que las 22 personas fallecidas, aunque es lamentable cualquier muerte, había claros indicios, por la PGR y la PGJEM, que pertenecían a una organización delictiva y llegaron a tomar la noche en ese lugar”, afirmó.
Una de las mujeres, la mayor, fue liberada y las otras dos quedaron arraigadas en la PGR. Luego el MP de la Federación ejercitó acción penal por el delito de posesión ilícita de armas y cartuchos reservados al Ejército, aunque después se desistió del ejercicio de la acción penal y quedaron libres.
“Hay declaraciones de ellas ante el MP del fuero común, ante el MP Federal en dos ocasiones, ante la autoridad judicial federal al momento de la declaración preparatoria, y ante la CNDH; al compararlas, hay inconsistencias en lo que dicen una respecto de las otras y lo que dicen en cada declaración”, dijo.
De cualquier manera, dijo, se están acatando las recomendaciones de la CNDH, quien consideró que en dos casos hubo tortura y en el otro maltrato.
Como resultado, recordó, se entabló proceso penal por tortura en contra de 7 elementos de la policía ministerial, y por abuso de autoridad en contra de un agente del MP, que se encuentran en curso.
El procurador mexiquense recordó, no obstante, que el delito de tortura es grave, pero no está previsto como tal en el artículo 19 de la Constitución Federal para que merezca prisión preventiva oficiosa y los procesados han colaborado en todo momento, alcanzando medidas cautelares para enfrentar el proceso en libertad.
Adicionalmente, aseguró más de 60 compañeros, entre peritos, fotógrafos, criminalistas, etc., han sido entrevistados y han desahogado su garantía de audiencia ante el Igispem.
Además, sostuvo, se está trabajando en la individualización de la reparación del daño para las mujeres, mientras que con los familiares de las víctimas se han realizado 77 acciones de trabajo social y capacitación para el trabajo y proyectos productivos.