El gobierno ya sabe quién disparó, dicen familiares de seis policías arraigados

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Familiares de los seis policías preventivos del estado que se encuentran detenidos consideraron que es “injusto” el arraigo que se les aplicó y denunciaron irregularidades en el procedimiento, por lo que solicitaron una audiencia al gobernador Ángel Aguirre Rivero, para exponerle el caso.
En una conferencia de prensa que ofrecieron la tarde de ayer, los familiares de los seis policías preventivos arraigados –otros seis arraigados son policías ministeriales– denunciaron que a 15 días de la privación de su libertad todavía no les han dicho cuál es el delito del que se les acusa, pues aunque el 12 de diciembre, cuando fueron desalojados los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa iban armados, han demostrado que no dispararon.
Los familiares, quienes pidieron a los reporteros el anonimato “para evitar represalias en contra de los policías retenidos, porque la situación está muy delicada”, denunciaron que el arraigo es irregular, pues cuando fueron retenidos –el 18 de diciembre– sólo los llamaron a declarar en calidad de testigos, y después, sin orden de aprehensión, los privaron de su libertad.
Explicaron que de la Procuraduría de Justicia estatal los mandaron a la Procuraduría General de la República, y de ahí a la fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), siempre violentando sus derechos, ya que nunca les dijeron de qué se les acusa.
Dijeron que en la SIEDO les dijeron que nada tenían contra ellos y que de ahí podían salir libres, pero que de la PGR solicitaron su arraigo, sin que les explicaran los motivos.
Los familiares de los policías informaron que el 12 de diciembre, cuando fueron desalojados los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, los seis policías se encontraban de guardia en las instalaciones del C-4, y que recibieron la orden de que  acompañaran al subsecretario de Planeación y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC), Ramón Miguel Arriola, sin saber exactamente a dónde, hasta que llegaron al bloqueo que realizaban los estudiantes.
Admitieron que los seis iban armados, pero que en ningún momento dispararon sus armas, y que, incluso, resultaron negativos en la prueba de la parafina que les aplicaron, por eso dijeron que no entienden por qué siguen arraigados.
“En todo caso, si estuvieron en el lugar del desalojo fue porque recibieron una orden”, dijo una de los familiares.
Agregó que por ello piden que cuando se venza el plazo del arraigo sean puestos de inmediato en libertad.
Sin embargo denunciaron que han “tocado varias puertas” y que nadie ha querido recibirlos.
Incluso dijeron que las esposas de los policías han solicitado una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre Rivero, pero que no han tenido respuesta, “no vemos apoyo de ninguna parte y no sabemos a quién acudir”, dijo otro de los familiares, quien aseguró que en el gobierno “ya saben quién disparó, pero nosotros no queremos culpar a nadie, que sean ellos los que hagan su investigación, nosotros sólo queremos que liberen a nuestros familiares porque son inocentes”.
El grupo de seis hombres y mujeres que acudieron a la conferencia de prensa no quisieron revelar más detalles de lo que les han informado sus familiares respecto a lo que vieron que ocurrió el 12 de diciembre, cuando fueron desalojados los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa con resultado de dos estudiantes muertos a balazos.
Uno de los familiares justificó su silencio por el riesgo que corren los policías estando encerrados, y dijo que “vamos a esperar a ver qué pasa después de que se venza el plazo del arraigo, y si no son liberados vamos a entrar a otra estrategia, en la que valoraremos dar más información”.