Marcial Rodríguez Saldaña
La ONU condena a México en derechos humanos
La crisis en materia de Derechos Humanos que existe en México, cuyo responsable del gobierno es Enrique Peña Nieto, como concluyó en su informe preliminar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se ha ratificado por Amnistía Internacional (AI), por el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) quien respaldó dicho informe, y por el Comité contra la Tortura de esta organización internacional, ya que este 10 de octubre del 2015, emitió una condena contra el Estado mexicano.
1.- La resolución condenatoria se refiere al caso de cuatro ciudadanos mexicanos: Ramiro López Vázquez, Orlando Santaolaya Villarreal, y los hermanos Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez, quienes el 16 de junio del 2009 fueron privados de su libertad, y durante su arresto, traslado y arraigo a las instalaciones del 28 batallón de infantería del ejército mexicano en Baja California, en repetidas ocasiones recibieron golpes, descargas eléctricas, simulación de ahogamiento con bolsas de plástico, extracción de uñas y amenazas de muerte con el propósito de que se inculparan de los delitos de secuestro y posesión de armas.
2.- Por estos actos de tortura el gobierno mexicano incurrió en violaciones a las normas internacionales como de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; no tomó las medidas eficaces para impedir la comisión de actos de tortura durante su detención y arraigo en instalaciones miliares; omitió realizar un investigación de oficio, en razón de lo cual exhortó al gobierno a liberar de manera inmediata a las víctimas que aún permanecen prisioneros en la cárcel federal de Tepic Nayarit; a iniciar una investigación exhaustiva y efectiva sobre la tortura a la que fueron sometidos; procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas a los responsables; a conceder a las víctimas una plena reparación del daño, incluida una indemnización justa y adecuada tanto para ellos como para sus familias, así como rehabilitación lo más completa posible y a eliminar la figura del arraigo.
3.- Organizaciones mexicanas defensoras de los derechos humanos como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), especialistas de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LMDDH), el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y la propia Amnistía Internacional han documentado la existencia de más de 4 mil denuncias de tortura ante la Procuraduría General de la República (PGR) entre 2007 y 2014, han expuesto que entre 2003 y 2013 aumentaron en más de 600 por ciento y señalaron que la condena al Estado mexicano constituye un hecho histórico en el combate a la tortura que cada vez crece más en nuestro país.
4.- A diferencia de la reacción del gobierno de Peña Nieto contra el informe y recomendaciones de la CIDH, las que cuestionó por su supuesta parcialidad, en este caso no le quedó de otra más que admitir la condena emitida por el Comité contra la tortura de la ONU, debido a que se trata de una resolución de una instancia del máximo organismo internacional producto de una investigación bien fundada, y en caso de no hacerlo, el gobierno mexicano incurriría en desacato de las normas internacionales de las cuales ha sido signatario y las que se ha comprometido a cumplir. El Comité de la ONU dio al gobierno de Peña Nieto 90 días para dar cumplimiento a esta resolución, esperamos que la acate plenamente y restituya en todos sus derechos humanos a las víctimas de la tortura.
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