Carlos Toledo Manzur

¿Qué se espera del apoyo del gobierno federal?

Tiene razón el gobernador electo Héctor Astudillo cuando afirma que para enfrentar exitosamente los problemas de Guerrero, especialmente el de seguridad, requiere del apoyo del gobierno federal. Sin duda los problemas de nuestro estado tienen que ver con la estructura general en la que se desarrolla nuestro país, y por ello enfrentarlos con efectividad requiere que la federación tenga políticas, decisiones y recursos que apoyen al estado decididamente. Igualmente los problemas de pobreza, marginación y desigualdad, así como los de falta de desarrollo económico y polarización productiva, requieren de políticas públicas que cuenten con el apoyo del gobierno central.
Sin embargo, el gobierno federal se encuentra atrapado en su propia ineficacia para lograr el mejoramiento de la mayoría de la población pobre, y está enredado en escándalos de corrupción y falta de transparencia. En efecto los impactos de las políticas del presidente Peña Nieto en estos primeros tres años distan mucho de mostrar resultados exitosos. Por el contrario, la economía ha crecido mucho menos que lo programado, la inseguridad se mantiene y se reproduce, la pobreza se ha incrementado, el medio ambiente continúa deteriorándose, y la corrupción se trasmina por diversas partes.
Un asunto fundamental que también ha puesto en jaque al gobierno central, ha sido la comprobación por parte de la Comisión de Expertos de la CIDH, de que, en el caso Ayotzinapa, la versión mal llamada “verdad histórica” que el gobierno ha pretendido hacer valer como cierta, tiene varias aspectos en la que está claramente alejada de la verdad. Esto implica la necesidad de ir más a fondo y demandar una explicación creíble, porque tal parece que se ocultan asuntos serios del comportamiento del gobierno federal. Sin el esclarecimiento completo de los hechos de Iguala, seguirán con un profundo deterioro las relaciones entre el gobierno federal y el movimiento social que con justa razón continuará demandando la presentación de los normalistas desaparecidos.
Por otra parte, en su estrategia general de desarrollo, las políticas federales de las últimas tres o cuatro décadas no han variado. Por el contrario, se han consolidado las visiones neoliberales que propician la desigualdad, el desequilibrio y el enriquecimiento de una pequeña élite, mientras la mayoría de la población sufre pobreza y marginación especialmente en el sur del país. Por ello es que aunque es deseable el apoyo federal, también sería deseable un cambio en las direcciones generales de las políticas públicas para reorientar el desarrollo del país hacia un modelo alternativo al esquema que nos ha impuesto la visión neoliberal.
Ojalá que sea real el interés que el gobernador Astudillo afirma que tiene el presidente Peña Nieto de que a “Guerrero le vaya bien”. Pero desafortunadamente será difícil pedirle “peras al olmo” cuando las políticas neoliberales que han impulsado tanto el PRI como el PAN, han demostrado que no tienen impactos efectivos en la resolución de los principales problemas del país.
Por ello se requiere que sin dejar de demandar acciones a favor del bienestar de la población, y por ello involucrarse decididamente en la gestión de recursos, se debe ir construyendo de manera concreta y en cada uno de los frentes de las acciones públicas, las líneas de lo que debe ser ese proyecto de estado y de nación alternativo, que busque enfrentar los problemas de raíz y transformar efectivamente esta desequilibrada e injusta sociedad que en diversos ámbitos padecemos.
Por ello resulta hoy fundamental que la ciudadanía sea capaz de tener mayor influencia en las decisiones que la clase política toma cotidianamente. La profundización de la participación social y ciudadana es un requisito fundamental para enfrentar exitosamente el periodo institucional y político que está iniciando. Para tal efecto es necesario que las fuerzas sociales desarrollen mayor capacidad de seguimiento, crítica, evaluación de las políticas tanto del gobierno estatal como del federal, para disputar palmo por palmo el derecho a tener un futuro mejor.
Es probable que en efecto se genere un alineamiento de las políticas federal y estatal, pero desafortunadamente es muy dudable que esas políticas realmente logren cambiar una realidad que ha sido producto de la aplicación de esas mismas estrategias durante tantos años. Pero claro siempre es plausible el beneficio de la duda.

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