Es importante la recompensa que ofrece la PGR para localizar a Rosendo Radilla; debió hacerse antes, dice Tita

*Confía la vicepresidenta de la Afadem en que aún haya testigos de la detención desaparición del líder campesino. La situación de violencia e inseguridad en la región sigue siendo grave, y como en la década de 1970 los que más sufren las agresiones son los campesinos, los jóvenes, los maestros y los estudiantes, subraya

Lourdes Chávez

Chilpancingo

A casi seis años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) dictó sentencia en contra del Estado mexicano por la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, ocurrida en Atoyac el 25 de agosto de 1974, la Procuraduría General de la República (PGR) ofreció 1.5 millones de pesos a quien aporte datos sobre su localización, sin notificarlo a la familia.
La hija del dirigente campesino desaparecido, Tita Radilla Martínez informó ayer que se enteró a través de los medios de comunicación, y que no sabe cómo se aplicará esta medida, aunque consideró que es un método importante para hacerse de información y debió implementarse hace mucho tiempo.
“Lamentablemente la justicia en México es muy tardía, cuando no podemos decir inexistente”, declaró.
En consulta telefónica confió en que aún haya testigos que pudieran tener datos del destino de Rosendo, y con la recompensa se animen a hablar. Adelantó que en unos días habrá nuevas excavaciones en busca de sus restos.
Sin embargo, no descartó que las autoridades pretendan dar un manejo mediático al caso, porque “el Estado aprovecha cualquier cosa para hacer como que está haciendo algo”.
La luchadora social informó que se enteró de la recompensa en la Ciudad de México mediante la prensa, mientras participaba en la caravana Rocío de la esperanza, a dos años del homicidio de la dirigente campesina Rocío Mesino Mesino, originaria de Atoyac.
El año pasado la familia de Rosendo Radilla pidió al gobierno federal que ofreciera una recompensa a cambio de información del paradero del activista que componía corridos sobre la guerrilla de Lucio Cabañas y de Genaro Vázquez, pero no recibieron respuesta.
El 12 de octubre en el Diario Oficial de la Federación se publicó el acuerdo “por el cual se ofrece una recompensa a quien proporcione información veraz, útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente para la localización de Rosendo Radilla Pacheco, así como a la identificación, locación, detención o aprehensión de los probables responsables de los delitos de desaparición forzada y los que resulte”.
La también presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), denunció que la sentencia que se emitió el 22 de noviembre de 2009 no ha sido acatada por el Estado.
El caso de Rosendo Radilla fue el primero que puso al banquillo de los acusados al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) y aún así, aclaró Tita, no hay un solo caso esclarecido de la llamada guerra sucia, época en la que el Ejército desapareció a cientos de ciudadanos.
Confió en que la recompensa sirva no sólo para localizar a Rosendo Radilla, sino también a otras personas que fueron desaparecidas, y en ese sentido necesitan hablar con las autoridades federales.

El Estado no ha acatado la sentencia de la Coidh

La sentencia de la Coidh obliga a las autoridades a continuar la búsqueda efectiva del señor Radilla, y a homologar el Código de Justicia Militar con los estándares de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque el Ejército fue el perpetrador de los crímenes.
Tita Radilla informó que no se ha cumplido la sentencia porque nunca se hizo una investigación efectiva sobre el paradero de Rosendo ni de los demás desaparecidos de la década de 1970, a pesar de que según hay seguimiento de los agentes de los ministerios públicos.
Tampoco se reformó el Código de Justicia Militar como demandaron las víctimas, para que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por soldados sean juzgadas en tribunales civiles. Los casos de violaciones entre militares seguirán siendo revisados en los tribunales castrenses.
Sin embargo, recordó que el Estado ha informado a las instancias internacionales que ha atendidos otros puntos, como el reconocimiento público de la responsabilidad en la desaparición forzada de Rosendo Radilla y la develación de una placa en Atoyac, a la cual no convocaron a los familiares.
Denunció que de los años 70 a la fecha, la situación de violencia e inseguridad en la región sigue siendo grave, pero antes no había organismos nacionales ni internacionales que los ayudaran a difundir las agresiones.
“Ha habido desafortunadamente muchos atentados contra luchadores sociales (como Rocío Mesino), igual en contra de la población civil, es bastante grave lo que ocurre, consideramos que la impunidad en que han permanecido nuestros casos es lo que ha generado esta violencia… la impunidad ha imperado todo el tiempo, por eso no hay sanción para los responsables”, indicó.
Como en los 70, los que más sufren las agresiones son los campesinos, los jóvenes, los maestros y los estudiantes, subrayó.
Como referencia mencionó que diariamente llegan personas a las oficinas de la Afadem solicitando que los acompañen en casos de detenciones arbitrarias, tortura, incluso de violencia intrafamiliar, que canalizan a otros espacios.
Aclaró que la organización es de voluntarios y honorario, que no busca financiamiento externo para evitar las divisiones que puede ocasionar el manejo del dinero.