Cumple la CRAC 20 años; exige libertad para los presos políticos y la presentación de los 43

*En el acto inaugural de la conmemoración de 20 años de la fundación de la CRAC en San Luis Acatlán, el coordinador Abad García García llamó a la unidad de los pueblos en un ambiente de divisiones

Jacob Morales Antonio

San Luis Acatlán

A 20 de años su fundación, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) exigió la libertad de sus presos políticos y retomó la principal demanda del país: la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos hace más de un año en Iguala.
En el acto inaugural de la celebración de la fundación de la CRAC en el Barrio de San Isidro, de San Luis Acatlán, el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Abad García García llamó a la unidad de los pueblos. Cuatro grupos de la organización pelean la membrecía de la CRAC.
La Policía Comunitaria se conformó el 15 de octubre de 1995, en Santa Cruz del Rincón, Malinaltepec, fundándose aquí la primera Casa de Justicia, seguidas de las de Espino Blanco, Zitlaltepec, y San Luis Acatlán.
“¡Presos políticos, libertad!”, “20 años de seguridad, y de justicia” y “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos” consignaron los presentes, después de los honores a la bandera y de cantar el himno comunitario, que recuerda los ideales y objetivos de la organización, como el combate a los delitos comunes y la delincuencia.
“Con armas sencillas se ha hecho respetar… unidos siempre, unidos tenemos que vencer”, se oyó.
En la explana de la Iglesia de San Isidro se congregaron unos 400 integrantes de la organización e invitados; los policías comunitarios, de playeras verde olivo y portando escopetas resguardaron el evento, mientras tres bandas de viento tocaban, cada una a su tiempo, chilenas y sones de la región. Al frente del presídium, un jarrón con flores de alcatraz, como símbolo de paz, adornó la mesa.
Prediciendo la mesa estaba el alcalde del municipio impulsado por Movimiento Ciudadano, Javier Vázquez García, en representación de las esposas de los presos políticos de la CRAC, Agustina García de Jesús, esposa de Arturo Campos, además de los representantes de la Casa de Justicia del Crucero de Espino Blanco, Jesús Cesáreo Sánchez, y Valerio Bautista Antonio, y del regidor de Tlapa, Eloy Guerrero Sánchez.
En su intervención, el coordinador de la CRAC, García García. de forma breve dio la bienvenida a los asistentes y llamó a la unidad de las comunidades para seguir en la defensa del sistema comunitario.
El alcalde sostuvo que, durante su administración la dirección de seguridad pública trabajará en coordinación con la Policía Comunitaria. Prometió respeto a los integrantes de la CRAC y a sus comunidades. El también abogado del Frente Unido Estatal de Representaciones Sindicales Autónomas (FUERSA) dijo: “vamos a seguir luchando por la presentación de los normalistas y (la liberación) de los presos políticos, que su único delito es exigir una patria nueva”.
La esposa de Arturo Campos, a nombre de las afectadas afirmó que sus cónyuges fueron encarcelados, no por cometer un delito sino por pertenecer a una organización que combate a la delincuencia. “Su sueño fue que la delincuencia bajara. Estamos pidiendo a todo el público que no nos deje solas, que nos sigan apoyando, que estén en lucha con nosotros para obtener su liberad”.
Recriminó el doble discurso del gobierno de Rogelio Ortega Martínez, que desde que llegó prometió liberar a los presos, pero hasta ayer no lo había hecho, “al gobierno no le da vergüenza dar (hoy) una respuesta, y al otro día otra. No hay avances ni respuestas”. La mujer, a punto de las lágrimas reclamó, “no están encarcelados por ser secuestradores y delincuentes, sino porque son de la CRAC”.
A los presentes les recordó que su esposo estuvo en una cárcel de máxima seguridad, al igual que la coordinadora de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, y Gonzalo Molina González. Además de los policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso que están en la prisión de Ayutla: Bernardino García Francisco, Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos.
“¡Presos políticos, libertad!” y “!Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, exclamó antes de dejar el estrado.

