Denuncia el Centro Morelos violación de derechos de los niños desplazados de Coyuca de Catalán

*El Conafe argumenta que la localidad en donde están refugiados 30 niños no está registrada por el Inegi, para negarles salud y educación

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), de Chilapa, denunció que los gobiernos federal y estatal violan el derecho a la educación y a la salud de los niños que fueron desplazados junto con sus familias por la violencia de comunidades del municipio de Coyuca de Catalán.
“Estos niños siguen viviendo en condiciones de mucha vulnerabilidad, y en estos momentos el derecho a la educación es lo que nos mueve a hacer un llamado a las autoridades para que el Conafe (Consejo Nacional de Fomento Educativo) envié maestros a la parte alta de la sierra para la atención de 30 niños”, dijo el representante del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, Manuel Olivares Hernández, quien a su vez es secretario técnico de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos.
Acusó que los más de 30 niños que fueron desplazados por la violencia se encuentran sin recibir instrucción desde que inició el ciclo escolar “por la insensibilidad y falta de compromiso con los derechos humanos de parte del delegado estatal del Conafe, José Vega Luna y del director general de esta institución Joel Guerrero Juárez”, quienes argumentan que la localidad en donde están refugiados los niños no está registrada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“Es indignante que por la falta de voluntad o capacidad del Estado mexicano y sus instituciones para garantizar el derecho a la vida, la integridad física, al patrimonio y la justicia, en Guerrero existan cientos de familias desplazadas viviendo con sus niños en condiciones inhumanas sin ningún derecho”, dijo Olivares Hernández.
Recordó que hace cuatro años, después de 27 asesinatos y la desaparición de tres personas, 30 familias de las comunidades de La Laguna y Hacienda de Dolores, municipio de Coyuca de Catalán tuvieron que dejar todo su patrimonio, “para pasar a ser los primeros desplazados por la violencia de la región de Tierra Caliente”.
Añadió que ahora esas familias siguen sufriendo “todas las carencias propias de quienes están como arrimados en tierra ajena”, y añadió que, de ellos los que más sufren son los niños, “quienes no tienen acceso a ningún derecho”.
Explicó que 14 de estas familias desplazadas, “tratando de salvar la vida” emigraron al municipio de Ayutla de los Libres y 16 se quedaron en Puerto de las Ollas con la esperanza de que el gobierno del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero les dotara de tierras suficientes donde reubicarse y rehacer su vida.
Sin embargo denunció que Aguirre incumplió y que el gobernador Rogelio Ortega Martínez está por concluir y no ha sido posible concretar la dotación de las tierras, y que eso está provocando que alrededor de 30 niños no tengan acceso a la educación, ya que desde abril del año pasado el gobierno inicio los trámites de adquisición de las tierras en el lugar conocido como La Tondonicua en la parte alta de la sierra de Petatlán, sin que los trámites concluyan.
Añadió que el posesionario de las tierras, al recibir un anticipo les dio permiso para que las familias empezaran a vivir en ese lugar en donde construyeron sus viviendas.
Olivares Hernández dijo que, a principios de este año las familias comenzaron los trámites para que Conafe les autorizara maestros.
Agregó que las familias buscaron a dos muchachos que tuvieron la disponibilidad de irse y que los padres construyeron las aulas, pero que al inicio de este ciclo escolar en la delegación de Conafe les explicaron que debido a que la comunidad no está reconocida por el Inegi ya no será posible que les autoricen a los maestros para que atiendan a los 30 niños.
Informó que, debido a ello, el próximo lunes una comisión de madres y padres de familia instalarán un plantón en la delegación de Chilpancingo para exigir al delegado que reconsidere su postura.