Saúl Escobar Toledo

Una Secretaría de la Cultura ¿para qué?

Junto con el Paquete Económico 2016, el Ejecutivo envió al Congreso, a principios de septiembre, una propuesta de ley para la creación de la Secretaría de la Cultura. Como si se tratara del alien de la famosa película El octavo pasajero (1979) de Ridley Scott, la propuesta fue llevada al Congreso como un intruso, un ente inesperado que desentonaba con el resto de los proyectos enviados. Si bien el Presidente anunció la propuesta de la creación de la Secretaría en su Informe de Gobierno, este proyecto resultaba aún más extraño en la medida en que el Presupuesto de Egresos de la Federación anunciaba una serie de recortes al gasto del gobierno, incluyendo uno muy significativo para la cultura.
Durante los últimos veinte años ha habido distintas iniciativas en este sentido, pero el debate se ha estancado. En las distintas legislaturas no se alcanzaron suficientes acuerdos entre las fracciones parlamentarias y tampoco entre éstos y los grupos de la comunidad de profesores y trabajadores manuales y técnicos de la cultura. Peor aún, la iniciativa enviada por el Ejecutivo para crear la Secretaría es un documento muy limitado pues carece de una verdadera exposición de motivos y no justifica ni explica las razones por las que, ahora sí, vea la luz un organismo de este tipo. El escrito del Presidente tampoco hace mención a otras iniciativas similares, presentados anteriormente, ni discute las razones por las que en el pasado esta propuesta no fructificó.
En sólo dos renglones, que dicen que “la fortaleza institucional de la cultura… requiere de un organismo fortalecido (sic)… para multiplicar el programa de acciones (sic)” que permitan “atender… la riqueza y diversidad cultural nacional”, se agotan los argumentos para crear la Secretaría de la Cultura.
También se refritea el Programa Especial de Cultura y Arte 2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en abril de 2014 en el que no se mencionaba la necesidad de crear una Secretaría. Más bien, en este documento se señala que a raíz de la reforma del artículo 4º Constitucional se requiere “la actualización del marco jurídico del sector cultural con una visión integral y de conjunto” y que para ello se hace necesario “fortalecer institucionalmente a Conaculta”. Pero la actualización del marco jurídico vía el expediente administrativo de crear una Secretaría, no puede considerarse suficiente sin una ley en la materia. Cosa que no aparece por ningún lado, ni en la iniciativa, ni en el Programa ya aprobado y publicado.
En resumen, se está tratando de imponer la creación de una Secretaría de la Cultura por encima de un debate que nunca concluyó. Un debate que debe partir de al menos dos preguntas básicas: primero, ¿debe separarse la educación de la cultura para la elaboración, administración e implementación de las políticas públicas en estas materias? Y, segundo, ¿es eficiente o no el modelo actual basado en un organismo coordinador (Conaculta) y dos institutos desconcentrados?, es decir ¿deben fortalecerse los institutos o, al contrario, centralizar la toma de decisiones en una Secretaría?
Veamos el caso del INAH. Este organismo, creado en 1939 por el Presidente Lázaro Cárdenas, en su Ley Orgánica le otorga diversas funciones que incluyen aplicar las leyes, efectuar investigación científica, recuperar, rescatar, proteger y vigilar los monumentos y zonas arqueológicas, organizar, mantener, administrar y desarrollar museos y bibliotecas, publicar obras, impartir enseñanza en las áreas de antropología e historia, y en las de conservación, restauración y museografía, etc. De acuerdo a lo anterior, el INAH como el INBA, es un organismo con personalidad jurídica propia aunque dependiente de la SEP.
Es decir para el Instituto no hay tal separación entre educación y cultura sino un conjunto de tareas que abarca ambas esferas. Las escuelas y los diversos centros de investigación del INAH realizan labores que son parte de la labor educativa del gobierno pero que no están desvinculadas de las labores normativas y de difusión del patrimonio cultural arqueológico e histórico encomendadas al Instituto.
Se podría argumentar que la Secretaría de la Cultura agilizaría la administración pública pues la SEP es un organismo gigantesco. Pero los institutos son instrumento de descentralización de las decisiones y la administración de las políticas culturales. La creación de la Secretaría significaría lo contrario, centralizar estas funciones.
Para ilustrar lo anterior, podemos tomar un ejemplo internacional, el caso de Guatemala.
En el país vecino existe un Ministerio de Cultura y Deportes, encargado, entre otras cosas, de coordinar los museos y llevar el registro de bienes culturales tangibles e intangibles, muebles e inmuebles, públicos o privados. En la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural está incluido el Instituto de Antropología e Historia (IDAEH), el que a su vez se encarga de la protección y mantenimiento de los sitios históricos y arqueológicos y de los museos nacionales. Dicho instituto fue fundado en 1946 y luego en 1986, al crearse el Ministerio de Cultura y Deportes, se transfirió al Ministerio con todo y sus funciones.
Por su parte, los centros superiores de investigación y documentación están ubicados en las universidades como la del Valle de Guatemala. A esta última pertenecen el Centro de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas y la licenciatura en Historia.
Esta experiencia internacional, y otras como la de Colombia, que no podemos incluir aquí, nos muestran que la tendencia, desde hace unos veinte años, consiste en la creación de Ministerios de Cultura que absorben y centralizan la labor que antes tenían los institutos. Pero el caso de México es diferente pues tanto el INAH como el INBA fueron creados, desde el principio, con una idea distinta: la de desarrollar, en sus respectivos campos, un labor muy amplia. En el INAH en particular, sus tareas son normativas, de vigilancia de aplicación de la ley, pero también de investigación, enseñanza y difusión, incluyendo la organización de los museos.
Se trata de dos modelos distintos y por ello, antes de cambiar uno por otro, habrá que preguntarse si el vigente está agotado o ha sido ineficiente.
Además, la creación de una Secretaría de la Cultura implicaría una reorganización laboral de los institutos y un nuevo arreglo sindical. Todo ello está preocupando a los profesores e investigadores del INAH (comunidad a la que pertenezco) así como a los grupos artísticos del INBA y a diversos sectores de los trabajadores técnicos y administrativos. Los riesgos que señalan son que una Secretaría, por encima del INAH, pondría en riesgo el patrimonio cultural de la Nación pues se invadirían las responsabilidades del instituto al despojarlo de su autoridad en la protección de los monumentos y zonas arqueológicas e históricos y que, con ello, se agudizaría la tendencia, ya presente desde hace años, hacia su privatización y su explotación irracional.
Les preocupa también que el cambio jurídico del titular de las relaciones laborales pueda alterar desfavorablemente sus condiciones de trabajo (temor que se acentúa con el recorte presupuestal). También, que la ley obligue a todos los trabajadores (profesores, investigadores, técnicos y administrativos) a afiliarse a un nuevo sindicato al crearse una nueva secretaría, lo que puede afectar el marco democrático en que se ha actuado hasta ahora.
Todo ello indica que el debate debe resolver, con un amplio consenso, un conjunto de problemas antes, no después de la creación de la Secretaría y, por supuesto, que deberían formar parte de la discusión de una Ley de la Cultura. Mientras eso no suceda, aprobar la creación de una Secretaría sería un acto poco responsable, una decisión tomada a ciegas. Recuérdese que, como en la película de Scott, cuando de pronto cobra vida un alien, las cosas se ponen feas.

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