La Ley 701 perderá vigencia el 1 de abril de 2016, advierten en los 20 años de la CRAC

*En seis meses quedará derogada de la Constitución del estado si no es reconocida por los diputados actuales, advierten. La Policía Comunitaria de la CRAC o la Policía Ciudadana de la UPOEG serían perseguidas y sus integrantes encarcelados

Jacob Morales Antonio

San Luis Acatlán

Durante las mesas de trabajo por el 20 aniversario de la fundación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), el presidente del Colegio de Abogados de Chilpancingo, Rubén Cayetano informó que la Ley 701 perderá vigencia a partir del 1 de abril de 2016 y dejará sin reconocimiento a los sistemas de seguridad comunitarios.
Desde el medio día de ayer, y hasta las 7 de la noche, los asistentes a la conmemoración de la fundación del sistema de seguridad discutieron en seis mesas: el plan de acción para la liberación de los presos políticos y contra la represión, defensa del territorio comunitario, Ley 701 y reglamento de la CRAC, el derecho al desarrollo de los pueblos y comunidades, la unidad de acción del movimiento social nacional y equidad de género.
En su intervención en la tercera mesa, el representante del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) alertó a los integrantes de la CRAC y a representantes de organizaciones, que en seis meses la Ley 701 quedará derogada de la Constitución del estado, porque tiene una vigencia.
Explicó que si la Ley no es reconocida por los diputados locales actuales, los sistemas de seguridad como la Policía Comunitaria de la CRAC, o la Policía Ciudadana de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPEOG) quedarán sin un respaldo y reconocimiento legal, que implicaría la persecución y encarcelación de sus integrantes.
En declaraciones, precisó que la Ley es reglamentaria en el artículo 10 de la Constitución pasada. El defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero, en 2014 promulgó la reforma a la Constitución del estado. Indicó que la reforma extinguirá la Ley para el 1 de abril de 2016, luego de un periodo de dos años de vigencia temporal por los artículos transitorios.
En la mesa de trabajo rememoró que la Ley 701 fue aprobada por el gobernador Zeferino Torreblanca Galindo en sus últimos meses de gobierno y promulgada en abril del 2011, sin embargo tiene una vigencia, de la que el propio ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Martínez Garnelo da cuenta, luego de que se sintió ofendió porque la CRAC detuvo a un juez por presuntos actos de corrupción.
Cuando ocupa el cargo de secretario general de Gobierno con Aguirre Rivero, dijo el abogado, el ex presidente del Tribunal consiguió con los diputados locales “abolir” la Ley 701, misma que ampara a las comunidades indígenas que han creado los sistemas de seguridad.
Entonces, se promovió un amparo con 5 mil firmas de comunidades indígenas y originarias, pero no tuvo validez. Lo anterior generó que los asistentes se pronunciaran para que dentro de las conclusiones que se darán a conocer hoy, una de las principales solicitudes es que el Congreso del estado y el gobierno federal reconozcan la Ley 701, y que los sistemas comunitarios no queden desprotegidos.
Los asistentes propusieron un plan de defensa de la Ley 701 en unidad con otras organizaciones en el estado, y acudir a organismos internacionales.
Durante la discusión en la primera mesa del plan de acción para la liberación de los presos políticos, los asistentes reconocieron que las luchas de las comunidades indígenas que tienen a presos políticos son aisladas y propusieron la articulación de la lucha social.
En la mesa estuvieron las esposas de los presos políticos de la CRAC, quienes compartieron sus acciones de lucha.
En el encuentro, los integrantes de la mesa indicaron que existe una mayor probabilidad de éxito si las organizaciones se unen para hacer frente al gobierno y lograr la libertad de sus presos. Señalaron que no es garantía acudir a organismos internacionales porque el gobierno no hace caso a las recomendaciones.
Expusieron que a la par del movimiento social con las acciones de manifestación y protesta, no se debe de descuidar la defensa legal que, por desconocimiento de las organizaciones deja en vulnerabilidad a los detenidos. En la mesa también estuvieron presentes integrantes del Frente Unido para la Seguridad y Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y del Movimiento Sentimientos del Sur.