El gobierno del estado contra El Sur

El gobierno del estado suspendió el convenio de publicidad que apenas en marzo firmó con la empresa editora de El Sur, como represalia por la publicación en estas páginas de diversas notas y columnas en que se critica la actuación de autoridades laborales que dependen del poder Ejecutivo.

Se trata de una injerencia inaceptable en la línea editorial del periódico con la que se demuestra que, como sus antecesores, también el gobierno de la alternancia entiende los convenios de publicidad como un instrumento de presión y control de los medios de comunicación.

A esa visión patrimonialista de los recursos públicos; a ese uso del erario no para beneficio de la sociedad –en este caso con el desarrollo de una prensa crítica–, sino para favorecer los intereses políticos del gobierno en turno se enfrenta de nuevo El Sur como antes padeció decisiones atrabiliarias similares de José Francisco Ruiz Massieu, Rubén Figueroa Alcocer, Ángel Aguirre Rivero y René Juárez Cisneros.

Al informarnos de la medida, el director de Comunicación Social, César Bajos Valverde, dijo que al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo “le parece una incongruencia que tú tomes dinero de un gobierno que consideras corrupto”.

La imprecisa queja del funcionario, su lenguaje y la personalización que hace, revelan un trato que es asimismo inadmisible para nosotros. El director general de El Sur no recibe ningún dinero, y lo que paga el gobierno del estado –que son fondos públicos y no de los gobernantes– es por los espacios de publicidad que contrata.

Y lo que hemos denunciado no es a un gobierno corrupto, sino el uso faccioso de las instituciones para castigar a un medio en el que se critica al gobierno del estado y que da espacio a las movimientos sociales y a los actores políticos que lo cuestionan. Y lo que estamos denunciando ahora es una medida –el retiro de la publicidad gubernamental– con la que se busca doblegar a periodistas que se resisten a entrar en el círculo de acuerdos de complicidad por encima de la ley.

En medio de campañas políticas que tienden a polarizar a los ciudadanos, precisamente en un momento en el que más necesaria es la información plural, es que se da esta decisión gubernamental. No es posible edificar una democracia si se ataca a la institución de la prensa libre. No puede autoproclamarse “demócrata convencido” un gobernador que se atreve a decir a un periódico qué debe publicar y qué no.

Sería indigno de nuestra parte ceder al chantaje y dejar de ejercer un derecho consagrado por la Constitución de la República y la del estado de Guerrero a cambio de supuestamente garantizar la estabilidad financiera de la empresa responsable de la publicación de El Sur.

Por eso es que hacemos del conocimiento de nuestros lectores esta medida del gobierno del estado. Además, ¿con qué autoridad moral podríamos seguir siendo el vehículo para las denuncias ciudadanas contra atropellos del poder si nosotros mismos no nos defendemos llegado el caso?

Como si las instituciones de justicia de Guerrero no estuviesen entre las más desprestigiadas del país, el gobernador nos manda decir que nos atengamos a sus decisiones y nos exige que no informemos nada a nuestros lectores de las decisiones ilegales que allí se están tomando en nuestra contra.

¿Qué podemos hacer ante tribunales laborales que son orientados por funcionarios del gobierno del estado para tomar decisiones políticas? ¿O ante jueces y magistrados que igualmente emitieron sus fallos agregando al expediente mentiras flagrantes y violando la ley?

En su Declaración de Principios de Libertad de Expresión, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA establece lo siguiente:

“La utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales… con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”.

Seguiremos informando a nuestros lectores del curso de los supuestos “conflictos laborales” en los que se montó el gobierno del estado para intentar doblegarnos.

Hoy, como siempre, reivindicamos el lema de que El Sur es un periódico al servicio de los ciudadanos, no del gobierno.