Se lanza el PRI en el Congreso contra los “actos vandálicos” y critica que el gobierno se cruce de brazos

*A propuesta del priista Samuel Reséndiz, se aprueba un exhorto al gobernador para que preserve archivos públicos. “Unas pocas personas son suficientes para bloquear vialidades, impedir el acceso a oficinas y escuelas, hacerse de palacios municipales, dañar propiedades”, dice. También piden a la Cámara de Diputados no disminuir el presupuesto para el campo del estado

Hugo Pacheco León

Chilpancingo

Para el ejercicio 2016, el gobierno federal ha proyectado disminuir al campo guerrerenses 204.9 millones de pesos, y por eso ayer en la sesión del Congreso del estado, los diputados aprobaron por unanimidad unificar esfuerzos para gestionar ante los diputados federales que eviten esa disminución de recursos y en lugar de ello se incrementen.
A propuesta del diputado perredista Isidro Duarte Cabrera, el exhorto va dirigido a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, para que en el estudio, análisis, discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, se realice un estudio de la situación crítica del campo de Guerrero.
Y en consecuencia, no se disminuyan los recursos para el campo guerrerense, en la distribución por entidad del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, establecido en los anexos 11 y 11.1., incluso se prevea una mayor inversión en la distribución por estados, principalmente los de mayor índice de pobreza y marginación como Guerrero.
Igual exhortan al gobernador Rogelio Ortega Martínez a que instruya a los secretarios de Desarrollo Rural y Finanzas para que de manera conjunta establezcan los mecanismos que sean necesarios con los diputados federales integrantes de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, para que no se le disminuyan los recursos al estado.
A esta propuesta del diputado perredista se unieron los diputados del MC, Ricardo Mejía Berdeja, Héctor Vicario Castrejón del PRI y María del Carmen Cabrera del PRD.
En tribuna coincidieron en que debe evitarse que se castigue el campo de Guerrero, porque históricamente ha sido olvidado, y deben unirse esfuerzos para no permitir que se disminuya el presupuesto, sino al contrario, para que se incremente.
En la lectura de su punto de acuerdo, el diputado del PRD, Isidro Duarte Cabrera, explicó que la sequía que se vivió en los meses de junio a agosto ocasionó una pérdida de 113 mil 545 hectáreas de siembra de maíz, dañando la economía de 54 mil 814 productores.
Criticó que las políticas de aplicación de recursos por parte de la federación no comparten este enfoque sobre la pobreza en el estado, ya que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, en el anexo 11 denominado Programa Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, se presenta una disminución de 6 por ciento en comparación al ejercicio 2015, que consiste en 21 mil 167.6 millones de pesos menos.
Dijo que además desaparecerá para el 2016 el programa denominado Sistema Producto Agrícola y Pecuaria, porcentajes que representan un total de 204.9 millones de pesos menos para el campo de Guerrero para el próximo ejercicio fiscal.
Por eso argumentó que el Congreso del estado no puede quedar expectante ante esta situación, y es un deber buscar que las poblaciones más desprotegidas sean atendidas de manera pronta y con acciones efectivas por parte de los tres niveles de gobierno, en este caso, tratándose de disminución de recursos para el campo de Guerrero.
Propuso solicitar a la Cámara de Diputados que al momento de analizar y aprobar el presupuesto no se disminuyan los recursos para el campo de Guerrero.
Y que contrario a ello, se proyecte una mayor inversión, para poder incentivar la productividad del campo y ofertar una seguridad alimentaria que permita sentar las bases para un verdadero desarrollo rural sustentable, “no olvidándose de la situación crítica en lo social y en lo económico en que se encuentra nuestra entidad”.
Y sin discusión se aprobó por unanimidad. Preservar archivos públicos por “actos vandálicos”

En esta misma sesión, a propuesta del diputado del PRI, Samuel Reséndiz, los diputados aprobaron por unanimidad exhortar al gobernador Rogelio Ortega Martínez a que desarrolle las acciones que sean necesarias para proteger, custodiar y preservar todos los archivos públicos estatales y para que informe al Congreso local de los mecanismos que su administración aplica para rescatar, recuperar o reconstruir los archivos afectados por “actos vandálicos”.
En tribuna, Samuel Reséndiz explicó que Guerrero es uno de los estados más desiguales del país, porque en él, desde hace diez años, se ha acrecentado la pobreza, la marginación, la delincuencia organizada, la inseguridad, la falta de infraestructura, los rezagos educativos y los conflictos políticos.
Y que por estos y otros factores, “el gobierno ha carecido de autoridad moral para reprimir legítimamente las permanentes violaciones al orden público y las afectaciones que unas minorías causan a ciudadanos y visitantes”.
“Los guerrerenses vivimos en el reino de la impunidad. Los transgresores, escudados en banderas políticas y en pretendidas reivindicaciones sociales, saben que sus posibilidades de ser sancionados son ínfimas”, dijo.
Criticó que la falta de políticas públicas para prevenir, evitar, perseguir y castigar la violencia, “anima el desorden, fomenta el delito, alienta la autocomposición de los conflictos”.
Lamentó que la violencia, “antítesis de la política, sienta sus reales en el estado. La civilidad, el respeto a la ley y a la autoridad, la tolerancia, la discusión serena y objetiva de las ideas, se han perdido”.
Precisó que “no hay día en que la gente de esta capital y de otras ciudades del estado pueda transitar libremente, llegar puntualmente a su trabajo, educarse cómo es debido. Unas pocas personas son suficientes para bloquear vialidades, impedir el acceso a oficinas y escuelas, hacerse de palacios municipales, dañar propiedades”.
Luego de esta explicación, el priista recordó que “es cotidiano leer notas de medios de comunicación, como la que apareció el 22 del actual, en las que se informa que un grupo de jóvenes rompió cristales, forzó puertas, destruyó equipos de cómputo y quemó un módulo de la Fiscalía General del Estado (FGE)”.
“Ya ni la autoridad responsable de perseguir el delito escapa de ser víctima del propio delito”, criticó.
También recordó que tal y como ocurrió con la FGE, y como ha ocurrido en otras dependencias, como las Secretarías de Finanzas y Salud, por ejemplo, “los vándalos han destruido archivos gubernamentales; los pirómanos de la inconformidad, por acción, despojan a los guerrerenses de sus documentos públicos”.
Reiteró que “es grave incendiar el acervo documental del estado, pero es más grave permitirlo cruzándose de brazos. Los titulares de las dependencias públicas son responsables de establecer medidas para mantener, custodiar y reconstruir los archivos. Pero no lo hacen”.
Puntualizó que el gobernador, como presidente del Consejo Estatal de Archivos, debe hacer lo que sea necesario para lograr el rescate y preservación del patrimonio documental del estado.
Y que con transparencia debe decir a los guerrerenses qué archivos han sido destruidos y qué hará para recuperarlos, “debe informar si los documentos impresos en papel que han sido incendiados, como ha dado cuenta la prensa, están o no resguardados en archivos electrónicos y si estos archivos están, además, debidamente respaldados”.
En este asunto nadie subió a tribuna a debatir y se probó por unanimidad.
Y en los asuntos de trámite, se turnaron a la Comisión de Gobierno y de Derechos Humanos, los puntos de acuerdos presentados por los diputados del MC, para que el Congreso local solicite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que atraiga y admita los casos de Armando Chavarría Barrera y el de Arturo Hernández Cardona; en este último caso, le piden además que amplíe las medidas cautelares emitidas en beneficio de los familiares del líder igualteco asesinado.