Compromiso con la justicia en el caso Ayotzinapa, exigen a Peña Nieto defensores de derechos del mundo

Que acate las recomendaciones del GIEI y halle a los 43 normalistas, piden ONG a Peña Nieto

*El Grupo auspiciado por la CIDH encontró que policías estatales, federales y soldados del Ejército tuvieron estaban en varias escenas del crimen y todos deben ser entrevistados, piden más de 50 personalidades y representantes de organismos civiles de distintos países

Organismos de derechos humanos, defensores, académicos e intelectuales enviaron ayer una carta al presidente Enrique Peña Nieto, mediante la cual le expresan su preocupación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Entre los firmantes están el Centro Robert F. Kennedy Human Rights, Human Rights Watch y la Organización Mundial contra la Tortura, quienes instaron al gobierno federal a disponer el mayor esfuerzo y compromiso “para determinar su paradero y proporcionar verdad y justicia a las víctimas, sus familiares y al pueblo de México en este atroz acontecimiento”.
La petición la hicieron debido al informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la carta exponen que los hallazgos del GIEI no coinciden con las conclusiones de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre el motivo o los métodos de los crímenes, “el GIEI determinó que varios aspectos cruciales de la hipótesis oficial eran científicamente imposibles”.
Entre algunos de los que firman el documento está Walter Albán, profesor principal de la facultad de derecho de la Pontificia Universidad Católica del Peru (PUCP); Juan Pablo Albán director del Consultorio Jurídico, profesor de derecho internacional y derechos humanos; la Facultad de Derecho de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador; Raquel Aldana del organismo Decana Asociada; Philip G. Alston profesor de Derecho, John Norton Pomeroy de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York, Roxanna Altholz profesora Clínica Asistente de la Escuela de Derecho de Berkeley, Universidad de California, y Thomas Antkowiak, profesor asociado de derecho, director de la Clínica Internacional de Derechos Humanos.
Los defensores agregan en su documento que el GIEI dejó claro que hay otras líneas de investigación y otros actores cuya participación tienen que ser totalmente aclaradas, incluyendo los miembros del Ejército y otras instituciones federales.
“Aún más, el informe encontró que tanto policías estatales y federales como también miembros del Ejército mexicano tuvieron conocimiento y estaban presentes en varias escenas del crimen caracterizadas por el brutal uso de la fuerza, sus largas horas de duración y la coordinación del ataque hacia los estudiantes, sin interceder para proteger la vida de sus conciudadanos”, dicen en su escrito.
Agregan que entienden que la PGR analiza el informe para determinar cómo incorporar sus hallazgos en la investigación del gobierno, “es por eso que instamos de la manera más atenta a la Oficina del Procurador General de la República a incluir todos los aspectos del estudio del GIEI e implementar todas las recomendaciones de los expertos”, demandan en su documento.
Exigen: continuar la búsqueda de los estudiantes con base en la evidencia disponible del GIEI que no pudo determinar su paradero, y agregan que  “mientras los estudiantes permanezcan desaparecidos, el caso debe ser considerado como una investigación abierta de desapariciones forzadas”.
Piden reorientar las líneas de investigación, “para empezar es necesario que una nueva unidad de investigación sea asignada al caso”, recomiendan.
Agregan que es fundamental una revisión del motivo de los crímenes, incluyendo una posible conexión con un quinto autobús que al parecer pudo haber estado involucrado en el transporte de drogas.
Exigen permitir que el GIEI entreviste a todas las autoridades, puesto que se necesita de manera urgente el testimonio de todas las autoridades que estuvieron durante los incidentes, incluyendo el Ejército mexicano y la Policía Federal.
“Por ejemplo, al GIEI se le debe permitir entrevistar de forma directa a los miembros del 27 Batallón de Infantería del Ejército mexicano, quienes pudieron haber desempeñado un papel de suma relevancia en los acontecimientos de esa noche”, dice el documento.
Demandan garantizar la atención adecuada a las víctimas e implementar el acuerdo de asistencia jurídica, social, psicológica y médica a las familias y consolidar mecanismos de comunicación con las familias, y  fortalecer los mecanismos de protección a los testigos.
Otra de las peticiones es resolver el problema de desapariciones forzadas en México y crear un registro nacional de las personas desaparecidas, integrado en el registro del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y estandarizar la información sobre los restos mortales no identificados.
Además, implementar protocolos efectivos y unificados tanto para búsquedas inmediatas como para las investigaciones penales en todos los casos de posible desaparición forzada.
Expresan su preocupación porque a más de un año de sus desapariciones, “el paradero de los estudiantes sigue sin conocerse, pese a la declaración prematura de la Procuraduría General de la República de que la verdad histórica sobre el caso ya se había resuelto”.
En total son más de 50 personalidades y representantes de organismos civiles de distintos países los que firman el documento que fue enviado con fecha de ayer al Gobierno mexicano. (Redacción / Chilpancingo).