La CRAC en 20 años

En el acto, el policía comunitario Raúl Jesús Cabrera rememoró los momentos más significativos de la CRAC. Dijo que el terror a los delincuentes y el sometimiento de las comunidades llegó a un punto de hartazgo cuando los pobladores se unieron y decidieron defenderse porque las autoridades poco hacían.
El policía reconoció la sumisión de los dirigentes de la CRAC al gobierno del defenestrado Ángel Aguirre Rivero, situación que llevó a la separación de las casas de justicia y a la encarcelación de los coordinadores Nestora Salgado García, Gonzalo Molina González y Arturo Campos. El dinero y la integración del cuerpo de seguridad comunitaria al estado fueron las principales discrepancias.
Fue hasta el 22 de febrero de 1998 cuando en una asamblea regional, en la comunidad de Potrerillo Coapinole, se conformó la Coordinadora Regional de Autoridades Indígenas de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, cuatro años después se redactó el primer reglamento interno del sistema comunitario.
Las detenciones de los actuales presos de la CRAC no sólo son de estos últimos años, en febrero del 2001, en San Luis Acatlán fueron detenidos por la extinta Policía Judicial cinco coordinadores, pero la movilización de las comunidades consiguió la liberación de los integrantes del sistema de justicia. Un año después, en marzo del 2002, el gobierno priista de René Juárez Cisneros, da un ultimátum a las comunidades para que dejen las armas.
En ese año, la movilización de las comunidades y las organizaciones sociales demandaron al ahora senador priista respeto a la institución comunitaria. En Marzo de ese mismo año se cambia el nombre de la organización y se domina Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), ante la integración de comunidades mestizas y afro mexicanas al sistema comunitario.
De acuerdo a su relato, en 2004 el mismo gobierno renejuarista emplazó a la CRAC para que fuera integrada a las instituciones del estado: De Policía Comunitaria a Policía Preventiva Comunitaria. Además, proponían que los detenidos serían enviados a las cárceles del estado.
Tratando de hacer atractiva la propuesta, el gobierno ofreció que la organización nombrara a los directores de los centros penitenciarios y a los agentes del Ministerio Público, pero las asambleas comunitarias en las comunidades rechazaron la oferta.
En noviembre de 2007, durante la celebración de sus 12 años, la CRAC fundó las casas de Justicia de Espino Blanco y Zitlaltepec, a la casa de San Luis Acatlán se le denominó originaria, por ser la sede histórica y fue hasta octubre de 2008 cuando la CRAC inició transmisiones con la primera radio comunitaria La Voz de los Pueblos.
Dos años después, las comunidades se organizaron y opusieron a la instalación de mineras en comunidades de la Montaña y la Costa Chica, para marzo del 2012 se creó la Casa de Justicia de Ayutla, en el poblado de El Paraíso.

La sumisión de los coordinadores y los desprendimientos

Durante su intervención, Jesús Cabrera también reconoció la sumisión de los coordinadores de la CRAC a las prebendas del gobierno de Aguirre Rivero. Eliseo Villar Castillo y Adelaida Hernández Nava, presos desde el 30 de abril de este año, fueron quienes dieron pie al rompimiento de las comunidades.
Dijo que, sin consultar a las comunidades los coordinadores aceptaron la credencialización de los policías comunitarios por el gobierno del estado, y el registro de las armas ante el Ejército, además del compromiso de que éstas no fueran de alto poder. En esencia, lo que Eliseo Villar concesionó al estado fue la limitación de las funciones de los policías comunitarios; su quehacer quedó reducido a sus comunidades.
Todo ello, dijo Jesús Cabrera, a cambio de un millón de pesos mensuales, la construcción de inmuebles para el sistema comunitario y la entrega de proyectos productivos para los campesinos de las comunidades que integran la CRAC: “la compra de la dignidad”.
Las primeras comunidades en separarse fueron la propia San Luis Acatlán y Malinaltepec, que constituyeron una nueva Casa de Justicia en Santa Cruz El Rincón, y adopta el nombre de la CRAC de los Pueblos Originarios, que encabeza Cirino Plácido.
La Casa de Justicia de El Paraíso, en Ayutla también se separa para no ser sometida al gobierno de Aguirre Rivero , pero su determinación de poco sirvió porque fue expulsada y desconocida del sistema comunitario por Villar Castillo a finales de 2011.
Esa situación, relató Jesús Cabrera, originó que el 21 de agosto de 2013 en un aparatoso operativo el Ejército detuviera a Nestora Salgado y a 12 policías comunitarios de la Casa de Justicia de El Paraíso, de los que 10 siguen presos, entre ellos a su coordinador Bernardino García Francisco.
La debacle de la CRAC cobra relevancia ese año, cuando sale a la luz pública el fraude de Eliseo Villar, quien apoyado por Hernández Nava y Tiburcio Lorenzo Regino, compró 374 armas, 12 camionetas y un carro Jetta, cartuchos, uniformes y fornituras, a una banda de presuntos delincuentes, encabezados por Eduardo Lemus Justo El Wadi e Iván Soriano Leal.
En marzo de 2014, integrantes de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán expulsaron a Villar Castillo y Hernández Nava. Sin embargo, los coordinadores desconocidos se refugiaron en comunidades de Cuajinicuilapa y Ometepec, donde fundaron la Casa de Justicia de Cochoapa, Ometepec, y poco tiempo después las Casa de Justicia de Juchitán, Juchitán.
Pero a 20 años, sostuvo el policía comunitario, “proponemos sostener dignamente el legado que nos dejaron nuestros compañeros. Hay quienes deberían de estar en este festejo con nosotros pero por la maldad y soberbia del mal gobierno no están físicamente”. Entre los ausentes fundadores están Apolonio Rosas, Cirino Plácido y su hermano Bruno.