Nuevo pedido de juicio contra Dilma Rousseff atiza la crisis política en Brasil

EFE

Sao Paulo / Brasilia

La presentación de un nuevo pedido para la apertura de un juicio con miras a la destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, atizó ayer la crisis política en la que se encuentra inmersa la mayor economía de Latinoamérica.
Un grupo de conocidos juristas, entre ellos Helio Bicudo, uno de los fundadores del gobernante Partido de los Trabajadores (PT) y alejado de la formación desde hace años, presentó en una notaría de Sao Paulo la nueva acción, que será oficializada el próximo martes en la Cámara de Diputados.
Los partidos de la oposición aspiraban a entregar la petición este mismo viernes a la Presidencia de la Cámara baja para agilizar su trámite pero optaron por aplazar el acto para darle una mayor promoción.
El nuevo pedido aúna otros dos presentados previamente y que se fundamentan en las maniobras fiscales realizadas por el Ejecutivo en 2014 para maquillar sus balances, pero añade un informe de un fiscal del Tribunal de Cuentas que señala que esas irregularidades también fueron cometidas en los primeros meses de 2015.
Con esa nueva acción, los juristas quieren adelantarse a un posible pronunciamiento del Tribunal Supremo tras una acción del PT, la cual argumenta que una “falta administrativa” cometida el año pasado, en el mandato anterior de Rousseff, no puede esgrimirse para juzgar su actual gestión, que comenzó el pasado 1 de enero.
Por ello, los juristas incluyeron en el nuevo pedido el juicio político el informe que dice que las maniobras fiscales de 2014 se mantuvieron en los primeros meses de este año, con lo cual se refieren al nuevo mandato de la presidenta.
Hasta ahora, el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, ha rechazado once pedidos para procesar a Rousseff, pues entendió que carecían de las razones jurídicas exigidas por la Constitución, pero los juristas creen que la nueva acción sí las reúne.
La decisión de aceptar o no el pedido para el inicio de un juicio político contra la jefa de Estado está en manos del presidente de la Cámara baja, Eduardo Cunha, quien a pesar de formar parte del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), se ha pasado, de manera personal, a las filas de la oposición.
Cunha es investigado por supuestamente haberse beneficiado de la corrupción en la petrolera estatal Petrobras, por lo que un grupo de 49 diputados, 34 de ellos del PT, ha presentado una moción ante el Consejo de Ética del Congreso con el objetivo de despojarlo de su escaño.
La Fiscalía brasileña le solicitó ayer a la Corte Suprema que abra una investigación contra Cunha, al que acusa de tener cuentas secretas en Suiza para recibir coimas del escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras, informaron fuentes oficiales.
Por otro lado, el ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva prestó ayer declaración de manera voluntaria ante la Fiscalía, que le investiga por supuesto tráfico de influencias a favor de una importante constructora después de concluir su mandato, según informó su oficina de prensa.