Estratégicamente

* El comando jaramillista

 Jorge Luis Sierra

En la madrugada del pasado domingo estallaron en serie tres artefactos explosivos en algunas sucursales bancarias de la zona industrial de Cuernavaca. La PGR informó que en el lugar se había hallado un comunicado de un presunto grupo armado llamado Comando Jaramillista Morelense 23 de Mayo. Una cuarta bomba no pudo estallar y la policía federal y el Ejército lograron ubicarla y desarmarla.

Algunas características del atentado son importantes:

Esta es la primera acción propagandística de un presunto grupo armado que ocurre en México después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas de Nueva York y el edificio del Pentágono en Washington, DC. Según fuentes con buen acceso en los aparatos de la seguridad nacional mexicana, existen indicios sobre un presunto contacto entre el gobierno federal y el mando estratégico del EPR posterior al 11 de septiembre en el que el grupo insurgente se compromete a no realizar operaciones armadas a cambio de no ser incluido en la lista de organizaciones terroristas que cada gobierno, incluido el mexicano, envía al Departamento de Estado de la Unión Americana.

Quien cometió el atentado lo hizo con un profundo conocimiento de la dinámica y modos de proceder de los movimientos armados, pues el hecho ocurrió en una fecha significativa, el 42 aniversario del asesinato del líder comunero Rubén Jaramillo en Morelos; se eligió como lugar del atentado a una zona industrial, tal cual lo hacía la Liga Comunista 23 de Septiembre en los años 70, y se activaron bombas de manufactura artesanal en horas de la madrugada, cuando es poco probable que ocurra una baja accidental de obreros, empleados bancarios o transeúntes. Así lo estilaba la Unión del Pueblo, el antecedente más remoto del EPR, en la primera parte de la década de los 70.

Se vio involucrada una demostración mayor de potencial de fuego y no se trató meramente de petardos propagandísticos como los que destruyeron las puertas de cristal de tres sucursales de Banamex en el Distrito Federal el 8 de agosto de 2001. En esta ocasión, las detonaciones destruyeron parte del mobiliario de las sucursales bancarias elegidas y la onda explosiva hizo añicos las ventanas de algunos edificios aledaños, cuyas esquirlas volantes hirieron a un velador. La ostentación de fuego incluyó un operativo más complejo para armar la explosión simultánea de tres bombas caseras.

Morelos ha sido uno de los estados donde los cuerpos de inteligencia han realizado ensayos importantes de desinformación contrainsurgente. Así parece ser con el supuesto surgimiento de una nueva unidad orgánica llamada Coordinadora Nacional Guerrillera José María Morelos que fue anunciado con la movilización conjunta de presuntos militantes uniformados de las FARP y del Ejército Villista de Liberación Nacional (EVLN), el 14 de febrero de 2001 en San Felipe Neri, municipio de Tlalnepantla, Morelos. La coordinadora nunca más volvió a dar señales de vida y se sabe que la presunta intención de unidad del EVLN con el “movimiento revolucionario” fue utilizada en octubre de 1999 como señuelo para lograr la penetración policiaca en el mando estratégico del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) y detener a dos de sus dirigentes más importantes: Jacobo Silva Nogales, el comandante Antonio, y Gloria Arenas Agís, la coronela Aurora.

La guerrilla mexicana está atravesando por una zona gris en la que es completamente difícil discernir quién está en el campo de la insurgencia y quién en el de la contrainsurgencia. Los nuevos membretes pueden ser manifestaciones de células guerrilleras que suspenden momentáneamente una hibernación prolongada para realizar un acto de propaganda armada, o también pueden ser operaciones de inteligencia del Cisen, la Policía Federal Preventiva, el Ejército o la PGR en búsqueda de la identificación de nuevos caminos que conduzcan a la destrucción de los movimientos armados.

En cualquiera de los dos casos, la situación es crítica y preocupante. Se está recurriendo a acciones armadas de más envergadura, los explosivos elegidos son más potentes y la opinión pública se está formando un sentimiento favorable al endurecimiento de la vigilancia policiaca y militar. En tanto, están ocurriendo múltiples manifestaciones de violencia política en contra de instituciones educativas, que han sido tradicionalmente zonas de reclutamiento de militantes de los grupos armados: después de la muerte no aclarada del estudiante universitario Pavel García en la ciudad de México, decenas de jóvenes estudiantes han recibido sendas amenazas de muerte si siguen demostrando apoyo al zapatismo.

En este contexto, no sería alejado de la realidad suponer que los bombazos del domingo pasado en Morelos, lejos de ser un acto de propaganda guerrillera, formen parte de las operaciones de grupos gubernamentales antiterroristas. En estos días se ha difundido la versión de que los bombazos representan una venganza de Fidel Castro en alianza con la guerrilla mexicana contra el gobierno de Vicente Fox. Y eso nos indica también la posibilidad de que los atentados recientes tengan el sello distintivo de la ultraderecha en el país, en el marco de un gobierno estatal desesperado por evitar la investigación de sus vínculos presuntos con el narcotráfico.

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