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Piden al gobernador restituir tierras a campesinos de Tlacoachistlahuaca

Acusan que la Secretaría de la Reforma Agraria provocó el conflicto entre las comunidades de Cuitlapan y Terrero Venado hace 35 años, al dar a la segunda unas hectáreas que no le pertenecían. Ya hubo hasta muertos por el problema, advierten

 Teresa de la Cruz Chilpancingo Comuneros               de San Pedro Cuitlapan, del municipio de Tlacoachistlahuaca, pidieron ayer al gobernador René Juárez que intervenga en la solución del conflicto agrario que provocó la Secretaría de la Reforma Agraria desde hace 35 años, al quitarles 730 hectáreas para otorgarlas con un “plano falso” a la comunidad de Terrero Venado.

Advierten que el problema ha generado enfrentamientos entre los habitantes, los cuales han dejado cuatro muertos y varios heridos.

En conferencia de prensa, el comisariado de Bienes Comunales               de San Pedro Cuitlapan, Aurelio Rojas Porfirio, indicó que desde 1969 esa comunidad fue reconocida ante las autoridades agrarias como ejido, del cual pasaron a formar parte varias localidades, entre ellas Terrero Venado.

Sin embargo, en 1970 las autoridades de Terrero Venado pidieron a San Pedro Cuitlapan su deslinde como ejido, con el pretexto de que querían trabajar las tierras, aunque en el fondo “querían apartarse para vender madera preciosa por su propia cuenta a la forestal Vicente Guerrero, empresa que es del gobierno del estado”. dijo Rojas Porfirio.

Mencionó que ante la negativa de las autoridades de San Pedro Cuitlapan para autorizar el deslinde del ejido, en 1980 “con un plano falso y sin sellos” las autoridades agrarias de la Reforma Agraria “hicieron delimitaciones arbitrarias y le otorgaron 730 hectáreas –unos cinco kilómetros– más, afectado así el territorio de               otras comunidades”, como San Martín y Guadalupe.

Posterior a la delimitación –aseguró Rojas Porfirio– los comuneros afectados no quedaron conformes, y en 1982 “se dio el primer enfrentamiento a machetazos”; de ahí acudieron ante las autoridades de la Procuraduría Agraria, pero “ante su ineficiencia y parcialidad” en diciembre del 2000 los comuneros acordaron establecer sus límites colocando alambre. “En ese entonces sucedió una balacera que arrojó un muerto y dos heridos”.

Rojas Porfirio indicó que para 2001 intervino la Procuraduría Agraria, pero los comuneros de Terrero Venado le presentaron un “plano alterado”, por lo que “no hizo nada”. Dijo que acudieron ante el Consejo Estatal Agrario y tampoco dio               respuesta; luego el caso llegó hasta el Tribunal Unitario Agrario de Acapulco y “los peritos fallaron a nuestro favor, pero no se hizo válido ese dictamen”.

Indicó que además de la nulidad del fallo nombraron a la magistrada Luz Mercedes López Díaz pero “ella cambia de parecer constantemente, incluso nos dice que si no aceptamos que nos regresemos a nuestros pueblos y nos matemos”.

Ante esta situación, Rojas Porfirio, quien iba acompañado por los comisarios de San Martín Guadalupe, así como por el ex diputado del PRD, Severiano Jiménez, pidió al gobernador que intervenga “porque llevamos               35 años con ese conflicto y ya hubo más de cuatro muertos y heridos porque no quieren reconocer los límites de San Pedro Cuitlapan”.

Exigió también al Tribunal Unitario Agrario que el fallo del jueves 20 de mayo “se apegue a derecho y sea imparcial, porque de los contrario los enfrentamientos van a seguir y de las posibles muertes los responsabilizamos a ellos, así como al gobierno del estado por hacer caso omiso”.

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