Tomás Tenorio Galindo

OTRO PAÍS

* La conciencia de Aguirre y la impunidad

“El tamaño de la tranquilidad de Aguirre es proporcional a la impunidad que protege al político sureño conocido por su conducta negligente y su proclividad al festejo excesivo”, escribió el columnista Salvador García Soto el jueves pasado en El Universal., un día después de la comparecencia del ex gobernador ante los diputados federales que integran la comisión para el caso Ayotzinapa.
Es verdad. La conciencia tranquila que Aguirre Rivero dice tener ofrece una medida de la profundidad y anchura que alcanza la impunidad en el caso Ayotzinapa en lo que se refiere a las responsabilidades de los funcionarios que tuvieron en sus manos la posibilidad de frenar el ataque contra los estudiantes, y no lo hicieron.
No hay duda de que el ex gobernador está involucrado y concentra responsabilidades por los acontecimientos que desembocaron en la matanza y desaparición de estudiantes normalistas el 26 de septiembre de 2014, pero las contrahechuras del sistema político mexicano –la simulación y la corrupción que le son connaturales— han convertido en una herejía impensable lo que debería ser un acto de la cotidianidad del país, el sometimiento de los políticos y gobernantes al imperio de la ley como lo están los demás mortales.
El ex gobernador dijo el miércoles a los medios que no está sujeto a investigación y que el 27 de agosto acudió por su propia voluntad a declarar ante la Procuraduría General de la República, lo que concuerda con el hecho de que esa comparecencia haya sido en calidad de testigo. “Cuando se tiene la conciencia tranquila, no veo razón para tener temor, más bien tengo preocupación, tengo rabia de lo que sucedió en Iguala con estos jóvenes y evidentemente mi contribución siempre estará orientada para que se conozca la verdad”, dijo antes de entrar a la reunión con los diputados.
Al contrario de lo que sugiere el expediente, donde constan declaraciones que lo vinculan con el grupo delictivo Guerreros Unidos a través del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, Aguirre Rivero dijo también que se deslinda “en cuanto a cualquier vínculo con algún elemento o grupo de la delincuencia organizada. Dejo muy en claro que mi relación con el señor Abarca y su esposa se dio en el marco institucional cuando acudía en algunas ocasiones a la ciudad de Iguala a inaugurar obras o a supervisar algún programa”. Pero eso es mentira.
Sidronio Casarrubias Salgado, jefe del cártel de los Guerreros Unidos, preso por el ataque contra los normalistas, es el que dio a conocer hace un año en su declaración ministerial la existencia de una relación estrecha entre Aguirre Rivero y la esposa de Abarca, tan estrecha que llegaba a lo sentimental. Por otra parte, la relación que Aguirre Rivero mantenía con Abarca no se limitaba al ámbito institucional si se consideran los antecedentes que rodearon la llegada del ex alcalde al PRD y a su candidatura por la presidencia municipal, que fue avalada por el entonces gobernador. Existe además el señalamiento –hecho por la madre de la señora Pineda Villa– de que en su campaña por la gubernatura Aguirre Rivero recibió dinero de Guerreros Unidos. Con esas evidencias que están ahí para ser investigadas, es incomprensible que Aguirre Rivero se diga con la conciencia tranquila y proclame distancia del matrimonio Abarca, y que la PGR no lo investigue.
Con la misma intención de aparentar inocencia, y como afirmó ante la PGR, el miércoles dijo además que “en cuanto fui enterado de los hechos, de inmediato instruí al procurador, al secretario General de Gobierno y al secretario de Seguridad Pública. Desde luego le instruí también al secretario de Salud que se abocara a atender a aquellas personas que requerían de algún auxilio médico”. La hora en la que dijo el ex gobernador haber sido notificado del primer ataque contra los estudiantes son las diez y media de la noche del 26 de septiembre.
Pero ni en la PGR ni ante los diputados ni en ninguna de sus declaraciones periodísticas ha despejado Aguirre Rivero la incógnita de qué hicieron concretamente sus subalternos para auxiliar a los estudiantes, pues tuvieron tiempo de sobra para impedir que el ataque continuara por varias horas más. Como preguntamos aquí días atrás, ¿qué hicieron esos funcionarios? ¿Por qué, si tuvieron tiempo para actuar y tenían las órdenes para ello, no frenaron la andanada contra los normalistas? En esas circunstancias, ¿de dónde procede la tranquilidad de Aguirre Rivero, si no fue capaz de actuar con eficacia en una situación tan crítica como la de aquella noche?
Si los hechos lo incriminan al menos por su conducta omisa y negligente, es perceptible que la tranquilidad de Aguirre Rivero se sostiene en la protección que recibe del gobierno federal, que se puso de manifiesto con la liberación de su hermano Carlos Mateo Aguirre después de haber estado encarcelado ocho meses acusado de un millonario desfalco al presupuesto del estado, que la PGR le atribuyó junto a un grupo de allegados al ex gobernador, quienes sin embargo sí continúan en prisión.
Es por esa razón que con aire de suficiencia, el ex gobernador hasta se dio el lujo de emitir un espaldarazo al ex procurador Jesús Murillo Karam y a la versión oficial de los hechos, al expresar que “el procurador hizo un trabajo muy serio y profesional”. Quizás por la misma razón también se declaró políticamente vivo y anunció que pronto hará público un movimiento presuntamente destinado a combatir el cáncer cervical.
Se ignora qué dijo Aguirre Rivero a los diputados, pues como lo solicitó, no se grabó el encuentro ni quedó una constancia escrita. Pero la conclusión del diputado Víctor Sánchez, presente en la reunión, es que “ya podemos señalar que hay omisiones graves de la policía estatal y de la Procuraduría General de la República (PGR). En las entrevistas que hemos sostenido con el ex gobernador; con quien se desempeñaba como fiscal del estado (Iñaky Blanco Cabrera), con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la PGR, todos evaden su responsabilidad”.
Para el legislador de Movimiento Ciudadano y ex subprocurador de Justicia en Jalisco, “es obvio que todas las dependencias tuvieron conocimiento a través del C4. No hubo reacción, todos se lavan las manos, y es ahí, en esos detalles, donde nosotros estaremos insistiendo en que la PGR vaya al fondo de las cosas”. Sobre Aguirre Rivero, sostiene que “el gobernador, de acuerdo con el artículo 89 constitucional, fracción séptima, tiene la facultad de asumir el mando ante una situación grave o de emergencia, como lo ameritaba el caso de Iguala, y lo hizo; él señala que instruyó al fiscal a trasladarse al lugar de los hechos, y de las nueve de la noche a la una de la mañana, que fueron horas relevantes, no vemos que haya habido dirección o mando, pues de haberlo habido estaríamos hablando de otro destino de los estudiantes”. (La Jornada, 18 de octubre de 2015)
Así es.

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