Los padres de los 43 han resistido los embates del gobierno y apoyará su lucha, declara la Convención

*Los crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades en Iguala no son aislados, están los casos de Acteal, Aguas Blancas, El Charco, San Salvador Atenco, Tlatlaya  y Ostula, y en todas el común denominador es la impunidad y un enorme desprecio por la vida humana, afirman organizaciones

Lourdes Chávez

Tixtla

“Ni el terrorismo de Estado ni la guerra declarada” por el gobierno federal al movimiento popular impedirán la lucha por la presentación con vida de los 43 alumnos detenidos-desaparecidos de Ayotzinapa, advirtió la Convención Nacional Popular (CNP) en un pronunciamiento político aprobado en la clausura de actividades.
La tarde del sábado más de cien delegados de diferentes organizaciones que se integraron a los dos días de trabajo que llevan, denuncian en el escrito, que existen dos corrientes de opinión sobre los hechos de Iguala: la que se promueve desde las esferas de gobierno y la del movimiento que encabezan los padres y familiares de los desaparecidos.
Destacaron que los padres han resistido con determinación y unidad a las presiones, las calumnias, los sobornos y las amenazas que reciben de enviados del gobierno para que renuncien al movimiento.
Subrayan que mantienen la exigencia de presentación con vida de los normalistas desaparecidos y castigo a los culpables de los ataques en Iguala, “ni en la conciencia colectiva se modifica la visión y perspectiva clasista, ni en la voluntad individual se juzga disminuir ni mucho menos claudicar”.
Frente a la estrategia de medios masivos para sembrar en la sociedad la versión del basurero de Cocula (de que todos los estudiantes fueron calcinados en el tiradero y los restos lanzados al río San Juan), declaran de manera categórica que esa historia no tiene sustento científico.
Al contrario, consideraron que la versión oficiosa de la Procuraduría General de la República (desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)), sólo pretende fomentar el olvido y abonar a la impunidad de todos los niveles de gobierno.
De las dos corrientes de opinión en el país sobre los crímenes de Iguala en el país calificaron la verdad oficial como “la mascarada exhibida y manipulada por el ex procurador Murillo Karam”.
Del otro lado, está la marejada de protestas a nivel nacional e internacional por la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Afirman que los crímenes de lesa humanidad  cometidos por autoridades en Iguala no son aislados, y mencionan que se suman las ejecuciones extrajudiciales de Acteal en Chiapas,  Aguas Blancas y El Charco en Guerrero, San Salvador Atenco y Tlatlaya en el Estado de México, Ostula en Michoacán, entre otros.
En todas estas señalaron que el común denominador es la impunidad y un enorme desprecio por la vida humana, a los derechos humanos y a las libertades democráticas.
Aseguran que la conciencia de clase adquirida en un año de lucha por los padres de los 43 normalistas los ha llevado a identificarse con los trabajadores del campo y la ciudad, e integraron a sus demandas la libertad de los presos políticos, la abrogación de las reformas estructurales y la salida de Enrique Peña Nieto.
La Convención exigió al gobierno federal que se reoriente la investigación de los ataques de Iguala, de acuerdo con las recomendaciones del GIEI auspiciado por Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de seis meses de mandato.
Asimismo, el cumplimiento de los ocho puntos planteados por el comité de padres de los 43 normalistas desaparecidos en la reunión con Peña Nieto en la Ciudad de México.
Entre estos, “el reconocimiento de la legitimidad de nuestra búsqueda de justicia y de que el caso se encuentra abierto, la permanencia del GIEI y aceptación plena de sus recomendaciones”.
La creación de la unidad especializada de investigación con supervisión internacional y compuesta por dos instancias: “una que indague a profundidad dónde están nuestros hijos y otra que investigue el montaje con que se nos pretendió engañar”.
Además demandan el relanzamiento y concentración de la búsqueda a partir del uso inmediato de tecnología, atención digna e inmediata a los heridos y familiares de los tres estudiantes ejecutados extrajudicialmente en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014, trato digno a las víctimas y el cese de la criminalización de los normalistas de Ayotzinapa.
También exigen que las autoridades reconozcan la crisis anta la impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos que se vive en México.
Llaman a las organizaciones progresistas independientes, a los colectivos, a los referentes nacionales y estatales y a los pueblos originarios, a concretar la aspiración de los oprimidos de México, “la unidad obrera, campesina, indígena y popular”.